People Before Profit blog

En Florida, una familia lucha para quedar juntos

Thu, 22 Dec 2011 12:44:00 +0000

Melissa McGuire-Maniau, de 35 años, ya tiene más de seis años de estar casada felizmente con su esposo. Viven ellos en Winter Park, un suburbio cerca de Orlando, Florida. Juntos crían a dos hijas, una del matrimonio anterior de ella, y su hija mutua de cinco años. La pareja se conoció por primera vez en una cita improvista y se enamoraban.

"Mi esposo tiene 44 años de edad," dice Maguire-Maniau. "Tenía 17 años cuando entró a EEUU legalmente con su mamá de México. Habla inglés, paga sus impuestos, no tiene antecedentes penales, tiene a una mamá que es ciudadana norteamericana, hijos que son ciudadanos norteamericanos, y una esposa que es ciudadana norteamericana y discapacitada por heridas sufridas en el servicio a la patria".

Pero a pesar de todos estos factores relevantes, se presentaban agentes de la Migración el 5 de octubre para arrestarle y deportarle a su esposo, dice Maguire-Maniau. Luego de su arresto, dice que lucho duramente para conseguir su libertad. Eventualmente fue liberado y concedido un plazo de un año antes de ser deportado.

McGuire-Maniau quiere saber por qué no ejercían los oficiales migratorios "discreción" cuando tomaban la decisión de detenerlo.

En agosto la administración Obama anunció que iba suspender trámites de deportación contra miles de inmigrantes indocumentados que no ponen ningún riesgo serio a la seguridad nacional ni a la seguridad pública.

Dice Maguire-Maniau que ya hace cuatro años que hizo solicitud para que se quedara su esposo en EEUU. Dice que su mamá también hizo solicitud a su favor en 1997 y fue aprobada su solicitud un año más tarde. Pero ambos casos están todavía en trámite y no se han podido adelantar.

"Ya tiene más de 14 años tratando de arreglar su estatus legalmente," dijo ella.

"Me importa a mi una reforma migratoria comprensiva porque el sistema actual ha buscado quitarnos a mi esposo de mi y de mis hijos. El sistema me ha fallado, y nos ha fallado realmente a todos los norteamericanos. En vez de perseguir a duros criminales, los oficiales migratorios siguen malgastando los dólares de los contribuyentes persiguiendo a gente como mi esposo".

Subraya ella que toda la experiencia la ha sido increíblemente frustrante, especialmente porque ya hace cuatro años que los oficiales no han reconocido la legitimidad de su matrimonio. La experiencia ha sido traumática para los niños también, agrega.

"No hay excusa por no haber hecho la decisión a estas alturas, y una tardanza tan tremenda así es un ultraje absoluto," dice ella.

McGuire-Maniau ha hecho todo lo posible para los seres humanos. Ha marchado en el capitolio de la nación a favor de la reforma migratoria, ha conducido rallies y vigilias en su propia ciudad, está trabajando con un abogado de asuntos migratorios, se ha comunicado con los medios informativos, y ha buscado el apoyo de sus oficiales elegidos.

"Lo que sea, yo lo he hecho," declara ella.

Anota ella que la mama de su esposo vino a EEUU para ofrecerles a sus hijos un mejor futuro con mejores oportunidades para realizar el sueno norteamericano.

Describe a su esposo como alguien con un gran sentido de humor, que siempre hace reír a los demás y que da vida a las fiestas. "Trabaja extremadamente duro y es un fiel esposo y buen padre de familia. Esa es su vida: tiene que ver con familia, iglesia y trabajo".

El es empleado por si e es dueño de un negocio en pequeño como jornalero, dice ella, y sus clientes lo adoran. Muchos de ellos ya están apoyando la lucha de la familia por mantenerse unidos.

"Es realmente una burla y una injusticia. El sistema actual anda estropeado; simplemente no trabaja," declara ella.

Maguire-Maniau tiene la esperanza de que la gente vaya educarse antes de formularse opiniones sobre cuestiones de migración. "Si la gente descubriera la historia de la inmigración a este país, yo creo que comenzaría a abrirse la mente sobre el tema y a darse cuenta del dolor que sufren familias como la mía".

Enfatiza ella la importancia de votar y de apoyar a candidatos y a oficiales elegidos que defiendan a familias como la suya. "Si no sales a votar, pues realmente no tienes ningún derecho a quejarse," dice ella.

Mientras tanto, un nuevo estudio fue divulgado esta semana por el Pew Hispanic Center, estudio que estima que casi la mitad de los 10,2 millones de los inmigrantes adultos indocumentados en EEUU son padres y madres de niños menores de 18 años. Esta figura, de más o menos 4,7 millones de gente indocumentada que tienen hijos menores de edad queda en gran contraste con el 38 por ciento de residentes legales y el 29 por ciento de todos los adultos nacidos en EEUU que son padres de familia.

Más o menos el 35 por ciento de los 10,2 millones de los inmigrantes adultos indocumentados ya tienen más de 15 años o más viviendo en este país y más del 28 por ciento tienen aquí entre 10 y 14 años.

Jeffrey Passel, uno de los autores del reporte, dice que el estudio fue realizado como respuesta al anuncio hecho por el precandidato republicano a la presidencia Newt Gingrich de apoyo a un "sendero hacia la legalidad" para los inmigrantes indocumentados que ya tienen muchos años viviendo aquí.

"Un hecho consistente que no se aprecia suficientemente entre el público en general es de que los inmigrantes no autorizados en EEUU consisten de familias y no de hombres solteros, que es realmente el estereotipo," dijo él. Agrega él que son ciudadanos una gran mayoría de los niños (el 80 por ciento) con padres inmigrantes.

"Seguimos ofreciendo los resultados de nuestras investigaciones y esperamos que los hechos vayan a tener alguna importancia y que la gente vaya prestar su atención a ellos," dijo Passel cuando fue preguntado sobre el impacto que tendría el nuevo estudio sobre el debate público sobre la inmigración.

"Aunque hayan disminuidos recientemente el flujo de inmigrantes, hay mucha gente que ya se ha establecido aquí y que ya tienen tiempo significante viviendo en EEUU," dice Passel. "Aquí tienen familias, tienen niños en la escuela aquí, y parece que desean quedarse".

Foto: Familia de Florida, de izq. a der.: Delanie, 13, Melissa Maguire-Maniau, su esposo Héctor, y su hija de cinco años de edad, Dakota. Foto cortesía de la familia.

Ayudar a detener la tortura de las lesbianas en Ecuador!

Thu, 15 Dec 2011 10:52:00 +0000

SAN FRANCISCO, California - Paola Ziriti es increíblemente valiente al hablar públicamente sobre la "clínica". Ella sufrió violencia física, abuso sexual, y un sinfín de insultos. Los guardias hasta le arrojaban baldes de agua fría y se orinaban en ella. Esta fue su pesadilla, por dos años... porque ella es una lesbiana. Los "doctores" y guardias de la clínica estaban tratando de "curarla".

Paola vive en Ecuador, donde estas susodichas clínicas son horrorosamente comunes, aunque el gobierno cerró 27 de ellas este año, 180 clínicas permanecen abiertas, y la mayoría de sus prisioneras son mujeres. (Algunos hombres gays y personas transgénero también se encuentran en estas clínicas.)

Los padres de Paola sabían a que la estaban enviando a un encarcelamiento forzado en una clínica, pero no se imaginaros que este sería tan terrible. Cuando la madre de Paola se dio cuenta de lo que había hecho, ella trató de sacar a la hija, pero la clínica dijo "no". El proceso para librar a Paola duró un año.

Algunas mujeres ecuatorianas sumamente valientes están luchando contra esto, ellas se hacen llamar la Fundación Causana. Las mujeres de la Fundación Causana comenzaron una petición en Change.org demandando que el Ministro Ecuatoriano de Salud Pública, Dr. David Chiriboga Allnut, investigue y clausure todas las 180 clínicas donde torturan a mujeres para "curarlas".

La Fundación Causana trabaja directamente para salvar a estas mujeres de las clínicas, pero dicen que no es suficiente. Ellas necesitan el apoyo, sin restricciones, del gobierno ecuatoriano para conseguir clausurar todas las clínicas.

Hasta ahora, el gobierno solamente ha cerrado un puñado de clínicas localizadas en una región del país. Oficiales del gobierno ecuatoriano deben saber que estamos observándolos y no nos quedaremos parados de manos cruzadas mientras mujeres están presas o están siendo torturadas.

Por favor firme la petición de la Fundación Causana demandando que el Ministro de Salúd Pública del Ecuador investigue y cierre cada "clínica" que torture a miembros de la comunidad LGBT:

Weldon Kennedy trabaja para Change.org.

Traducido del Inglés por Marta Donayre.

Foto: Giovanna, una lesbiana de Ecuador, dibuja un contorno de un órgano de representación de las víctimas de la homofobia en Quito, mientras se celebra el Día Mundial contra la homofobia. (Dolores Ochoa R. / AP)

Nueva política migratoria de Obama en Denver: Prueba para la nación.

Thu, 15 Dec 2011 10:37:00 +0000

Denver es una de dos ciudades, la otra siendo Baltimore, que conducirá un nuevo programa piloto con la meta de implementar la nueva política migratoria de la administración Obama, política que fue anunciada en junio.

El período de prueba de seis semanas, que comenzó esta semana en Denver, forma parte de la implementación inicial de las nuevas instrucciones para fiscales a ser aplicados a casos de inmigrantes indocumentados. Dice la política que los inmigrantes no autorizados que enfrentan a la deportación pero que no tienen antecedentes penales y que cumplen con ciertos criterios pueden ser identificados como casos de baja prioridad para la aplicación de leyes migratorias, y que por trámite administrativo se puede dar "carpetazo" a sus casos migratorios.

Durante una llamada a la prensa celebrada el 8 de diciembre, discutían dirigentes locales e integrantes de de la comunidad inmigrante del estado de Colorado los efectos del nuevo programa. Aplaudían muchos a la iniciativa como paso positivo hacia delante. Su meta es estudiar y determinar la escala de la aplicación de la política y averiguar su impacto real sobre los inmigrantes locales y sus familias.

"Este es un acontecimiento nuevo y emocionante y se espera que proporcionará un alivio inmediato a miles de integrantes de la comunidad inmigrante de Denver y, según se espera, la de todo el país, dijo Julie González, directora de organización con la Coalición por Derechos Migratorios de Colorado.

Participaba en la llamada Laura Lichter, presidente electa de la Asociación Norteamericana de Abogados Migratorios, en Denver. Calificó ella a la nueva política en términos de un peatón que cruce la calle con luz roja y otro que asalte un banco. Dijo ella que la policía debe que perseguir al que roba los bancos en vez del peatón descuidado. Cuando se trata de la aplicación de las leyes migratorias, los oficiales deben que ejercer la discreción y enfocar sus recursos sobre los verdaderos criminales en vez de los casos de baja prioridad en los cuales la persona no amenaza a nuestra comunidad ni pone en peligro la seguridad nacional.

Subraya Lichter que ya hay 300.000 casos migratorios pendientes a nivel nacional. Dice ella que encontró un estudio reciente que solo uno de cada 12 de estos casos tiene antecedentes penales.

"Con una política de discreción para los fiscales no se refiere solo a un punto determinado del proceso; es más bien un principio que debe que implementarse a cada paso del proceso," dijo ella. "Una utilización inteligente de discreción por parte de los fiscales asegurará una aplicación inteligente de la ley".

Raúl Cárdenas enfrentaba a una posible deportación. Sin embargo, su caso fue cerrado administrativamente esta semana, beneficiándose él y su esposa de la nueva política de discreción. Sin embargo, Cárdenas se siente atrapado y en limbo a pesar de las recientes noticias.

"Todavía no puedo trabajar y no puedo sostener a mi familia," dijo él. "Me siento inútil".

Dice su esposa, Judy, que ellos tienen 9 años de casados. Ella había pedido un reajuste al estatus de su esposo poco después de casarse.

"Pero aquí estamos, todavía haciendo cola y comportándonos bien," dijo. "Hemos pasado diez años y gastado miles de dólares tratando de hacerle al gobierno reconocer la legitimidad de nuestro matrimonio y nuestra familia, y todo lo que hemos logrado es que nuestra audiencia ha sido cancelada esta semana. Ahora estamos aun más metidos al limbo que antes, porque Raúl no puede salir del país pero tampoco puede trabajar para sostener a su familia".

Mencionaba ella cómo ha sido afectada su familia por la incertidumbre y el miedo, especialmente a los niños."

"Este no es un problema migratorio, es una cuestión cívica," dijo ella. "Ya estamos hartos del miedo y quisiéramos que el gobierno deje en paz a las familias legítimas y amadoras como la nuestra. Somos familias norteamericanas y no amenazamos ni a nuestra comunidad ni a la seguridad publica. Raúl es un esposo admirable y un papá ejemplar".

También esperando beneficiarse del nuevo programa piloto y también participando en la llamada fue el joven Gerardo Noriega, que espera que la nueva política no lo separe de familia. Tiene 12 años viviendo en Colorado, a donde llegaba con sus padres cuando tenía nueve años de edad. Ha asistido a la primaria y la secundaria en Colorado, y ahí se graduó de high school.

"Tengo sueños de seguir mi educación yendo a la universidad un día de estos," dijo él. "Creo que este programa piloto bien nos pueda ayudar a mi e a otros soñadores como yo. Los jóvenes como yo, que califican para la ley federal DREAM somos realmente norteamericanos. Consideramos a EEUU como nuestro único hogar y solo queremos poder contribuir a la patria que amamos y en donde hemos vivido por tantos años," dijo.

Hans Meyer, el abogado de Noriega, dijo que el joven representa un ejemplo perfecto de la clase de persona para quién debe que ejercerse la discreción. "Tengo muchas esperanzas de que el gobierno lo va conceder la discreción y más importante, lo concederá un tipo debido de discreción en su caso que lo permita trabajar por regularizar su estatus, completar su grado de universidad y alcanzar sus sueños," dijo Meyer.

Conforman los Latinos un 34,2 por ciento de la población de Denver, haciendo esta ciudad una de las áreas urbanas más pobladas por Latinos en todo EEUU.

González, que trabaja con la Coalición por Derechos Migratorios de Colorado, dice que los recientes cambios en la política migratoria vienen como resultado directo de la colaboración de su grupo con otras agrupaciones nacionales y locales que defienden los derechos migratorios.

"Mientras este proyecto pudo ofrecer alivio a cientos de inmigrantes, no se puede substituir por una reforma migratoria verdadera," dijo Gonzáles. "Hay millones de gente en este país que tiene que ser puestos en un sendero hacia la ciudadanía, que no van a ser afectados por este programa limitado".

Dijo ella que los votantes de Colorado van estar mirando cuidadosamente cómo la administración vaya tomar la acción correcta sobre la inmigración y la manera de que se utilice la discreción a beneficiarles a las familias para realizar cambios significativos en la vida de la gente.

"Durante las próximas seis semanas vamos estar mirando par a ver cómo conducirá la administración su revisión, y buscamos asegurar que el proceso se lleve acabo de una manera transparente y responsable," concluyó ella.

Foto: Gerardo Noriega. Por cortesía de la Coalición por Derechos Migratorios de Colorado.

Traducido del Inglés por Owen Williamson.

Se unen residentes para luchar contra terrateniente abusivo

Wed, 14 Dec 2011 13:38:00 +0000

STOCKTON, California - Por su nombre, Doyle Gardens [Jardines Doyle] parece ser un complejo placentero de departamentos en donde los residentes puedan caminar por jardines verdes repletos de flores. Pero su nombre es una mentira.

Muy al contrario, en este grande complejo de apartamentos en el centro de Stockton subsisten los residentes, en su mayoría familias afronorteamericanas pobres y de clase trabajadora, en condiciones terribles. Patricia Norman indica la basura tirada fuera de su puerta. El lavabo de Yolanda Jackson está por derrumbarse, y la insolación desgastada en la puerta de su refrigeradora deja escapar el frío. Tomoro Hooper se siente desconsoladamente bajo los estantes de toallas quebrados en su cuarto de baño mientras su abuelita, Patricia Perkins, mira las grietas en el linóleo.

En el departamento de Laronda Tishell el baño también está cayendo a pedazos. Uno de los cajones en su cocina está quebrado. Si se le olvida y lo saca, caen todos sus utensilios de cocina al piso.

Vicky Robinson usaba de vivir en el complejo también. Todavía siente un compromiso hacia los amigos y las amigas que conoció allí e los ayuda a organizarse a obligarle al dueño a componer los muchos problemas. Algunos se han quejado hasta de infestaciones de cucarachos y chinches. Robinson indica un hoyo en una ventana perforada por una bala. En vez de reemplazar el vidrio, hay un pedazo de contrachapado [plywood] tras el vidrio quebrado.

Robinson se reúne con residentes alrededor de una mesa en el patio para discutir estos y otros defectos.

El residente discapacitado Ricky Cobb lee un aviso dejado en su puerta por el dueño, tan nervioso ya por el esfuerzo organizador que gente de la oficina del gerente ya toman cuenta de las reuniones y las visitas. Este otoño la tensión llegó a una crisis cuando 20 residentes y ex residentes pusieron un pleito judicial contra George García y Starr Property Management, la gerencia de los apartamentos. Dice la compañía que ya no maneja las propiedades de Doyle Gardens por García, que además de ser dueño del complejo, opera una compañía local de fianzas criminales.

Aunque parezcan extremas las condiciones en Doyle Gardens, estas reflejan el alto nivel de pobreza en el Valle de San Joaquín, sobre todo entre familias afronorteamericanas. Según un reporte por Sarah Bohn, del Instituto de Política Pública de California , los condados del Valle Central cerca de Fresno (Merced, Tulare, Kings, Kern y San Joaquín) se cuentan entre los más pobres, con tazas de pobreza arriba del 20 por ciento. Stockton es la mayor ciudad del Condado de San Joaquín, en donde un 22 por ciento de la gente subsiste debajo de la línea de pobreza. En toda California, dice Bohn, sufren afronorteamericanos una taza de pobreza de 22,1 por ciento.

Los 35.000 afronorteamericanos que viven en Stockton son el 12 por ciento de su población total. Con una taza de apartamentos vacantes de 9,4 por ciento, pensaría uno que la gente pueda encontrar otro lugar en donde vivir. Pero se encuentran muchos residentes de Doyle Gardens atrapados por las restricciones en los subsidios del programa Sección 8, subsidios para los cuales califican por sus ingresos extremadamente bajos. En efecto, las autoridades de la vivienda están trabajando como los facilitadores de García cuando lo permitan seguir cobrando el subsidio mientras hace pocas o nada de reparaciones.

Hasta a los oficiales municipales que se encargan de aplicar los códigos de viviendas parece que muy poco les importa. Richard Dean, gerente de programas para la aplicación de códigos de vivienda dijo al periódico The Stockton Record que luego de ponerse el pleito judicial, García está "trabajando más o menos bien con nosotros," que "tiene un plan de manejo," y que ha hecho cambios. "A estas alturas estamos confortables de que estamos caminando por una dirección correcta," dijo Dean al Record. Mientras tanto, califica García al pleito judicial como un "chantaje".

Muchos residentes de Doyle Gardens son clientes de la Ayuda Legal Rural de California [CRLA, por sus siglas en inglés] , que les está ayudando a llevar acabo su pleito legal contra García. "Creemos que las condiciones de vivienda son de una calidad inferior inadmisible," explicaba Marcela Díaz, abogada encargada de la oficina de la CRLA en Stockton.

Foto: David Bacon

Traducido del Inglés por Owen Williamson