El fiscal general John Ashcroft se fue. Hay algunos que ven al que lo va reemplazar, el asesor legal presidencial Alberto Gonzáles, como algo mejor, quizás porque es méjicoamericano de situación humilde o porque fue atacado por la derecha religiosa por no ser un extremista antiabortos.

Pero la Unión Norteamericana para las Libertades Civiles, el Centro para Derechos Constitucionales y otros advierten que Gonzáles actúa más para hacer lo que quiere Bush que uno que interpreta las leyes. En vez de darle a Bush una opinión honesta y balanceada, Gonzáles busca pretextos para no cumplir con las leyes.

Después de graduarse de la Escuela de Derechos de Harvard, Gonzáles fue secretario de Estado para Tejas, y un asesor legal importante para el entonces gobernador Bush. La administración Bush de Tejas es conocida por usar mucho la pena de muerte (152 ejecuciones), y Gonzáles fue acusado de proveerle a Bush solo con la información en apoyo a las ejecuciones y no dar información – hasta evidencia de inocente – que podía usarse para conmutaciones.

La administración se jacta de que Gonzáles jugó un papel como enlace entre Tejas y Méjico. Un resultado del consejo de Gonzáles resultó en condenaciones de parte de la Corte Mundial por violaciones de la Convenciones de Viena. Este pacto importante, el cual ambos Estados Unidos y Méjico han firmado, requiere que las naciones les informe a los consulados si arrestan a un ciudadano de ese país. A ciudadanos mejicanos arrestados en EEUU por rutina se le niega este derecho.

En 1997 Gonzáles le aconsejó a Bush que Tejas no tenía que obedecer el Tratado de Viena porque Tejas no lo firmó. (Estados individuales no tienen el derecho de irse contra acuerdos internacionales firmados por el gobierno estadounidense). El gobierno mejicano demandó a EEUU en la Corte Mundial y ganó. Pero ya para ese tiempo, Bush era presidente y no le hace caso a la decisión de la Corte Mundial.

Entre otras controversias, aparece que Gonzáles fue el principal autor de varios memorándum que:

• Autoriza la tortura. El memorando escrito por Gonzáles en 2002 da a entender que las prohibiciones contra la tortura de prisioneros de guerra no son aplicable a “combatientes enemigos” ilegales. También ha definido a “tortura” para excluir las técnicas brutales de interrogación usada en la cárcel Abu Graib. De acuerdo a Gonzáles, simular que están ahogando a los presos, amenazándolos con perros, o la humillación sexual no es tortura si no causan muerte o heridas grave.

• Repudia la tercera y cuarta Convenciones de Ginebra para los prisioneros capturados en Afganistán y enviados a Guantánamo. Algunas de la condiciones estipuladas en estos fueron vista por Gonzáles como “obsoletas” o “pintorescas”. Gonzáles le aconsejó a Bush que al declarar que las Convenciones no aplican significa que sus violaciones no constituyen crímenes de guerra, una posición que ningún especialista acreditado acepta.

Los consejos de Gonzáles ayudaron al intento de Bush formar las “comisiones militares” que declaradas inconstitucional como originalmente constituidas por el Tribunal Supremo conservador.

Hay muchos otros problemas con Gonzáles, incluyendo su relaciones financieras con las corporaciones Enron y Halliburton. Pero la preocupación principal es que él continuará el legado de Ashcroft de destruir poco a poco el debido proceso de la ley y atacar el principio de la separaciones de poderes. Que como fiscal general, él continuará buscando maneras de debilitar la Constitución en vez de fortalecerla.