Arizona se ha vuelto famoso últimamente por la actividad de los Minutemen, grupo de racistas, supuestos caza-inmigrantes (actividad en la que son un tremendo fracaso, porque la verdad sea dicha no cazan ni casan a nadie), y por las propuestas de leyes cada vez peores que su legislatura intenta aprobar.

Pero los Minutemen no son los únicos que ejercen libremente el racismo en Arizona. Desde su banca en la Corte, también parece ejercerlo la juez Silvia Arellano, del Condado de Maricopa. Resulta que el Primero de Mayo, mientras todos marchábamos felices por las calles de Estados Unidos, la vida seguía su curso “normal” en Mesa, Arizona. Una joven internada en el hospital Banner Word, junto con su hijo Anthony, quien nació prematuro y enfermo, se enteró de que los abuelos paternos del bebé (o por lo menos ellos aseguran ser los abuelos), habían solicitado la custodia de su hijo.

Los argumentos de los abuelos son que la nuera, Cristal Loya Gómez, es abusiva, que vende droga, que no tiene licencia de manejo y que es “ilegal”. Ante tan contundentes acusaciones, la juez Arellano concedió la custodia de Anthony a los abuelos. Curioso el caso, porque el hecho de ser indocumentada y de no tener licencia de manejo no debe tener nada que ver con la custodia de un bebé. Respecto a las otras acusaciones, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Asociación Civil con domicilio en la Avenida Juárez #4107, Colonia Centro de Chihuahua, Chihuahua, son completamente absurdas.

Anthony nació el mes pasado, y se supone que al ser dado de alta del hospital debe ser entregado a sus “abuelos” Deborah y Scott Decker, padres de Erick Decker. Y, al salir Cristal, posiblemente sera deportada.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres pide urgentemente la ayuda jurídica del Consulado Mexicano en Phoenix, Arizona, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las organizaciones civiles de derechos humanos que puedan colaborar.

¿O justicia a golpes…?

Cristal estudia la preparatoria, es menor de edad y vive con su madre, Sandra Gómez, en Phoenix, Arizona, desde hace 13 años. Parecería que esta es la historia común de una “joven descarriada” y madre soltera, pero los detalles que aporta el Centro de Derechos Humanos de Mujeres cambian la perspectiva.

El novio de Cristal, el anglosajón Erick Anthony Decker, no tomó de manera muy agradable la noticia del embarazo de la joven. Además de haber tenido relaciones con una menor de edad, lo que de por si constituye el delito de violación estatutaria, el buen Erick golpeó a Cristal en el vientre para provocarle un aborto.

Ante el fracaso del hijo, sus padres Deborah y Scott visitaron a la familia de Cristal, para pedirle que abortara. La joven se negó, y los futuros “abuelos” la obligaron a realizar una prueba de ADN para comprobar si se trataba de su nieto. Sin dar a conocer a la familia de Cristal el resultado de la prueba, solicitaron a la joven que lo diera en adopción, propuesta rechazada por la madre y la abuela.

Ante la negativa de la “ilegal”, los padres se dirigieron a la “justicia” local, no para acusar a su hijo de violación ni para acusarlo por la golpiza, sino para exigir que les entreguen al bebé.

Ni tarde ni perezosa, la juez Silvia Arellano, sin escuchar a la madre, ordenó al hospital que al ser dado Anthony de alta, sea entregado a sus abuelos paternos.

El Centro de Derechos humanos de las Mujeres le ha pedido a la juez Arellano que suspenda su orden de custodia hasta escuchar a la madre del bebé, y busca la intervención del Consulado Mexicano en Phoenix para darle apoyo jurídico a Cristal Loya Gómez. También piden la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “para que se garantice la vigencia de los derechos de los trabajadores migrantes y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para que se brinde asistencia jurídica y social”.

Por supuesto que les deseamos buena suerte, pero hay un “detalle técnico” que podría no ayudar. Resulta que Estados Unidos nunca ha firmado la Convención Internacionales de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes. Es más, tampoco ha firmado la de Derechos de los Niños. O sea que tendremos que seguir marchando, porque los papeles no son todo. Hay que ir mucho, mucho más allá…

Jorge Mújica Murias (mexicodelnorte@yahoo.com.mx) escribe la columna México del Norte.