BUENOS ARIRES (Prensa Latina) – El gobierno actual siempre se definió como de “transición”, lo que supone precariedad a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, puede verificarse en política económica un accionar que compromete el presente y futuro de la mayoría de la población, precisamente de aquella parte que está afectada por los efectos más negativos de la crisis en curso.
Esa transición se completará el próximo 25 de mayo, con la entrega del mando a un nuevo gobierno. Existen otras transitoriedades, ya que en las gestiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se suscribió un acuerdo que tiene vencimiento en agosto, tres meses después de asumido el nuevo presidente.
Pese al carácter transitorio, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, ha planteado que pretende entregar la posta al nuevo gobierno sin dejar temas pendientes.
Asimismo, asegura que será la más ordenada transición de una administración a otra y en inmejorables condiciones macroeconómicas. Alude así a la contención de los precios operadas en los últimos meses, especialmente el de la divisa, que mantiene una tendencia a la baja desde su pico más alto en junio de 2002.
Omite, claro está, que todo puede estallar según se comporten los enfrentados intereses socioeconómicos, pero eso no entra en los cálculos del gobierno y menos, de las clases dominantes.
Para no dejar asignaturas pendientes, se está avanzando en el cumplimiento de los acuerdos suscriptos con el FMI.
Entre varios puntos sobresalen tres aspectos esenciales. Uno de ellos se vincula con la renegociación de la deuda externa con acreedores privados, la que entró en default (cesación de pagos) con la crisis de fines de 2001 y la asunción de los nuevos gobiernos, desde Rodríguez Saá a Duhalde.
Otro asunto remite a la reestructuración del sistema financiero, en profunda crisis explicitada con la pérdida de depósitos durante el 2001; el establecimiento de restricciones al retiro de depósitos a la vista (corralito, noviembre 2001); su extensión a los plazos fijos (corralón, comienzos de 2002).
A eso debe agregarse el costo que se negocia con la Banca, a los efectos de compensar a las entidades financieras por el saldo entre depósitos y préstamos derivados de la pesificación asimétrica (devolución de depósitos a 1,40 + CER + intereses y devolución de préstamos 1 a 1).
El tercero alude a los mecanismos que aseguren el incremento de tarifas de las empresas de servicios públicos privatizados. Demanda que surge desde las empresas y que fuera gestionada por los principales países de origen de los inversores, y asumida por el FMI.
Son tres temas claves que incluye la agenda de las clases dominantes en el poder, los acreedores externos, los bancos transnacionales y las empresas privatizadas de servicios públicos. Son tres actores económico-sociales que definieron el sentido de la acumulación capitalista en al década del ‘90 y que luego de los efectos producidos por la devaluación de comienzos del año 2002, sustentan una presión política que les permita restituir su lugar en la definición del modelo de acumulación de riquezas, ganancias y poder.
El intento de estas clases dominantes ha sido presionar e influir cada vez más al gobierno de transición para resolver sus demandas en la coyuntura y volver a tomar posición en el comando estratégico de la economía y la política en la Argentina.
Lo que sostenemos es que más allá de las cuestiones coyunturales, durante el gobierno de Eduardo Duhalde se confirmaron y afirmaron las principales líneas de reestructuración de la economía, el estado y la sociedad argentina. Entre ellas, las que tienen que ver con el lugar de la Argentina en la economía y la política mundial. Esto último se afirma por lo menos en dos dimensiones.
Por un lado, el accionar del gobierno de transición en materia de deuda externa. A esta altura se puede establecer que la estrategia se vinculó a las necesidades de los acreedores para restablecer un cronograma viable de pagos.
Tema que se había presentado como crítico a la llegada de Cavallo durante la parte final del gobierno De la Rúa.
Argentina: La política económica en el escenario post-electoral