WASHINGTON (AP) - Aun antes de una nueva y estricta ley de inmigración que comienza a aplicar este jueves, los policías de un solo condado de Arizona ayudaron a deportar a más de 26.000 inmigrantes de Estados Unidos por medio de un programa de colaboración federal-local que ha sido censurado por sus numerosos problemas.

Estadísticas obtenidas por The Associated Press revelan que la oficina del alguacil de Maricopa ha sido responsable por la deportación o salida forzada de 26.146 inmigrantes desde 2007.

Esa cifra representa la cuarta parte del total nacional de 115.841 deportados por las autoridades nacionales en 64 agencias policiales encomendadas a ayudar a aplicar las leyes de inmigración desde 2006, según el llamado programa 287(g).

Las decenas de miles de arrestos de inmigrantes revelan que las autoridades locales ya tienen una cuota significativa de autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración y ayudar a remover a los indocumentados del país.

Sin embargo, como el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, es el funcionario policial de más alto rango entre todos los autorizados a ayudar a hacer cumplir dichas leyes, resta por verse qué pasará cuando Arizona dé a más agentes el poder de hacerlas cumplir.

El gobierno federal es censurado por no vigilar a los agentes locales que hacen cumplir las leyes inmigratorias y no asegurarse de que se protejan los derechos civiles.

Arpaio es objeto de una investigación federal acusado de violaciones a los derechos civiles, lo que niega.

Si la nueva ley de Arizona entra en vigencia el jueves, muchos más de los agentes del estado pedirán a las personas que detiene que demuestre si reside legalmente en el país. La ley estatal requiere que los agentes pidan licencia de conductor, pasaporte u otro documento de identidad si sospechan razonablemente que alguien no está autorizado a estar en Estados Unidos. Deben hacerlo mientras hacen cumplir otras leyes u ordenanzas.

El gobierno federal trata de bloquear la ley de Arizona aduciendo que usurpa su autoridad. El Departamento de Justicia dijo en una demanda en la que objetó la ley que el programa de cooperación federal-local 287(g) es un medio por el que el Congreso autoriza a los estados a colaborar con el cumplimiento de las leyes de inmigración.

"Desde el punto de vista pragmático, si la Policía local ya está autorizada a hacer esto y lo hace con la cooperación federal al estado, ¿entonces por qué necesitan la ley?", preguntó Muzaffar Chishti, director de la sucursal en Nueva York del Instituto de Política Migratoria, un grupo de estudio.

"No veo cuál es el alboroto por esta ley", dijo a su vez Arpaio el miércoles a la ABC. "Lo hemos estado haciendo durante tres años".

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