MOSCÚ – Rusia comenzará a medirse por el antes y el después del asalto a la escuela de Beslán (Osetia del Norte) y la toma de casi mil 200 rehenes por un comando terrorista, con saldo de más de 335 muertos, en su mayoría niños.

La historia que sacudió al mundo el pasado 1 de septiembre, cuando en muchas naciones se celebraba el inicio del curso escolar, es ahora más clara, gracias a los testimonios de los sobrevivientes, muchos de ellos aún convalecientes en decenas de policlínicas de Moscú, Vladikavkaz y Rostov del Don.

Aquellas imágenes, sobre todo del encierro 52 horas de niños en el gimnasio de un colegio, rodeados de bombas y sin poder beber agua, demostraron la crueldad de los extremistas, pero también las debilidades de los sistemas de seguridad de este país, y que algunos adjudican a las amargas consecuencias de la desaparición de la ex Unión Soviética.

La ola de terror que venía azotando a Moscú desde mediados de año, se intensificó sin dudas el pasado verano con la voladura en pleno vuelo de dos aviones, con saldo de 90 muertos; y la explosión de una bomba en una de las bocas del metro capitalino, que segó la vida a unas 10 personas, y heridas a más de 50, algunos extranjeros. Sin embargo, la masacre en el colegio noroseta no tiene parangón, al decir de analistas. “Lo que ha ocurrido es una acción inhumana, un crimen terrorista sin precedente por su crueldad”, afirmó el presidente Vladimir Putin, en un mensaje a la nación 24 horas después del dramático desenlace. Y recalcó que el ataque terrorista “no ha sido un reto al presidente, al Parlamento o al gobierno, ha sido un desafío a Rusia entera”. “Ha sido una agresión contra nuestro país”, enfatizó.

En ese sentido, los acontecimientos fueron identificados por varias autoridades locales como “una guerra total, cruel, a gran escala” que “una y otra vez” se cobra vidas de civiles inocentes, y ante la cual la ciudadanía, en multitudinarios mítines, exigió mano dura, una coyuntura favorable para el proceso de nuevas reformas.

Acerca del futuro combate al terrorismo, Putin adelantó que en breve tiempo el gobierno anunciaría un grupo de medidas para fortalecer la unidad del país y enfrentar ese flagelo en sus esencias. También consideró imprescindible la creación de un nuevo sistema que aglutine la acción de los medios y fuerzas que ejecutan el control de la situación en el Cáucaso Norte.

De igual manera, llamó a robustecer el sistema de dirección anticrisis, incluida la intervención de las fuerzas del orden. Antes se habían dado algunos pasos, como el anuncio por el ministerio de Defensa de la posibilidad de dirigir golpes preventivos hacia bases terroristas, incluso las que se encuentran fuera del territorio nacional, aunque se descartaba el empleo del armamento nuclear. Por su parte, la cartera del interior disponía sobre la creación de grupos de mando operativo en las 13 entidades federadas del territorio norcaucásico, incluida la República de Chechenia. Según sus altos mandos, a ese mecanismo de dirección, se subordinarían todas las fuerzas del territorio, incluidos los servicios de seguridad, de la defensa y la policía, con unidades especiales de unos 70 hombres, en cada región. La cancillería rusa también instó a una mayor cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, que incluía incluso algo inédito: el intercambio de información de los órganos especializados de seguridad. Rusia llegó a ofertar unos 10 millones de dólares a cualquier persona, país u organización que brindara datos sobre el paradero de Aslán Masjadov y Shamil Basaev, considerados como los responsables de los ataques terroristas.

En medio de ese convulso panorama, un giro de 180 grados lo representó el nuevo proyecto de reformas administrativas y legislativas, presentado por Putin el 13 de septiembre, en una reunión extraordinaria con el gobierno y los jefes de las 99 regiones federales. Criticada por amplios sectores sociales y alabada por los seguidores del Kremlin, la reestructuración política entrañó profundos cambios en las estructuras de dirección de la sociedad rusa.

“Creo que el factor más importante del fortalecimiento del Estado es la unidad del sistema del Poder Ejecutivo, que debe funcionar como un solo mecanismo”, dijo Putin al argumentar su propuesta para enfrentar el terrorismo. La serie de medidas presupone una mayor centralización del poder y en ese sentido sobresale la sustitución de las elecciones por voto libre y directo de los gobernadores de los territorios, por su designación en las asambleas parlamentarias, pero con la particularidad de que el candidato es nominado por el Jefe de Estado. Al decir de expertos, la reforma implica cambios en la Constitución y podría originar más reacciones adversas que ventajas. Los cambios inciden también en los comicios a la Duma estatal (cámara baja rusa), para los cuales el mandatario propuso que sean únicamente por listas de partidos. Según el sistema vigente, la mitad de los diputados (225 de 450 escaños) se elige por esos listados y el resto por circunscripciones. También Putin propuso crear una “cámara social” para debatir las iniciativas de la ciudadanía y las decisiones que afectan a todo el país. “Se trata del control por parte de los ciudadanos del trabajo del aparato estatal, incluidos los servicios secretos”, señaló. Todo esto, según el estadista, debe ayudar a Rusia a ganar la guerra contra la ola de terror, la cual podría ser detenida si se erradican las condiciones que la alimentan, entre otras los problemas económicos y sociales acumulados, sobre todo en el Cáucaso Norte.

En ese sentido, el mandatario indicó la creación de un ministerio para la atención a las regiones, encabezado por Alexandr Yákovlev, a la sazón representante del Kremlin en la Circunscripción Federal Sur. Orientó además constituir comisión federal extraordinaria para el Cáucaso Norte, al frente de la cuales designó al hasta entonces jefe de su administración, Dimitri Kozak. De acuerdo con el Jefe de Estado, esa entidad recibe amplios poderes para coordinar la gestión de distintas instituciones, incluidas las fuerzas del orden, seguridad y defensa, en caso de emergencia.

Sin embargo, las propuestas de Putin de reestructuración política del Estado provocaron reacciones diversas, desde vítores en bloques nacionalistas, hasta duras criticas en los sectores de izquierda. A juicio del líder del Partido Comunista, Guenadi Ziuganov, el Kremlin mostró otra vez su incapacidad de acompañar un diálogo nacional en el marco del parlamento y, por el contrario centraliza todo el poder. Serguéi Markov, director de un instituto de estudios políticos, señaló que el sistema propuesto para elegir a los jefes de las entidades federadas, a la larga puede recibir una evaluación negativa de Occidente y generar movimientos opositores en los propios territorios. Otro de los responsables de las agrupaciones que integran la IV Legislatura, Dmitri Rogozin, a nombre de Patria, señaló que la propuesta augura un sistema más transparente y la interpretó como una muestra del “deseo del jefe del Estado de compartir responsabilidad” con los líderes de la entidades federadas.

En torno a los actos violentos, el Kremlin también lanzó una convocatoria a endurecer las sanciones por “fallos administrativos que conduzcan a graves consecuencias”, y puso en calidad de ejemplo “la emisión de pasaporte a un individuo que luego comete un atentado terrorista”. El presidente admitió que las medidas que se habían adoptado hasta ahora para combatir el terrorismo no habían sido eficaces.

El autor es corresponsal de Prensa Latina en Rusia.