Bush ayuda a patrones de puertos

LOS ANGELES – El movimiento sindical reaccionó con furia a la decisión de George W. Bush a invocar la ley antisindical Taft-Hartley para poner fin a una huelga patronal contra la Unión Internacional de Trabajadores Portuarios (ILWU) en la Costa Oeste. Esta es la primera utilización de la ley contra la unión laboral desde que Richard Nixon la invocó en el 1971 para interrumpir una huelga.

Llamando la acción de Bush “una tragedia con ramificaciones históricas,” el secretario-tesorero de la AFL-CIO Richard Trumka dijo, “Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un Presidente ha dejado a un patrón cerrar la puerta a los trabajadores … creando así una crisis falsa, y luego, recompensa la acción de aquel patrón con la intervención del gobierno.”

Añadió Trumka, “ Esto no es solamente una tragedia, pero un ultraje, ya que la decisión de la Casa Blanca a intervenir se hizo aunque la PMA [Asociación Marítima del Pacifico, grupo patronal, por sus siglas en inglés] había acabado de rechazar la llamada de la administración Bush para terminar su huelga patronal contra los trabajadores portuarios … Y para prolongar el contrato de los trabajadores 30 días más mientras siguen las negociaciones.”

Una orden del Tribunal Federal de Distrito exige un período de 80 días “para reestablecer la calma.” La PMA volverá a abrir los 29 puertos de la Costa Oeste que cerraron el 27 de septiembre, dejando en la calle a 10.500 trabajadores. “Estos 80 días no serán ‘para reestablecer la calma,’” dijo el presidente internacional de la ILWU, James Spinosa. “PMA comenzará a alegar ‘retardaciones’ ... Es probable que los patrones nos arrastrarán a la corte a diario, tratando de llevar la unión a la bancarrota y a encarcelar a nuestros dirigentes.”

Kees Marges, secretario de la sección de trabajadores portuarios de la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, pide una reunión de emergencia de sindicatos portuarios de todo el mundo. Dijo, “La interferencia del presidente norteamericano en las relaciones de trabajo que quitan a la ILWU su derecho a la huelga es un día el que se recordará para siempre como uno de los días más negros de la historia de los muelles del mundo.”

Ken Riley, presidente de la Local 1422 de la Asociación Internacional de Cargadores de Muelle, en Charlestón, Carolina del Sur, dijo, “Esto pone una etapa peligrosa para lo que podemos encontrar en nuestras negociaciones. … Los próximos 90 días serán cruciales para el movimiento sindical de los trabajadores. Creo que este truco de Bush y los patrones no tendrá éxito, pero galvanizará aún más a los trabajadores en las próximas elecciones, y en la lucha para los derechos de los trabajadores en general.”

Joseph Miniace, jefe ejecutivo de la PMA y el conductor principal de la campaña antisindical, dijo que PMA “lamenta” que la Ley Taft-Hartley haya sido invocado. Pero Steve Stallone, director de comunicaciones de la ILWU, desmintió esto.

Stallone dijo a Nuestro Mundo que la ILWU recibió una petición de la administración Bush para una extensión del acuerdo laboral de 30 días a las 10:30 de la mañana del domingo, 6 de octubre. El representante presidencial, Eugene Scalia, dijo que la PMA estuvo de acuerdo. Después de una reunión, el sindicato portuario accedió a la petición. Scalia entonces les dijo que el PMA había abandonado el acuerdo.

“La PMA se ha confiado en contar con esta intervención desde el primer momento, incluso con meses de cabildeo antes de sentarse a la mesa de negociaciones en mayo, y desde entonces hasta ahora,” dijo Stallone. “El cierre solo formaba parte de su chantaje. Ahora durante 80 días los patrones y Bush utilizarán las provisiones de la ley Taft-Hartley para tirar libremente contra el sindicato laboral mientras las vidas de los trabajadores y el futuro del sindicato estarán en juego.”

Ron Gettelfinger, presidente de los Trabajadores Unidos de Automóviles (UAW por sus siglas en inglés) dijo que la aplicación de la Ley Taft-Hartley “es mala idea, especialmente cuando se realice por un presidente quien ha tratado repetidamente de limitar – y aún de eliminar – el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y a la negociación colectiva ... Esto no hace nada para aumentar la credibilidad de la administración Bush como arbitro realmente desinteresado en el asunto.”

Gary Smith, director de División de Puertos de Costa Oeste de la Hermandad Internacional de Tronquistas dijo, “Desde hace mucho, los Tronquistas consideramos a Taft-Hartley como una ley de trabajo de esclavo que obliga a los a trabajadores a abandonar el único instrumento de negociación que tienen, su derecho a la huelga. Nos uniremos con la ILWU en exigir seguridad. Ya hemos aclarado que no aceptaremos ninguna tentativa por parte de la Asociación Camionera de California (grupo patronato) para relajar normas de seguridad debido a una crisis causada por acciones mal-pensadas de la PMA.”

Dice la ILWU que la PMA exige “niveles normales” de productividad, “una imposibilidad física “ con la “pesadilla logística “ creada por dos semanas de muelles sobrecargados.

“Será imposible llenar todos los terminales y llenar todas las ordenes con un complemento completo de trabajadores.”

Como resultado, la ILWU está preocupada por la seguridad de sus miembros. Durante los últimos seis meses, cinco trabajadores han sido víctimas de accidentes fatales en el trabajo debido a la política de aceleración de la PMA. “Ya estamos hartos de sepultar a nuestros compañeros,” dijo Spinosa. “El Presidente de la PMA, Joe Miniace, solo habla de cuantos contenedores se han movido, y qué tan rápido. Jamás se le oye citar estadísticas sobre las muertes y heridas, del costo humano de sus ganancias.”

A hora de prensa, el equipo de estrategia de la AFL-CIO se estaba juntando para adoptar un plan de acción nacional. Jerry Acosta, el Director Adjunto de Región Occidental de la AFL-CIO, le dijo a Nuestro Mundo que la AFL-CIO está pidiendo a alcaldes y gobernadores de puertos de la Costa Oeste a formar comisiones de alto nivel para supervisar la seguridad portuaria. La AFL-CIO también pide a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) que se asignen a inspectores para asegurar la seguridad de los trabajadores.

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