MILWAUKEE – Unos pocos ciudadanos de Estados Unidos que nunca han tenido ningún contacto o conexión con la industria minera están empezando a recibir cartas oficiales inesperadas de la Junta Federal de Revisión de Seguridad y Salud Minera. Las cartas vienen de las oficinas de Avram Weisberger, en Falls Church, Virginia. Weisberger es un juez administrativo de 64 años que ha pasado los últimos 16 revisando las multas impuesta contra las compañías mineras por permitir que existan condiciones peligrosas en las minas.

Otra gente han recibido cartas similares del juez Irwin Schroeder, un colega de Weisberger. Y otros, ciudadanos nacidos aquí sin ninguna conexión a cuestiones de inmigración, están recibiendo cartas parecidas de Robert L. Barton, hijo, un juez en la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria de la Junta de Apelación de Inmigración.

¿Cual es la conexión entre esta gente?

Las cartas contienen las primeras ordenes sobre vistas alegando que los destinatarios han viajado a Cuba ilegalmente. La ley federal estipula desde el 1992 que se celebren estas vistas, pero ninguna se ha hecho porque la sección del departamento del Tesoro que está encargado con hacer cumplir la prohibición de viajes a Cuba no tiene ningunos jueces para ver los casos.

Richard Newcomb, jefe de la Oficina de Control de Propiedad Extranjera del departamento del Tesoro, le dijo al Congreso el mes pasado que en los último seis años, su oficina ha referido a más de 2.000 casos para que se tomen acciones legales. Cientos de estos casos están pendiente y como no hay jueces no se podían hacer las vistas.

Ahora, el Tesoro cogió prestado a estos tres jueces de los otros departamentos y les asignó como 50 casos a ellos. Las primeras cartas fueron enviadas el 24 de octubre y las vistas pueden empezar para el próximo marzo.

Como 165 mil ciudadanos de EEUU viajan a Cuba cada año bajo diferente clases de permisos gubernamentales. Gente con familiares en Cuba, por ejemplo, automáticamente son permitido un viaje al año.

Sin embargo, decenas de miles viajan sin autorización cada año y son detenido cuando tratan de entrar al país. Los que son investigado típicamente se enfrentan a una multa de $7.500 por la primera infracción. Las regulaciones federales imponen multas simplemente por no proveer información que puede incriminarlos cuando el departamento se lo pide.

Cientos de estos viajeros acusados son representados por el Centro para los Derechos Constitucionales mientras otros han conseguido ayuda legal del Gremio Nacional de Abogados.

El empezar de las vista es parte de la “Iniciativa para una Nueva Cuba” de George Bush, lo que él llama “tomar medidas enérgicas” contra el viajar sin permiso a Cuba. El 10 de diciembre, Bush anunció que él había “instruido al departamento de Seguridad Patria de aumentar las inspecciones de viajeros y cargamentos a y desde Cuba”.

Este año las regulaciones fueron cambiadas varias veces para intensificar las restricciones sobre viajes a Cuba. En septiembre las regulaciones sobre vistas fueron cambiadas. Bush declaró que los viajes ilegales le causan daño a los cubanos al proveerle divisas al gobierno cubano.

El ex diplomático principal de Estados Unidos en Cuba, Wayne Smith, dice que eso es “demostrablemente falso” y nota que, en la misma iniciativa, Bush aumentó la cantidad de fondos que se puede llevar o enviar por los viajeros legales a Cuba o agencias de remisas. La semana pasada, ambas cámaras del Congreso votaron en favor de poner fin por completo a los esfuerzos para hacer cumplir con las prohibiciones de viaje, pero el proyecto de ley fue reescrito en el comité de conferencia de ambas cámaras y restauraron las prohibiciones.

No obstante, puede ser que las vistas no tomen lugar. Por más de una década el Centro para los Derechos Constitucionales y el Gremio Nacional de Abogados han argumentado que la prohibición a viajar a Cuba viola el derecho básico de los norteamericanos a viajar, primero articulado por el Tribunal Supremo en 1958, y que la prohibición y las reglas específicas de hacerlas cumplir violan otros derechos constitucionales.

Una cosa que es particularmente cuestionable es el presumir la culpabilidad del acusado y el requisito que todas las vistas sean en Washington. De acuerdo a Art Heitzer, presidente del subcomité sobre Cuba del Gremio Nacional de Abogados, una opción sería la de una demanda para prohibir que el departamento del Tesoro y sus tres nuevos jueces celebren vistas.

“Tener un sistema que lo presume culpable y dice que la única manera que uno puede comprobar los contrario es yendo a Washington, DC, es inherentemente coaccionador y vira al revés a todas las reglas básicas que nos enseñaron sobre el proceso debido en este país”, dijo Heitzer.