Inspirados por un idealismo platónico o alguna versión simplista del marxismo, algunos de izquierda siguen empujando a la idea de que no hay diferencia entre Bush y Kerry. Echan llamadas a votar por un candidato de partido minoritario que no puede ganar, o bien promueven al abstencionismo. Algunos sí entienden que esto puede resultar en la reelección de Bush, pero alegan que Kerry sería igual de malo. Pués, si le importa la suerte de los trabajadores inmigrantes en este país, le debe importar quién gane a la Casa Blanca, porque hará una diferencia bastante grande.

En mayo, la Cámara de Representantes derrotó por un voto de 331 a 88 un proyecto de ley que hubiera obligado al personal de hospitales sacar y entregar al gobierno las huellas digitales y fotografías de inmigrantes indocumentados que vienen a ellos buscando servicios médicos. De inmediato, personal médico señalaron que esto desanimarían a los inmigrantes a no buscar el cuidado médico, salvo en casos de emergencia grave, y eso constituiría una amenaza a la salud no solo de los inmigrantes mismos, sino del público en general. El proyecto fue promovida por el representante Dana Rohrabacher (republicano por California), con la conplicidad del presidente de la Cámara, Dennis Hastert. Bush ya ha tomado el sentido del proyecto de Rohrabacher y lo ha transformado en orden ejecutiva que amenaza a instituciones de cuidado de salud con recortes de algunos fondos federales si no están dispuestos a chivarse de sus pacientes inmigrantes.

A pesar de concesiones de parte de organizaciones sindicales y por los derechos de los inmigrantes, la administración Bush todavía se opone al proyecto de ley conocido como AgJobs, que hubiera autorizado la plena legalización de trabajadores del campo indocumentados. Las concesiones incluyeron aceptar a un programa controlado de “trabajadores huéspedes”. Grupos que representan los intereses de los trabajadores en la agricultura, entre ellos el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y el Comité Organizador de Trabajadores del Campo, dicen que su meta principal es legalizar a cuantos puedan, y que aceptar a “trabajadores huéspedes” fue el único modo de lograr la aprobación de la ley. Pero aun así, la administración Bush responde, “Ni modo”.

La actitud de la administración Bush es asegurarse que haya siempre un buen número de esta clase de trabajadores para la explotación corporativa, sin moverse ni una pulgada para concederles a estos el derecho a organizarse en sindicatos y a defender sus intereses en sus lugares de trabajo, ni a hacerse ciudadanos y votantes. Bush solo apoya a un programa de “trabajadores huéspedes” sin garantías significativas, ni derechos en el lugar de trabajo ni la futura ciudadanía norteamericana. Los trabajadores inmigrantes tendrán pleno derecho de ser explotados, y punto.

El partido Demócrata mantiene una actitud claramente distinta. Impulsados por el movimiento sindical y las organizaciones pro derechos latinos y de inmigrantes, el liderazgo demócratas en el Congreso ha prestado su apoyo a la propuesta para una amplia amnistía a los indocumentados. Hay varios proyectos de ley que buscan lograr esto. Ningunos de estos llegará a ser ley con una mayoría republicana en el Congreso, y cualquiera que se apruebe será vetada del Presidente Bush. El mejor conocido es el proyecto SOLVE, HR 4262 y S 2381, que le abriría camino hacia la legalización y la ciudadanía a la gran mayoría de los indocumentados. SOLVE también contiene una concesión a “trabajadores huéspedes,” pero con provisiones que les daría la oportunidad a estos a luchar por proteger a sus derechos laborales. Aunque hasta la momento Kerry no ha ofrecido su apoyo formal a una Ley SOLVE, se ha comprometido a sus líneas generales.

Y ¿por qué se han mostrado los demócratas más razonables que los republicanos en esta cuestión? Es porque se apoyan más en la fuerza electoral de los trabajadores y de las minorías que en el caso de los republicanos. Los demócratas bien saben que los inmigrantes que se legalizan y luego se hacen ciudadanos tienen más probabilidad de votar por los demócratas. La mayoría de los republicanos se oponen a la legalización porque saben que tal gente no vayan probablemente no votarían por ellos, y porque los republicanos están más cerca a los intereses económicos que sacan provecho de la explotación del trabajo de los inmigrantes. Esto no hace de los Demócratas – quienes apoyan de igual manera al sistema capitalista, aceptan dinero de corporaciones, y nos desilusionan en muchas cuestiones – modelos de virtud cívica. Pero hace una diferencia en las vidas de 12 millones de trabajadores en este país, y no solamente a esos 12 millones. La presencia de un número tan grande de gente sin derechos ni en el lugar de trabajo ni en la comunidad es malo para toda la el pueblo trabajador.

Aunque la mayoría de los trabajadores indocumentados quisiera tener representación sindical, no pueden lograrlo porque los patrones toman ventaja de su situación precaria para prevenirla. En la comunidad, policías corruptos, terratenientes explotadores y muchos más se aprovechan de la comunidad inmigrante, porque saben que los inmigrantes sin papeles muchas veces tienen buena razón por no reclamar a sus derechos. Así que con esta situación la clase trabajadora entera queda debilitada. Trabajadores inmigrantes legalizados pudieran participar en campañas de organización sindical y acciones laborales, y pudieran hacerse frente a la gente que se aprovechan de ellos más allá del lugar de trabajo. Sería esto de gran ventaja para todo el pueblo trabajador.

Así que no escuchen a la retórica de que “no hay la más mínima diferencia”. La diferencia se mide en miles de millones para los trabajadores inmigrantes, y de mucha gente más.

Emile Schepers es activista en Chicago. Se puede comunicar con él al pww@pww.org.