Caribe- Integración, necesidad imperiosa

LA HABANA (Prensa Latina) – Convencida de que la integración es la única opción viable para la supervivencia de las pequeñas economías en un mundo cada vez más globalizado, la Comunidad del Caribe (CARICOM) se afana en buscar vías rápidas y efectivas que le permitan enfrentar ese desafío desde una posición de unidad.

“Si en el pasado la integración regional fue una opción, en estos momentos constituye una necesidad imperiosa”, alertó el Primer Ministro jamaicano, Percival Patterson, en la apertura de XXIV Cumbre de jefes de estado y gobierno del bloque multilateral celebrada del 2 al 5 de julio de 2003 en Montego Bay. Con ese llamado a pasar de las palabras a la acción fue que Patterson y los restantes 14 gobernantes de los países miembros de CARICOM enfrentaron las extensas sesiones de trabajo sostenidas en el hotel Ritz-Carlton del balneario jamaicano.

Como era de esperar, el Mercado y Economía Unicos del Caribe (MEUC) y la Corte Caribeña de Justicia (CCJ), convertidos en los buques insignias de un sueño integracionista que data de la época de la fallida Federación de las Indias Occidentales (1958-1962), acapararon la atención de los líderes del área.

La entrada en vigor del MEUC, en gestación desde hace varios años, está prevista para 2005, pero los rápidos cambios de la economía global pudieran acelerar su aplicación. El proyecto abarcará a 14 millones de personas y demanda el levantamiento de todas las barreras al movimiento de personas, servicios, mercancías y capitales entre los 15 miembros de CARICOM. Una vez en marcha, no existirán trabas para que un ciudadano de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Monserrat, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Suriname o Trinidad y Tobago se mude, trabaje o adquiera propiedades en cualquiera de los territorios del bloque.

En el terreno comercial quedarán prohibidas las prácticas anti-competitivas, la división de los mercados de manera artificial, la restricción de las fuentes de suministros o el establecimiento de una política de precios que perjudique a otro competidor. Por tanto, y como era de esperar, los líderes caribeños acordaron dar el impulso definitivo al mecanismo integracionista, previsto para entrar en vigor en los albores de 2005. El objetivo es llevar a CARICOM de una agrupación de cooperación funcional a un sistema genuino de economía y mercado únicos.

Dentro de este proyecto, corresponde a la CCJ servir de marco legal al MEUC. “La CCJ es nuestra oportunidad de contar con una jurisprudencia verdaderamente caribeña”, aseguró el Primer Ministro de Dominica, Pierre Charles, en el sentido de que también sustituirá al llamado Consejo Privado de Londres como última instancia de apelaciones para las antiguas colonias británicas en el Caribe Oriental. Desde el punto de vista legal, el nuevo tribunal será el instrumento encargado de interpretar y aplicar las enmiendas hechas al Tratado de Chaguaramas, instrumento que dio lugar a la creación del bloque multilateral 30 años atrás en Trinidad y Tobago.

Un mínimo sentido de autoestima nos indica que nuestra soberanía judicial no puede depender a perpetuidad de una entidad extranjera, expresó Patterson, al dar la bienvenida a los dignatarios de los 15 estados miembros del grupo. En su papel de tribunal de apelaciones para la región, la CCJ es considerada esencial para el proceso de integración, ya que como instancia internacional dirimirá disputas relacionadas con la interpretación y aplicación del Tratado de Chaguaramas y los protocolos del mercado y economía únicos.

De acuerdo con sus promotores, en este sentido tendrá funciones equivalentes a las que hoy recaen sobre la Corte Europea de Justicia, la Corte Andina o el Tribunal Internacional de Justicia.

Tampoco se puede perder de vista el momento crucial que atraviesa la región, enfrascada en tres negociaciones distintas, con la Unión Europea -a través del grupo Africa, Caribe y Pacífico (ACP) y el Acuerdo de Cotonou-, con Estados Unidos sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y con la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Respecto al ALCA, los gobernantes caribeños exigen un trato diferenciado para las pequeñas economías del área, aunque este pedido pudiera caer en saco roto, teniendo en cuenta que Washington parece dispuesto a descartar el aplazamiento de la entrada en vigor de la iniciativa, que al igual que el MEUC, está prevista para enero de 2005.

Las diferencias entre CARICOM y Estados Unidos también afloraron en el terreno político, luego de que el grupo en pleno rechazara las represalias tomadas por Washington contra seis países del área negados a otorgar inmunidad a militares norteamericanos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). Tras expresar su malestar por la acción punitiva estadounidense contra Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, los jefes de estado reafirmaron su profundo respaldo a los principios y propósitos del TPI, con sede en Holanda. El comunicado emitido en Montego Bay aclara además que los nueve miembros restantes de CARICOM que no han ratificado su adhesión a la corte internacional lo harán de forma expedita.

La unión política dentro de CARICOM, idea impulsada principalmente por los Primeros Ministros de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, y de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, también continúa latente y gana adeptos dentro la organización regional. Otros que apoyan la iniciativa son los jefes de gobierno de Barbados, Owen Arthur, y Granada, Keith Mitchell, aunque el primero considera que aún deben definirse la estructura y los mecanismos del nuevo pacto político. Por esa razón, uno de los principales acuerdos de la Cumbre recién finalizada fue crear una comisión con responsabilidad ejecutiva para implementar las decisiones de la comunidad de naciones en ese sentido. Sin embargo, los mandatarios reafirmaron que CARICOM es una comunidad de estados soberanos, por lo que cualquier paso tendiente a profundizar la integración deberá darse dentro de ese contexto político y jurídico.