CHICAGO – El Concejo Municipal de Chicago, por voto contundente, aprobó el 1 de agosto una resolución denunciando a la Ley Patriota USA, y haciendo un llamado para la derrogación de las secciones de la misma que violan a la Constitución del país. De esta manera, Chicago llega a ser la ciudad o municipio número 179 de EEUU que ha aprobado una ordenanza de esta clase, y la ciudad más grande entre ellos. Tres estados - Alaska, Hawai, y Vermont-han aprobado medidas similares.

La resolución de Chicago nota que la Ley contiene una variedad de provisiones que minan los derechos constitucionales, y que mucha gente ve esta Ley como algo que “altera fundamentalmente a nuestras libertades civiles sin aumentar nuestra seguridad”. Se expresa una preocupación especial por el trato que reciben los inmigrantes bajo esta ley, “incluyendo a los hispanos, a la gente de descendencia medio oriental y sudasiática y a los ciudadanos de otras naciones, de este modo alentando el uso de los “perfiles raciales” por parte de las agencias policiacas, y las consecuencias no deseadas de un aumento en crímenes de odio por individuos en nuestra comunidad”.

El movimiento hacía una resolución fue iniciado en Chicago por la Coalición Chicagolandia pro Libertades y Derechos Civiles, entre cuyos miembros fundadores son la Unión Norteamericana pro Derechos Civiles (ACLU - Grupo Estatal de Illinois), la Coalición de Chicago para Defender la Carta de Derechos, la Comisión Clarence Darrow sobre las Libertades de la Primera Enmienda de la Constitución, del Concilio Unitario-Universalista de Illinois, el grupo de la Universidad Loyola del Partido Verde, el Centro Musulmán pro Derechos Civiles, y el Gremio Nacional de Abogados (NLG), grupo de Chicago.

Al momento de aprobarse la resolución, la coalición tuvo más de 20 organizaciones como miembros, incluso un ancho rango de grupos sindicalistas, religiosos, comunitarios y pro derechos civiles. Esta ayudó a movilizar a la Federación del Trabajo de Chicago (CFL por sus siglas en inglés), la Coalición Arco Iris / PUSH, los Chicago Contra la Guerra y la Injusticia, y la Organización Nacional para las Mujeres (NOW), grupo de Illinois, entre otros. El Partido Comunista de Illinois también formó parte de la coalición.

Inicialmente, la resolución fue introducida al Consejo Municipal el 9 de julio por los concejales Joe Moore, Helen Shiller, Fredreanna Lyle y Ricardo Muñoz. De inmediato, 31 otros concejales más prestaron sus firmas a la medida.

El 25 de septiembre, la Comisión de Relaciones Humanas del Concejo Municipal celebró audiencias públicas sobre la resolución. Un fuerte apoyo fue prestado por Timothy Leahy, secertario tesorero de la CFL, Jesse Ríos, del Consejo de Trabajadores pro Avance Latinoamericano, Emma Lozano, del Centro Sin Fronteras, el Rabino David Sandifel, de la congregación KAM Isaiah Israel, la Dra. Seema Imam, del Centro Musulmán pro Derechos Civiles, Deborah Caldwell-Stone, de la Asociación Norteamericana de Bibliotecarios (ALA), y otros.

El fiscal federal por el norte de Illinois, Patrick Fitzgerald, cumpliendo órdenes del secretario de Justicia del país, John Ashcroft, de defender la Ley Patriota, presentó una defensa prolongada e inexacta de la Ley, provocando risa cuando admitió que ni él mismo sabía todo lo que está incluido bajo esta ley. Luego, Fitzgerald fué sujeto de un interrogatorio severo por parte de los concejales Moor y Lyle.

Entre el momento de la vista pública y el voto seis días después, los opuestos a la resolución trabajaron para descarrilarla. Entre ellos se contaron no solamente al fiscal Fitzgerald, pero también al alcalde conservador demócrata de Chicago, Richard M. Daley, y al poderoso diario, the Chicago Tribune. Un día antes del voto, el Tribune ofreció a Fitzgerald el privilegio de publicar su propio y largo artículo de opinión, en el cual recitó de nuevo una gran parte de las declaraciones engañosas que había hecho durante su testimonio - esto demasiado tarde para publicar ninguna respuesta.

Sin embargo, los que apoyaban a la resolución se mantuvieron firmes. El Gremio Nacional de Abogados (NLG) le presentó a los concejales una respuesta de punto por punto a la desinformación ofrecida por Fitzgerald. En la sede del Concejo, el concejal Billy Ocasio denunció a la administración Bush por maltratar a los inmigrantes por medio de la Ley Patriota y sus otras políticas: “Nos encanta decir que este país fue construido por inmigrantes, pero cuando algo va mal, le echamos la culpa a los inmigrantes”.

La concejal Dorothy Tillman denunció a la hipocresía de una administración norteamericana que quiere “ir predicando la democracia [a otros países] mientras no la practica en casa.” El concejal Burton Natarus, generalmente visto como conservador, causó sorpresa cuando hizo comparación entre, por una mano, el uso de la tragedia del 11 de septiembre por parte de la administración Bush para impulsar la aprobación de la Ley Patriota, y por otra, la utilización similar del incendio del “Reichstag” por Hitler.

Concejal tras concejal se puso de pie para promover a la resolución. Solamente dos se quedaban claramente opuestos. Por fin, el voto entre los 50 concejales fue de 37 en favor de la resolución, y siete en contra, una victoria contundente por los derechos civiles, y una derrota mayúscula proporcionada a Bush y Ashcroft.

El texto completo de la resolución estará desponible muy pronto en www.bordc.org y www.chicagorights.org. Se puede comunicar con el autor al pww@pww.org.