PANAMA – La ruptura de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC no fue una sorpresa. Hace unas semanas, dichas conversaciones estuvieron a punto de romperse y solo una gestión internacional de última hora logró prolongarlas.

Sin embargo, ambas partes sabían que persistir en sus actitudes previas, y desatar las acciones emprendidas enseguida de esa prolongación, conduciría a esa ruptura.

Esto no solo implica que la violencia se agravará, sino un cambio de la situación política en ese país, que todavía es difícil predecir.

La ruptura ha ocurrido en medio de la presente campaña electoral, que culminará en mayo. Ahora, tanto los candidatos como los electores deberán revisar sus respectivas posturas y preferencias al calor de la nueva situación, la que, a su vez, también tendrá efectos en los países vecinos a Colombia.

¿Como venía evolucionando esa campaña? Contra lo que al comienzo se pronosticó, en las últimas semanas el panorama experimento un importante viraje. En la primera etapa, todo indicaba que el próximo presidente colombiano sería el liberal Horacio Serpa, quien encabezaba las preferencias por un amplio margen.

No obstante, en últimas fechas un candidato independiente, Alvaro Uribe, de pronto subió hasta porcentajes cercanos al 50 por ciento de los electores. Para explicar ese cambio debe tenerse en cuenta el perfil de ambos contrincantes.

Desde el inicio, Serpa basó su campaña en una agenda social centrada en la lucha contra el desempleo, la pobreza y la marginación. Es decir, en un programa dirigido a superar las causas estructurales de la violencia política colombiana.

A la vez, en lo que toca a las negociaciones con las FARC, asumió una posición más enérgica que la que caracterizaba al presidente Andrés Pastrana, exigiendo resultados prácticos en vez de seguir alargando indefiniciones y plazos.

Ello le valió a Serpa ganar arrolladoramente la Convención de su partido, así como la opinión pública mayoritaria. Pero luego Uribe empezó a despuntar enarbolando otra actitud en lo que tocaba al tema de la guerra o la paz: la de eliminar las negociaciones y liquidar el conflicto por la vía militar.

El lenguaje de Uribe ha sido él de la “autoridad”, que el promete ejercer sin cortapisas. Su éxito propagandístico se cifró en el tema de la seguridad, asunto que se ha vuelto angustioso para la sociedad colombiana.

Y en materia social, Uribe promete un llamado “estado comunitario” que le asignara a entidades privadas los recursos destinados a prestar servicios públicos, discontinuando la asistencia estatal. En pocas palabras: acompañarlo de un programa materialmente neoliberal.

Al efecto, a Uribe no le falta credibilidad. Como gobernador de Antioquía, su política convirtió a ese Departamento en un campo de batalla donde se dispararon las estadísticas de la violencia —con un enorme saldo de desplazados— que hasta la fecha prosigue.

Entre sus creaciones estuvieron las Convivir, milicias paramilitares que se destacaron por sus violaciones y abusos en materia de derechos humanos, mismas que a la postre fue preciso declarar ilegales, aunque nunca devolvieron el armamento que se les proporciono. Ahora este candidato promete que armara a un millón de civiles para colaborar con la “autoridad”.

Sin embargo, el gobierno de Pastrana ha eliminado las negociaciones y la opción militar quedo entronizada. Si el futuro gobierno se plantea lograr la paz por medio de un entendimiento político, el esquema negociador tendrá que definirse en otros términos, sin repetir sus pasados desaciertos.

Y, como quiera que sea, en las actuales circunstancias tanto Uribe como Serpa y los demás aspirantes tendrán que replantear sus propuestas, y los electores deberán reconsiderar sus aspiraciones.

La guerra y sus consecuencias ahora se recrudecen. Sería lamentable que la actual desesperación del electorado colombiano lo lleve a elegir un gobierno orientado a escalar la guerra como única alternativa.

Las frustraciones dejadas por la endeble y contradictoria gestión de Pastrana no tienen por que implicar que el camino negociador se descarte definitivamente, sino todo lo contrario: que ese camino sea reemprendido por un gobierno más competente y firme. Además, por un gobierno capaz de corregir las causas socioeconómicas de la violencia, en vez de agregar más violencia a la que ya existe.

De no ser así, la escalada militar y sus secuelas de inhumanidad, ampliación de las áreas de conflicto, daño económico y desplazamiento de mayores masas de fugitivos, seguirán incrementándose.

Ello sería la peor alternativa no solo para los colombianos, sino también para los vecinos de Colombia.