Un investigador de la ONU está criticando al gobierno del presidente Álvaro Uribe de Colombia por no hacer suficiente para castigar a soldados que sistemáticamente asesinan a civiles inocente para decir que mataron a guerrilleros.

Después de una visita de diez días en la cual entrevistó a más de 100 testigos y sobrevivientes de las masacres, el enviado especial Philip Alston le dijo a la prensa esta semana que él no encontró nada que indique que estos asesinatos son parte de la política del gobierno o que ni Uribe ni su ministro de defensa sabían que estaban pasando.

No obstante, Alston dio que era “insostenible” que los oficiales del gobierno derechista de Uribe argumentaran que los asesinatos era solo la responsabilidad de unos pocos malos.

La gran mayoría de los asesinatos que son, de acuerdo a Alston, “más o menos sistemáticos”, ocurrieron después de Uribe ganar las elecciones en el 2002.

Los partidarios de línea dura de Uribe dicen que él ha usado miles de millones de dólares en ayuda estadounidense para intensificar la guerra en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dizque para hacer el país más seguro y menos peligroso.

Alston criticó al gobierno, diciendo que son muy pocos los que son acusados formalmente y traídos ante la justicia por estos asesinatos extrajudiciales. Él dijo que Colombia necesita más fiscales para tratar casos de violaciones de derechos humanos.

Dijo el enviado especial que los jueces de tribunales militares ponen obstáculos para no permitir que se muevan los casos que “claramente son de derechos humanos” a los tribunales civiles del país.

Alston tildó de “flagrante y obsceno” el caso más conocido. Por lo menso once jóvenes fueron convencidos de dejar Soacha, un suburbio pobre de la capital Bogotá, con promesas de empleo. Estos fueron encontrados muertos cientos de millas de sus hogares y fueron falsamente identificado por los militares como efectivos de las FARC.

“La evidencia que muestra que las víctimas estaban vestido con uniformes de camuflaje que estaban bien planchados o con botas para la selva que eran muy grande para sus pies, o zurdos con armas en sus manos derecha, o hombres matado con un solo tiro en la parte trasera del pezcuezo, desmiente la idea de que eran guerrilleros que murieron en combate”, señalo Alston.

Alston dijo que este caso es solo “la punta del iceberg” de una práctica de “asesinato en sangre fría, premeditado de civiles inocentes para sacar provecho” que envuelve “a un número significante de unidades militares” en casi 50 por ciento de los departamentos colombianos.

Alston también notó que los asesinados son más los campesinos pobre y otra gente pobre del campo, de los pueblos originarios, colombianos de la raza negra, sindicalistas, activistas por los derechos humanos y líderes comunitarios.

Entre las víctimas hay “muchachos de 16 a 17 años, un joven con la capacidad mental de un niño de nueve años, un padre de familia con dos yernos que son militares activos y un soldado con licencia”.

Las FARC estaban negociando la paz con el gobierno previo al de Uribe. Uribe entró con una política de mano dura para conseguir una solución militar en vez de una solución política a la guerra civil que ha durando por medio siglo.

Las FARC están tratando de que se negocie un canje humanitario entre el gobierno y las guerrillas como un primer paso hacia una paz negociada. En pos de esta estrategia, las guerrillas han liberado a varios prisioneros con la ayuda de la senadora liberal Piedad Córdoba, el directo del semanario comunista, Voz, Carlos Lozano Guillén y otros intelectuales y líderes del país organizados como Colombianos y Colombianas por la Paz.

Actualmente, las FARC ha dicho que estaban dispuesto a liberar al cabo Pablo Emilio Moncayo, el preso de guerra con más tiempo en el poder de las guerrillas, y otro soldado recién capturado. La senadora Córdobá dijo, “Me parece muy positivo la intención de las FARC de liberar más personas, y que hayan salvado a un soldado y que lo vayan a liberar. Es un soldado que nadie tenía en cuenta”.

Lo único que falta es que el presidente Uribe acepte la misión de la senadora y su grupo, dijo Córdoba. Uribe ha impuesto limitaciones en el pasado a las liberaciones de presos de las guerrillas tildándolas de “politiquería” pero se ha tenido que aceptar por la presión pública.