Llegando en Colombia un día antes del empezar del 18 Congreso del Partido Comunista Colombiano (PCC) me dio una oportunidad de visitar el famoso Museo Dorado en Bogotá.

Más allá de las exhibiciones de piezas de oro finamente trabajado por las culturas indígenas de Colombia había una lección política importante. Después de explicar los profundos valores espirituales e religioso que el oro tenía para las tempranas culturas indígenas, el guía explicó que esto era un gran contraste a los conquistadores españoles que llegaron con violencia y destrucción al robarse las vastas cantidades de oro para enriquecer a los reyes españoles.

Llegamos al presente y si simplemente substituyamos a las corporaciones transnacionales como los conquistadores del siglo 21 y se puede explicar la violencia y el terror dirigidos a los estudiantes, trabajadores y campesinos de Colombia.

La lucha para determinar que se beneficiará de los recurso naturales de Colombia y de la riqueza creada por su pueblo está al centro de la crisis en Colombia hoy en día.

Fue en el contexto de esta lucha que el PCC abrió su 18 Congreso celebrado los días 9 hasta el 11 noviembre, en Bogotá, Colombia.

Más de 400 delegado – obreros, académicos, campesinos, desempleados y estudiantes – asistieron al Congreso con tres días de deliberaciones intensas bajo la bandera: “Para un Nuevo País”.

Uno de los temas principales del Congreso fue el de sacar públicamente los nuevos peligros de la plena intervención militar norteamericana en Colombia.

Respondiendo a la “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos después del 11 de septiembre, Jaime Caycedo, secretario general del PCC, dijo, “Esta nueva política representa un obstáculo muy serio a las posibilidades de una solución política potencial en Colombia”.

Otro de los temas principales a través de las deliberaciones era como apoyar al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Carlos Lozano, director del periódico del PCC, Voz, dijo, “La bandera de paz es la propuesta del partido. La tarea más importante es la de seguir una Agenda Común”, un acuerdo alcanzado entre las FARC y el presidente Andrés Pastrana. La Agenda Común consiste de 10 puntos que se dirigen al desarrollo, la economía, el desempleo, la educación y la biodiversidad en Colombia.

Lozano, parte de la Comisión de los Notables, investigó soluciones a la actual guerra civil y la crisis en Colombia. El informe de la Comisión recomendó una solución dentro del marco de una tregua, un cese de fuego bilateral y el cese de hostilidades que crearía el espacio para la discusión y la implementación de la Agenda Común.

“Como nación tenemos que escoger: o la guerra o la paz”, dijo Luis Eduardo Garzón, ex dirigente de la Unión Patriótica, al dirigirse al Congreso. Garzón se está postulando para presidente como candidato del Frente Social Político en Colombia.

“Si escogemos la guerra, se extenderá a través de Sudamérica, con el peligro de fragmentar a Colombia y otros países. El costo final será la muerte de miles de colombianos. Los problemas económicos, sociales y políticos son los que han forzado al presidente Pastrana negociar con las FARC en el proceso de paz”. Una guerra contra las FARC no bregarán con estos temas, entonces la paz es lo que los colombianos tienen que escoger, él dijo.

Mientras que el presidente Bush, y los intereses petrolero que él representa, amenazan a los países a través del mundo bajo el pretexto de una guerra contra el terrorismo, dijo Caycedo, “tenemos que reafirmar la posición del Partido Comunista Colombiano, que los movimientos de guerrilla colombianos no son terroristas”.

Aumentado al guerra de Bush contra el terrorismo, Anne Patterson, embajadora a Colombia, anunció, a fines de octubre, que EEUU proveerá a Colombia auxilio antiterrorismo. Este anuncio siguió unas declaraciones por altos oficiales antiterroristas del departamento de Estado que la estrategia de Washington para combatir el terrorismo en las Américas incluyera “el uso de fuerza militar”.

El oficial dijo las FARC eran “el grupo terrorista internacional más peligroso basado en este hemisferio”.

Caycedo señaló que el “terrorismo en Colombia es, de hecho, el terrorismo de estado con su expresión más repugnante siendo los paramilitares que asesinan y masacran con impunidad total a la luz del día sin ninguna acción de parte del gobierno colombiano”.

Los delegados, que casi un tercio estaban envueltos en trabajo sindical, demostraron gran militancia en su resolución a crecer el partido en condiciones difíciles, incluyendo la violencia de estado contra activistas sindicales. Los delegados le dieron un gran aplauso a Wilson Borja, dirigente del sindicato de trabajadores públicos, cuando es entró a la tarima para dirigirse al Congreso.

Hace un año, Borja fue atacado por los paramilitares en Bogotá, después de unirse con los dirigentes de la unión de los trabajadores del petróleo y abogar por un diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la organización guerrillera más grande después de las FARC, y en favor de establecer una zona desmilitarizada en el norte del país donde operan.

Él fue sostuvo heridas severas de las cuales todavía se está recuperando un año después.

Dirigentes sindicales son atacados por su papel en luchar para que las corporaciones proveen buenos sueldos y condiciones de trabajo. Sesenta por ciento de todos los sindicalistas asesinados en el mundo hoy mueren en Colombia.

En algunos caso las organizaciones paramilitares hace el trabajo sucio de romper uniones para aumentar las ganancias de las corporaciones, como en el caso de Coca Cola y su compañía, Bebidas y Alimentos. Era en esta embotelladora en Carepa en el 1996, donde los dirigentes laborales fueron asesinados por las fuerzas paramilitares y los demás trabajadores recibieron un ultimato – o dejar al sindicato, irse de Carepa o ser asesinados.

Los paramilitares organizados en las Autodefensas Unidas de Colombia han sido describimos como la “Sexta División” del ejército colombiano. Esto es por la estrecha colaboración y coordinación que existe entre los paramilitares y el ejército.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch, dijo, en su informe de octubre 2001, “evidencia detallada ... [demuestra] que ciertas brigadas del ejército colombiano y destacamentos de la policía continúan promover, trabajar con, apoyar, beneficiarse de, y tolerar a los grupos paramilitares, tratándolos como una fuerza aliadas y compatible a ellos.

Los paramilitares han hecho una campaña de terror en el campo que ha resultado en el desplazamiento de campesinos y los indígenas, así reduciendo la resistencia a las maniobras de las corporaciones y latifundistas.

Bajo el disfraz del antiterrorismo, el gobierno norteamericano está intensificando la guerra contra los insurgentes izquierdistas colombianos. El senador demócrata por Florida, Bob Graham, dice que de los 500 incidencias de terrorismo cometidos en todo el mundo contra ciudadanos o intereses estadounidenses el año pasado, 44 por ciento fueron cometidos en un país – Colombia.

Lo que el senador Graham no relata es que la mayoría de esos tal llamado “ataques terroristas” eran contra oleoductos usados por las petroleras norteamericanas para transportar el petróleo crudo desde el interior hasta los puertos en la costa.

Así que la guerra contra el terrorismo se desenmascara y se ve que es una guerra contra los que quieren obstaculizar el derecho de las corporaciones norteamericanas hacer ganancias extrayendo los recursos naturales de Colombia.

El interés en Colombia y sus riqueza natural – petróleo, gas natural, carbón, y su gran biodiversidad – no es nada nuevo. Exxon, BP y Shell han recibido permisos generosos para perforar en busca de petróleo. La compañía Drummond Coal de Alabama opera una de las operaciones más grande de minas de carbón en Colombia.

Otras compañías le gustarían tomar ventaja de la mano de obra industrializada bajo las condiciones, esencialmente neocoloniales, que acompañará el propuesto Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Colombia también está estratégicamente situado como una plataforma comercial natural, con acceso a ambos océanos, el Pacífico y el Atlántico, y conectando Sudamérica con Norteamérica.

En el informe político principal al Congreso, Jaime Caycedo argumentó que el ALCA es un proyecto neocolonial “cuya estrategia va más allá del comercio para incluir la subordinación de las normas institucionales, políticas y judiciales de un país al liderazgo de Washington, DC”.

Incluye adoptar medidas que pone las instituciones de un país bajo el control de EEUU sin ser colonia formal. Las bases económicas de un ambiente favorable a EEUU ya se están sentando a través de la política neoliberal impuesta por el Fondo Internacional Monetario en cambio de un préstamo de $2,2 mil millones a Colombia.

Está en el interés del pueblo trabajador estadounidense apoyar las aspiraciones del pueblo colombiano en su lucha por la paz. El Plan Colombia, la tal llamada guerra contra el narcoterrorismo, es simplemente el componente militar del ALCA, que busca derrotar la resistencia a la política corporativa norteamericana.

Por el aumentado peligro de la intervención abierta por las fuerzas norteamericanas, en nombre de combatir al terrorismo, es nuestra responsabilidad de ayudar fomentar un movimiento para poner fin a los planes peligrosos de la Casa Blanca y el Pentágono.