BOGOTA (Prensa Latina) – Hace un año fue roto el proceso de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por decisión unilateral del entonces presidente Andrés Pastrana Arango, después de tres años y medio de conversaciones de paz.

El 20 de febrero de 2002, conocido el secuestro del avión de la aerolínea Aires, en el cual se transportaba el senador liberal Jorge Gechem Turbay, atribuido a un comando de las FARC, Pastrana decretó la ruptura de las negociaciones y suspendió la zona de distensión.

Sin atenuar la gravedad que tuvo para el proceso de paz, afectado de mutuas desconfianzas, el secuestro del avión de Aires, tengo la impresión que el presidente Pastrana, aislado, sin iniciativa política y abandonado por los principales voceros del Establecimiento, había decidido desde octubre de 2001 acabar con los diálogos en San Vicente del Caguán.

La campaña electoral, en la cual el candidato de la ultraderecha, que contaba con el aval del empresariado y del gobierno de Estados Unidos, estaba débil.

Por ende, necesitaba de un clima favorable. Los diálogos del Caguán, que desde octubre de 2001, en medio de crisis y dificultades, entraban en una nueva etapa después de presentado el “Informe con las recomendaciones de la Comisión de Personalidades” y del posterior acuerdo de San Francisco de La Sombra, eran un obstáculo.

Creo que el Caguán arrojó importantes resultados. No se puede hablar de un tiempo perdido cuando quedan experiencias positivas, que serán útiles en una eventual reconstrucción de los diálogos con la insurgencia, aunque es evidente que deberá hacerse sobre nuevas bases. Hay ejemplos que pueden destacarse:

• La existencia de una zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados y cinco municipios, donde no hubo conflicto armado y fue el epicentro de las negociaciones del Gobierno Nacional y las FARC.

En la práctica este territorio se convirtió en un laboratorio de paz y de convivencia ciudadana, que como lo reconocen los habitantes y autoridades de San Vicente del Caguán, La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vista Hermosa, en ellos desaparecieron las muertes violentas, los robos y casi hasta las riñas callejeras.

• El acuerdo de “La Agenda Común,” aprobada en La Machaca, en jurisdicción de San Vicente del Caguán, significa el logro más importante, porque ahí están contenidos los temas políticos, sociales y económicos que son la materia prima de la negociación.

• La realización de las audiencias públicas, verdadero escenario de participación ciudadana en los diálogos de paz. Más de 25 mil colombianos, en representación de sindicatos, ligas y asociaciones de desempleados, desplazados, viviendistas, damnificados del Upac, jóvenes, estudiantes, mujeres, indígenas y otros sectores de la población, dejaron un saldo de numerosas propuestas e iniciativas, que fueron ignoradas por el Gobierno Nacional.

Algunas de ellas tenían la intención de tener aplicación inmediata para atenuar los rigores de la crisis social en los estratos de menor ingreso. Ello desató la oposición de los poderosos gremios económicos que argumentaron que tales medidas ponían en peligro sus negocios y utilidades.

• El intercambio humanitario de prisioneros de guerra enfermos, que trajo como consecuencia la decisión unilateral de las FARC de dejar en libertad a 350 soldados y policías retenidos.

• El Acuerdo de Los Pozos, suscrito por el presidente Pastrana y el comandante Marulanda, en febrero de 2001, que relanzó el proceso de paz en un momento de dificultades.

• El Informe de las Personalidades, también llamado de los Notables, bien recibido por las partes y por amplios sectores del país, donde se establece claramente, además de recomendaciones puntuales para disminuir la intensidad del conflicto y acabar el fenómeno del paramilitarismo, que solo la vía de la solución política negociada es la que podrá resolver el conflicto y que la negociación debe tener un carácter estrictamente bilateral y de compromisos de las dos partes.

• El Acuerdo de San Francisco de La Sombra, que introdujo importantes elementos humanitarios y para dinamizar el proceso de paz en su conjunto, incluidos evidentes compromisos de las FARC con el Derecho Internacional Humanitario, entre ellos el de suspender las llamadas pescas milagrosas (retención de grupos de civiles).

• El cronograma aprobado el 20 de enero y la decisión del acompañamiento internacional de las Naciones Unidas y del Grupo de Países Amigos y Facilitadores, adoptada posteriormente.

¿La paz tiene perspectivas? Definitivamente respondo que sí, aún en las condiciones actuales en que asistimos a un escalonamiento de la confrontación armada y desde el nuevo gobierno, so pretexto de la “seguridad democrática,” se refuerza el aparato bélico estatal, se permite la abierta participación de militares de Estados Unidos en el conflicto y se cierra cualquier posibilidad de solución política negociada.

La “seguridad democrática” no es más que una entelequia, que disfraza la práctica corporativista, propia de los regímenes totalitarios, de buscar el unanimismo alrededor de su política. “¡Si no estás conmigo, estás contra mí!,” parece ser la divisa gubernamental que coloca en su mira y de la cacería de brujas a todo aquel que no comparte la guerra integral.

Se coloca en blanco y en negro la contradicción, como si no existieran otras variantes distintas a la polarización. El referendo del presidente Alvaro Uribe Vélez va en esta dirección.

Es un plebiscito de respaldo a la política de “seguridad democrática,” de autoritarismo, de represión a la lucha social, de refuerzo del bipartidismo, de mengua al ingreso de los trabajadores y sectores populares y de guerra.

La solución política del conflicto colombiano está en estrecha relación con la magnitud de los cambios políticos, sociales y económicos en el país. Es decir, de una apertura democrática, política y social que marque un nuevo orden en la vida nacional.

Se trata de construir una nueva Colombia, sobre bases políticas y sociales avanzadas y otro tipo de relación democrática del Estado con los ciudadanos, caracterizada en el pluralismo, la tolerancia y la participación eficaces y no nugatorias como los son ahora en la letra muerta de la Constitución Política de 1991.

Veo difícil la reconstrucción de los diálogos de paz en el corto tiempo. Ni siquiera de un acuerdo humanitario como lo reclaman tantos colombianos. El Gobierno Nacional está convencido de poder derrotar a la guerrilla en los tres años siguientes.

Está embriagado de triunfalismo y también de oportunismo, como ocurre con la macabra utilización a favor de su política y del referendo de la tragedia de El Nogal, que no vacilo en condenar, aunque no me uno al coro guerrerista de los uribistas y a los señalamientos apresurados y sin pruebas concretas.

Es lo que llevó a la Unión Europea y a las Naciones Unidas a pronunciarse sin caer en las acusaciones particulares sin fundamento.

Pero la estantería de guerra se le viene abajo a Uribe Vélez. La política de “seguridad democrática” está fracasando antes de tiempo, está en una suerte de primera crisis. Eso lo demuestra Arauca, donde la militarización creciente, la declaratoria de zona de rehabilitación, la represión oficial y la cacería de brujas, han estimulado la confrontación armada y los insurgentes mantienen, quizás con más fuerza, el poder desestabilizador. En el mediano plazo los diálogos de paz serán inevitables.

El autor es Director del semanario VOZ y dirigente del Partido Comunista Colombiano.