Concejo aprueba ley: Chicago no será títere antiinmigrante de Bush

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El Concejo Municipal de la ciudad de Chicago, Illinois, aprobó una ley que prohibe que la policía y otros empleados municipales participen en la cacería de inmigrantes indocumentados promovida por al ultraderecha republicana.

Bajo la ley Sensenbrenner, HR 4437, aprobada en la Cámara de Representantes el 16 de diciembre pasado, y otras propuestas de ley, estar en este país sin documentos se convertiría en un delito mayor que automáticamente autoriza que policía municipales y estatales investiguen y detengan a la persona. Además, los proyectos de ley le daría ayuda financiera a aquellos departamentos de policía que están de acuerdo con ayudar con el control de inmigración. En muchos municipios y condados, ya es cosa de rutina que un policía que para a una persona bajo sospecho de que haya cometido otro delito, le pregunte si tiene papeles, y que lo entregue a las autoridades federales si la persona es indocumentada.

Otro proyecto de ley (ley CLEAR) estipula que aquellos estados o gobiernos municipales que no cooperan en esta forma, pierden una parte de sus fondos federales. Y la ley REAL-ID, aprobada y firmada por el presidente Bush el año pasado, obliga a las agencias estatales, a que investiguen la autenticidad de los documentos presentados por un solicitante de una licencia de conducir.

Existe un gran temor de que este tipo de leyes pueden provocar, no solo sufrimiento por parte de los indocumentados, sino una persecución general de cualquier grupo o persona que a algún policía le parecezca como un “extranjero”. Ademas, inmigrantes indocumentados que temen que al hablar con la policía, pueden ser deportados, no querrán reportar crímenes o dar evidencia de ellos.

Por lo tanto, la ley aprobada por el Concejo Municipal de Chicago el 30 de marzo, con poquísima oposición (20 días después de la marcha de por lo menos 300.000 en dicha ciudad, a favor de los derechos de los inmigrantes), puede verse como un desafío a estas tendencias de reclutar a la policía para la campaña antiinmigrante.

Como señaló el concejal Ed Burke, quien es considerado el “historiador” del Concejo, esto no es nada nuevo en Chicago.

En 1850, el alcalde de Chicago, James Curtis, dio una orden ejecutiva que negó cooperación con cualquier intento de poner en fuerza una ley federal que requería que todos estados, como Illinois, que no tenían esclavitud, entregaran a cualquier esclavo encontrado en su territorio a sus “dueños” en el sur.

En 1985, el alcalde Harold Washington decretó lo mismo en forma de un orden oficial, en parte como respuesta a las peticiones de la comunidad latina. Washington actuó después de que dos agentes de inmigración pararon fuera de su oficina a una alta funcionaria del gobierno municipal, María Cerda, una puertorriqueña y por lo tanto una ciudadana de EEUU y la acosaron, exigiendo que le mostrara comprobantes de ser ciudadana y amenazándola con arresto si no. Luego Washington emitió su orden ejecutiva en el contexto de la indignación causada por este incidente, que a propósito ayudó a fomentar la unidad entre las comunidades puertorriqueñas y mejicanas. Por ejemplo el autor principal de la ordenanza de 2006, el concejal Billy Ocasio, es puertorriqueño.

Cuándo falleció Washington en noviembre de 1987, los latinos y sus aliados convencieron a los dos siguientes alcaldes, Eugene Sawyer y Richard M. Daley, a mantengan en vigor la orden ejecutiva. Pero la acción del concejo ahora puede verse como un gran paso adelante, pues una ordenanza municipal tiene más peso que una orden ejecutiva.

Chicago no es la única ciudad en EEUU que ha tomado una posición en defensa de los indocumentados. Destacan también entre estas “ciudades santuarias” Denver, Colorado; Austin y Houstan, Tejas; Portland, Oregon, y muchas otras. Pero una ley federal aprobada en 1996 le otorga a los empleados municipales el derecho de denunciar a los indocumentados a las autoridades por su propia cuenta, y agrupaciones antiinmigrantes han sometido demandas legales en contra de varios gobiernos municipales, tratando de obligarles a tomar acción en contra de los indocumentados.