Cultivadores de Méjico arruinados y en busca de empleo

El viejo dictador mexicano, Porfirio Díaz, solía decir: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. A pesar de sus 100 millones de habitantes, la economía mexicana sigue siendo profundamente afectada por los acontecimientos en su gigantesco país vecino, con el cual comparte una frontera de dos mil millas, y cuya economía deja a la mexicana en la sombra.

En la Revolución de 1910-1920, un importante factor fue la consigna zapatista de “tierra a quien la cultiva”, encapsulada en el “Plan de Ayala”. Había que repartir la tierra robada por las haciendas al humilde cultivador, y proteger su tenencia de esa tierra. Zapata murió en una emboscada, pero el poder simbolico del “agrarismo” en la cultura política de México, se mantuvo fuerte. En las 1930, el presidente izquierdista Lázaro Cárdenas del Río, repartió millones de hectáreas de tierra cultivable a los campesinos mexicanos. Después de su salida de poder en 1940, los demás presidentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no repartieron muchas tierras y tampoco hicieron gran cosa para apoyar económicamente al cultivador. Pero ahí en la Constitución todavía estaba el artículo 27, que prohibía que tierras repartidas por la reforma agraria fueron privatizadas, y sobretodo en manos de extranjeros.

Este principio, muy importante para el pueblo mexicano, que inevitablemente iba a chocar con la globalización neoliberal. Pero en 1982, encarándose con la quiebra financiera, el gobierno mexicano tomó una vuelta definitiva a la derecha, y a favor de las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Estados Unidos.

El próximo presidente, Carlos Salinas de Gortari, se convirtió en un entusiasmado “globalista neoliberal”. Se manifestaba preparado a abandonar a todas las antiguas políticas nacionalistas y proteccionistas de su propio partido, el PRI. Con gran alegría, Salinas entró en las negociaciones que al fin iban a producir al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Su secretario de Comercio Exterior, Dr. Jaime Serra Puche, predijo que la implementación del TLC iba a desalojar a 13 millones de campesinos mexicanos de la tierra. Para Serra eso era una cosa buena, pues ayudaría re-orientar la agricultura mexicana para ya no producir comida para mexicanos sino para producir utilidades para lanzar al comercio internacional, ayudando así a México en su balance de pagos. Y los millones de campesinos desalojados iban rumbo a las ciudades, formando así una nueva mano de obra barata para atraer a la industria de afuera.

A la fecha, el TLC ha desalojado a 6 millones de campesinos mexicanos, pues mientras que México canceló toda ayuda a su sector agrícola, el gobierno estadounidense sigue pagando subsidios a sus propios productores de maíz. La inundación de maíz norteamericano y canadiense a México ha arruinado a millones de cultivadores mexicanos. Los campesinos mexicanos han protestado, pero en el Potomac no son escuchados. Ademas, todo esto ha arrastrado para abajo a los salarios de los trabajadores mexicanos, y muchas industrias mexicanas han sido arruinadas porque no pueden competir con las transnacionales en el contexto de un “libre mercado”. Cosa natural ha sido el gran aumento de inmigración, más sin, que con papeles, de mexicanos hasta los Estados Unidos, justamente en un momento cuando se estaban fomentando una nueva ola de persecución antiinmigrante en este lado del Río Bravo.

Antes del 11 de septiembre de 2001, Bush y Fox estaban hablando sobre un posible acuerdo sobre la legalización de quizá 5 millones de indocumentados mexicanos. El ataque terrorista puso fin a eso. La semana pasada, el canciller norteamericano Colin Powell dijo que en el cercano futuro, no van a haber grandes avances en esto.

El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, lejos de retar o criticar esta actitud, se expresó de acuerdo. Pero parece que Bush y Fox pueden llegar a un acuerdo sobre un nuevo programa “bracero”. Los sindicatos estadounidenses se oponen a tal programa que califican como una forma de esclavitud, y prometen seguir luchando a favor de un nuevo programa de legalización.

A la vez, los campesinos mexicanos prometen manifestaciones grandes en contra de toda esta situación en la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Cancún la semana que entra.