BOGOTÁ, (Redacción Pacocol) — Mientras el presidente de Colombia Álvaro Uribe maniobra para hacer realidad otra reelección, decenas de miles de trabajadores e indígenas toman el camino de la movilización en defensa de sus derechos, en medio de la barbarie policial. El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) atacó la mañana del 17 de octubre a una movilización pacífica de pobladores de una vereda de Apiay, Meta, que apoyan el paro de 1000 obreros contratistas de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

A la suspensión del paro del sindicato Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal), no su levantamiento, que involucró hasta hace dos días a más de 40 mil empleados, el país es testigo de otros importantes movimientos.

Los 3.500 funcionarios de la Registraduría Nacional no se presentaron a sus labores en exigencia del pago del bono electoral que adeuda el gobierno por el trabajo extra de estos funcionarios, además de otras reivindicaciones salariales.

Los funcionarios de la Registraduría han venido pidiendo una revisión de sus salarios, que consideran están un 42 por ciento por debajo de los demás empleados públicos. Han pedido una nivelación, que podría costar 29 mil millones de pesos y la incorporación en la carrera administrativa de unos 3.600 funcionarios que la viene pidiendo desde hace cinco años.

Por su parte, varias oficinas de la dirección de impuestos dejaron de funcionar tras el cese de labores de centenares de empleados. ¿La petición? La misma: nivelación salarial, mejora de las condiciones de trabajo.

Unos 280 educadores oficiales suspendieron sus actividades el 23 de octubre por la demora del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en consignar más de 170 mil millones de pesos para pagar 9 mil solicitudes de cesantías que han solicitado los docentes.

En la Superintendencia de Notariado y Registro no escampa se anuncia la suspensión de sus labores 2.600 funcionarios en todo el país porque no cuentan con implementos para trabajar y por considerar que ganan menos sueldo que los empleados de las demás superintendencias.

Incluso los transportadores de carga no moverán sus camiones por considerar que el gobierno no ha cumplido con los compromisos que adquirió el pasado 16 de junio, luego de una huelga de los conductores.

Por otro lado persiste desde el 3 de octubre el cese de actividades de 1000 trabajadores de empresas contratistas de Ecopetrol que construyen obras de infraestructura como tanques para los campos petroleros de Castilla y Acacias, Meta.

El 17 de septiembre, cuando cerca de 50 pobladores realizaban una demostración de apoyo al paro, en la vereda Pompeya a media hora de Apiay, fueron brutalmente agredidos por el Esmad, dejando varios heridos, incluidos niños y el presidente de la Asociación de Regiones Circunvecinas de Apiay Arca.

Y desde Cartagena, nuestro corresponsal Libardo Muñoz, informa que los mineros del sur de Bolívar iniciaron una toma de la Secretaría de Minas de la gobernación departamental, en la Heroica, hasta tanto la administración cumpla compromisos sociales adquiridos en anteriores ocasiones.

Un grupo inicial tomó las dependencias de la Secretaría de Minas en la Calle de los Siete Infantes, sector antiguo de la ciudad, mientras que otras delegaciones gremiales hicieron otro tanto en la plaza principal de la población de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Los mineros están agrupados en la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar, que tiene unos 20 mil trabajadores del oro en una vasta región de este departamento.

Uno de los voceros del grupo que está en Cartagena dijo que la movilización se debe a que el gobierno los ha dejado plantados en cuatro ocasiones y que no les han cumplido ninguna de las solicitudes pactadas en otra reunión del año pasado.

Los temas principales son: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, atención en salud, reparación de vías, desarrollo e inversión social, renglones que están absolutamente desatendidos de la administración tanto departamental como nacional.

En la plaza de Santa Rosa del Sur están concentrados unos 1.500 mineros.

Pero otro aspecto central que motiva la movilización de los mineros es el rechazo a un proceso de entrega de las minas del sur de Bolívar a las multinacionales. “Por eso el gobierno ha dilatado atendernos, para dar tiempo a la maniobra de la apropiación de las minas por parte de empresas extranjeras que están detrás de todo esto”, dijo otro de los mineros.

Y en todo este panorama, que demuestra que la seguridad democrática no es tal, pues la principal seguridad es la social, y eso es democracia, continúa el paro de 17.000 corteros de caña, que se agrava hoy con la detención bajo el delito de concierto para delinquir de uno de los líderes del movimiento. Al tiempo que prosigue la Minga por la Dignidad con la participación de más de 30.000 indígenas en 15 departamentos, con muestras de gran resistencia en el Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Risaralda, Chocó, entre otros.

A los justos reclamos, Uribe y su ministro de la desprotección social, acolitados por el general Narajo, no tienen más respuesta que estigmatizar la protesta acusándola de estar infiltrada por la insurgencia, tratando en vano de buscar el rechazo popular al más grande movimiento social que nunca esperaba Uribe le fuera a cercar su ilegítmo mandato.