Ciudadanos norteamericanos de ideas liberales, pacifistas y críticos del gobierno han sido objeto por las autoridades de ese país de arbitrarias prohibiciones, persecuciones y rigurosa vigilancia, como muestran diversas demandas civiles.

La Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU) impulsa varias denuncias contra instituciones federales, como la que acusó al Departamento de Policía en Denver, Colorado, por abrir unos tres mil expedientes individuales y 208 de organizaciones formulados por supuestas acciones que amenazan la seguridad nacional. Bajo ese espionaje político muchas de esas personas fueron fichadas por las autoridades de forma arbitraria y falsa como extremistas criminales.

Luego de las revelaciones hechas por la ACLU, el cuerpo policial de esa ciudad se vio obligado a aceptar un acuerdo extrajudicial para evitar un pleito en la corte que le interpuso la organización defensora de los derechos constitucionales por tales prácticas, por lo general reservadas para agencias de espionaje como el FBI. El litigio en torno a los “Expedientes Espías” de Denver que buscó un cambio en la política y prácticas policiales en vez de compensación monetaria, comenzó poco después que la ACLU revelara la existencia de dichos “files” en marzo de 2002. Por más de 20 años las autoridades de Denver han perseguido y registrado archivos de norteamericanos que manifiestan su oposición a las políticas de la Casa Blanca, destacó Mark Silverstein, Director de la oficina de ACLU en Colorado.

Silverstein corroboró la existencia de expedientes como los que elaboran las agencias de espionaje abiertos a ciudadanos por organizar o coordinar actividades pacifistas. De acuerdo con lo convenido, las autoridades deberán considerar a esas personas en ejercicio pleno de sus derechos establecidos en la Primera Enmienda de la constitución y no como criminales a seguir y capturar. A la unidad de inteligencia de la policía de Denver le quedó prohibido buscar y guardar información o tomar fotografías y videos de aquellas personas que participan en manifestaciones o actos no violentos de desobediencia civil.

Tampoco deberán interceptar correos electrónicos, ni infiltrar agentes en las organizaciones que coordinan las protestas antibélicas y deberán borrar los datos ya registrados, como por ejemplo los números de las licencias vehiculares. Importancia significativa le confirió Silverstein al pacto en estos momentos en que la Casa Blanca reclama falsamente que los estadounidenses deben sacrificar sus libertades civiles si quieren estar seguros ante el terrorismo. ACLU advirtió que reabrirá la demanda si encuentra alguna nueva violación por la unidad de inteligencia policial de Denver.

Asimismo, en misiva dirigida al Jefe del Departamento de la Policía de San Francisco, la ACLU denunció la brutalidad policial y los métodos ilegales utilizados por los agentes que con garrotes, balas de madera y gases químicos, en especial el llamado gas pimienta, reprimieron las manifestaciones contra la intervención norteamericana en Iraq. Durante las marchas antibélicas que tuvieron como escenarios importantes ciudades de Estados Unidos, entre ellas San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y Boston, resultaron apresadas más de mil 500 personas. Decenas de manifestantes recibieron severas lesiones con “tacos” de madera y bolsas de perdigones en una concentración en la ciudad portuaria de Oakland, California, mientras se oponían al uso de esa vía para el envío de medios militares al Golfo Pérsico. Otra demanda acusa a la policía de la capital estadounidense por el arresto de más de 400 ciudadanos que participaban en una manifestación antibélica frente a la Casa Blanca, acción que de forma deliberada viola el derecho constitucional de oponerse abiertamente a las políticas gubernamentales.

El director legal de la ACLU en Washington, Arthur Spitzer, expresó al respecto que según lo establecido en este país, el gobierno no puede arrestar a las personas sin que hayan violado alguna ley. Los detenidos fueron encerrados por más de 30 horas esposados, sin recibir alimentos ni acceso a los servicios sanitarios. Además se les denegó entrevistarse con sus abogados, a quienes que se les dio información falsa sobre sus posiciones legales.

Avalada por 339 casos de personas clasificadas bajo el rango “no fly” (no volar), quienes fueron detenidas en el aeropuerto de San Francisco, la ACLU demandó al gobierno por transgredir la libertad ciudadana y de movimiento de esas personas. Muchos estadounidenses, especialmente pacifistas y críticos del ejecutivo, han aparecido en una lista negra elaborada por el FBI, denominada en inglés “no fly”, para impedirles acceder a vuelos en los aeropuertos del país bajo la presunción de que son terroristas.

Como parte de la supuesta “guerra contra el terrorismo” promovida y protagonizada por la casa Blanca desde el 11 de septiembre del 2001, agentes federales han detenido e interrogado a miles de viajeros por error, lo que ha suscitado acerbas críticas.

En tanto, otros censuran que aparecen en ella por su pensamiento liberal y oponerse a la política del gobierno. Por ejemplo, están los casos de Rebecca Gordon y Janet Adams, dos activistas por la paz, quienes fueron detenidas camino a Boston, pues sus nombres figuraron en la relación de “no volar”. Tras su detención, Gordon y Adams, quienes colaboran desde San Francisco en una publicación llamada Tiempos de Guerra, fustigaron la política nacional de la Administración del Presidente George W. Bush para combatir el terrorismo. En otro incidente que trascendió a la palestra pública, dos docenas de miembros de un grupo llamado Acción de Paz de Wisconsin, incluido un sacerdote, una monja y estudiantes universitarios y de la enseñanza media, fueron detenidos en Milwaukee cuando se dirigían a participar en una protesta contra la guerra en Iraq. La detención provocó que perdieran el vuelo.

Las autoridades han alegado que no tratan de reprimir a críticos del gobierno. Sin embargo, Adams sostuvo que “hiere mi credulidad pensar que mi larga labor como activista política no tuvo que ver en este incidente”.

ACLU presentó su demanda bajo el Acta de Privacidad y el Acta de Libertad de Información y basa su pleito legal en los casos que han tenido lugar en San Francisco, aunque indica que esta situación representa una ventana a lo que está pasando en los aeropuertos de todo el país.

Mediante el Sistema Informático Asistido de Previgilancia de Pasajeros (CAPPS II, en inglés), los federales catalogan a los viajeros según variantes de colores. De esta manera, los “verdes” pasan los controles rutinarios de seguridad ya establecidos en los aeropuertos estadounidenses; los “amarillos” son chequeados con mayor rigor, mientras que a los “rojos” se les prohibe viajar. Los niveles amarillos y rojos se almacenarán durante 50 años, precisa la iniciativa. Historiales financieros, datos de comunicación y hasta las fichas sanitarias, se tienen en cuenta para definir si una persona califica como presunto terrorista.

La demanda plantea que sin conocer los elementos mínimos sobre como un civil se puede convertir en un posible terrorista, los norteamericanos no tienen la posibilidad de decidir si la medida del gobierno es acertada.

– Prensa Latina