Una tormenta está formándose entre dos los países más importante de Sudamérica, y parece que la administración Bush está buscando manera de usarla para su propio propósito.

El 13 de diciembre, elementos de la policía venezolana y la Guardia Nacional secuestraron a Rodrigo Granda, el jefe de relaciones exteriores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el centro de Caracas, y se lo llevaron cruzando la frontera a Colombia, donde ahora se encuentra bajo arresto.

Las FARC es la más grande de los dos movimientos guerrilleros de izquierda en Colombia y ha estado luchando con el gobierno colombiano y los paramilitares derechistas por décadas. Mientras que los gobiernos de Estado Unidos y Colombia ven a las FARC como un grupo terrorista, mucha gente en Sudamérica los ven como una fuerza guerrillera popular luchando para cambiar las desigualdades e injusticias grandes que caracterizan la vida en la Colombia de hoy.

Aunque EEUU clasifica a las FARC, otro movimiento de izquierda con el nombre Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a los paramilitares derechistas como organizaciones terroristas, no critica al gobierno colombiano por entrar abiertamente en una alianza con los paramilitares de derecha, que constituyen una de las fuerzas armadas más brutales en el mundo y que son responsable por la muerte de miles de civiles inocente, sin mencionar nada de su envolvimiento masivo en el tráfico de drogas. (Estado Unidos acusa a ambos las FARC y el ELN de traficar en drogas aunque estas organizaciones responden que lo único que hacen es cobrar un “impuesto de guerra” a los traficantes, igual como lo hacen con todos los otros negocios en el área que controlan.)

Al principio, portavoces del derechista presidente colombiano Álvaro Uribe, aliado más cercano de EEUU en Latinoamérica y cuya fuerza de seguridad operan con mucho subsidios estadounidense, afirmaban que habían capturado a Granda en el lado colombiano de la frontera, por fin admitieron que ellos sobornaron a oficiales de seguridad venezolanos para que lo secuestren.

Hugo Chávez, presidente izquierdista de Venezuela, reaccionó con cautela al principio. Aunque Chávez ganó un mandato, el verano pasado, en favor de su programa de redistribución de tierras y otras reformas democráticas radicales, él no tiene ninguna razón para buscar pelea con Colombia, país con el cual Venezuela tiene mucho comercio.

Él también tiene otras razones para ser cauteloso. Chávez tiene poca popularidad dentro de la administración Bush por su amistad con la Cuba socialista. Él también se pone al tal llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y propone una cooperación económica estrecha entre los países latinoamericanos como manera de combatir la dependencia económica de la región en EEUU y las instituciones bancarias mundiales (FMI y Banco Mundial).

También hay que temer el programa de “guerra preventiva” de la administración Bush.

En el 2002 la CIA ayudó organizar y promover un golpe militar contra Chávez que no tuvo éxito debido a que la población y elementos importante de las fuerzas armadas venezolanas no lo aceptaron. Recientemente EEUU ayudó financiar un voto de destitución contra Chávez que falló miserablemente.

Aunque Chávez ganó el referéndum, todavía tiene enemigos internos peligrosos que trabajan las 24 horas del día para minar su gobierno y programa.

EEUU consigue una gran parte de su petróleo de Venezuela y por ende tiene motivación para intervenir y establecer un gobierno favorable a EEUU en Caracas. Parte de la “guerra” contra Venezuela es el acusar a Chávez de apoyar a la guerrilla colombiana. Por esto Caracas actúa con cautela.

Sin embargo, la opinión pública en Venezuela se excita cuando está claro que un poder extranjero está envuelto en tal violación descarada contra la independencia venezolana. El Partido Comunista de Venezuela y otros grupos que normalmente apoyan a Chávez exigieron con palabras fuertes que el gobierno actúe en defensa de la soberanía nacional venezolana.

El 14 de enero el gobierno venezolano retiró su embajador de Bogotá y anunció la suspensión de unas cuantas actividades de cooperación económica entre los dos países, mientras demanda disculpas de Colombia.

El presidente Uribe se negó disculparse y denunció la presencia de Granda en Venezuela, llamándolo un terrorista con el cual ningún país debe tratar. El 15 de enero, William Wood, embajador estadounidense en Colombia, expresó “cien por ciento apoyo” para la posición de Colombia, diciendo que las FARC misma dijo que el gobierno venezolano autorizó la presencia de Granda en Caracas.

Chávez entonces acusó a EEUU de tratar de tomar ventaja de la situación para su política de “dividir y conquistar” y específicamente para poner un obstáculo a la creación de un bloque comercial latinoamericano que substituya al ALCA.

El presidente venezolano dijo, “Sería el colmo que un gobierno salga a apoyar el delito, asumiendo una conducta muy parecida a la de los Estados Unidos, que bombardea e invade pueblos sin respetar la soberanía de nadie”.

Hasta el momento ambos lados están dejando las puertas abiertas a la posibilidad de conversaciones entre los presidentes de Venezuela y Colombia para poder resolver la disputa.