El presidente venezolano y el movimiento de su país a favor de la independencia y la democracia se enfrentan a nuevos intentos de desestabilización. Venezuela, el quinto productor más grande de petróleo en el mundo, se está encarando con una batalla para destituir al presidente Chávez por plebiscito. Como la otra batalla de destitución en, a una distancia de 4.000 millas de Caracas, en California, este intento está tachado por las huellas digitales de la administración Bush.

La oposición doméstica a Chávez – principalmente del sector empresarial venezolano, que cuentan con el apoyo de la Casa Blanca – organizaron un golpe en 2002 fue fracasó, y una huelga y paro empresarial contra la producción de petróleo en 2003. La Casa Blanca se reunió con los dirigentes del golpe antes de su atentado del abril de 2002, y el gobierno estadounidense fue el primero para aclamarlo.

Uno de los dirigentes golpistas, que tendría que bregar con cargos criminales en Venezuela, se fue huyendo rumbo a Miami. Associated Press reporta que “dirigente empresarial Carlos Fernández, líder de una huelga devastadora de dos meses que no pudo sacar a Chávez este año” pretende buscar asilo político.

El 19 de agosto se celebró la mitad del plazo por el cual Chávez fue elegido, y la coyuntura cuando, conforme con la Constitución venezolana, el presidente puede ser destituido de su puesto por un plebiscito. La oposición entregó más de los 2,4 millones de firmas necesarias para que tal plebiscito tome lugar. Pero hay cargos pendientes en en Consejo Nacional Electoral que las firmas recolectadas por la oposición son inválidas.

El vicepresidente venezolano José Vicente Rangel puso una queja con la fiscalía en contra de la organización Súmate, quienes coordinaron la recolecta de firmas al nivel nacional en favor de la destitución. Rangel dice que Súmate violó la ley electoral recolectando las firmas al comienzo de febrero, meses antes de punto intermedio del plazo de Chávez.

Según Rangel, todo el proceso de recoger firmas fue realizado sin la participación del CNE. Rangel hizo llamado para que se realice una investigación criminal de los fondos y actividades de Súmate, que dice que es una organización no lucrativa y no partidaria pero tiene vínculos con la oposición. Una breve investigación en el Internet muestra que Súmate estaba recogiendo firmas en el sur de la Florida en febrero. Está pendiente la decisión del CNE sobre lo de las firmas.

Y pese una declaración fraudulenta que fue emitida a la prensa, El Tribunal Supremo de Justicia ha dictaminado que aunque el plebiscito gane, Chávez puede postularse de nuevo en la elección presidencial que viene en cadena. La oposición se encuentra dividida sobre un candidato.

El embajador norteamericano Charles Shapiro se reunió con el CNE y le ofreció la ayuda de una agrupación norteamericana, La Fundación Internacional de Sistemas Electorales. Chávez criticó fuertemente a Shapiro por haber realizado tal reunión, el 7 de septiembre: “Lo que hizo Shapiro es claramente una injerencia por parte de los Estados Unidos en los asuntos domésticos de Venezuela”. El CNE consiste de cinco personas: Dos pro-Chávez, dos anti-Chávez y uno que se dice “neutral”.

Los sondeos de opinión pública patrocinados por la oposición presentan una perspectiva distorsionada de la popularidad de Chávez. Un equipo que hizo un sondeo dice que Chávez perdería un plebiscito por un margen de dos a uno. Pero según Mark Weisbrot, del Centro para Investigación de Economía y Política en Washington D.C., la mayor parte de la evidencia para tal resultado no existe o es dudosa. Weisbrot dijo que el grupo que hizo el sondeo, GQR/POS, no hizo sus encuestas según las normas de estricta neutralidad y objetividad, a pesar de que los resultados fueron reportados así.

Weisbrot también compara la taza de popularidad de 38 por ciento para Chávez, en plena y masiva campaña anti chavista en los medios de comunicación, con un sondeo recientemente hecho en el Perú, que mostró un nivel de popularidad de solo 11por ciento para el presidente peruano Alejandro Toledo.

La oposición, basándose en el anticomunismo, ataca al gobierno chavista como un intento de recrear a Venezuela como un “estado comunista, estilo cubano”.

La política internacional del gobierno venezolano busca estrechos lazos con Cuba además de otros países latinoamericanos y antillanos. Venezuela está utilizando estos lazos para aumentar su nivel de cuidado médico, sobretodo en los tugurios. El gobierno chavista ha iniciado programas por los cuales médicos y otros profesionales cubanos trabajan en Venezuela proporcionando servicios de salud y pedagogía a los pobres.

El intento de destituir a Chávez viene en un momento cuando se va intensificando la lucha sobre el Área de Libre Comercio de las Américas. El gobierno chavista se opone a este pacto, y a los intentos de las corporaciones norteamericanas de dominar a las economías sudamericanas.