BOGOTA – Sectores poderosos dentro del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez aprueban prácticas atentatorias de los derechos humanos como la desaparición forzada para mantener el status quo, planteó el Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, durante las palabras de instalación del foro sobre la desaparición forzada, por la vida y la dignidad realizado el jueves 21 de agosto en el auditorio de la institución capitalina.

A su vez, el personero distrital criticó que no se observen políticas desde el estado colombiano para avanzar en la superación de este delito de lesa humanidad.

Para el funcionario resulta muy sospechoso que en un país super-controlado, con tantos retenes policiales y militares, las autoridades no se hayan percatado del traslado del dirigente sindical Guillermo Rivera Fúquene, quien fue detenido en Bogotá el 22 de abril y apareció 85 días después torturado y asesinado en un basurero de la ciudad de Ibagué, Tolima. Ante este crimen del sindicalista de la Contraloría Distrital el personero Rojas Birry exigió a las autoridades investigar a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Así como rechazamos en secuestro en todas las movilizaciones y marchas, condenamos la desaparición forzada. En buena la Corte Penal Internacional (CPI) viene monitoreando la situación de derechos humanos de Colombia y se anuncia que más delegaciones internacionales vendrán al país a observar la gravedad del este drama humanitario, sostuvo el personero de Bogotá.

La mesa central del Foro de la personería de Bogotá estuvo integrada por la Dra. María Elena Upegui, delegada de la personería para los derechos humanos; José Corredor, delegado de la Contraloría Distrital; Jaime Caicedo Turriago, concejal de Bogotá por el Polo Democrático; Chaira Rivera, hija del líder sindical inmolado y Jairo Artunduaga, dirigente sindical de la Contraloría Distrital. Entre otros también participaron Sonia Betancur, esposa de Guillermo Rivera Fúquene; Wilson Borja, representante a la cámara por el Polo Democrático y centenares de sindicalistas, defensores de derechos humanos, organizaciones como la Asociación de Familiares de Desaparecidos, el Comité Permanente de los Derechos Humanos y estudiantes.

Chaira Rivera, hija del líder sindical asesinado intervino para agradecer a todos y todas las voces de acompañamiento y solidaridad a su familia. Aseguró que el crimen de su padre hace parte de el plan de exterminio desarrollado por el estado colombiano para acallar a la oposición y sectores disidentes. Esos planes siniestros los aplican organismos de seguridad que buscan aterrorizar y reprimir a la población que se opone al régimen imperante, señaló.

De acuerdo a un documento divulgado por organizaciones participantes, en Colombia en el periodo 2002-2007 se han registrado más de 600 asesinatos contra dirigentes sindicales, sociales y populares, y en lo corrido del año 2008 han sido asesinados 28 dirigentes sindicales; situación bastante preocupante si se considera que las violaciones e infracciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y en especial al derecho a la vida de los sindicalistas se realiza de manera sistemática y continúa, destacándose el ocultamiento y la desinformación por parte de los medios de comunicación masivos, y desconociéndose por parte de los organismos de investigación y control, la participación estatal en varios de estos crímenes de lesa humanidad. El foro programado constituyó un esfuerzo del conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales preocupadas por la situación de persecución, violaciones diarias y flagrantes a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte del estado colombiano y su política de “seguridad democrática”.