Aunque no tiene el mismo sentido de drama de las previas maniobras contrarrevolucionarias en contra del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, como el golpe del 11 de abril 2002 y la campaña de sabotaje en contra de la compañía petrolera PDVSA, las nuevas estrategias invocadas por los oponentes de la Revolución Bolivariana son graduales y se están haciendo casi a espalda de todos.

Se están revelando mientras la revolución se está adelantando. Los salarios suben. Servicios médicos son asequibles a millones que nunca lo tuvieron antes. El analfabetismo fue erradicados.

Después de una campaña de cuatro semanas, 1,6 millones ahora son parte de los “batallones socialistas”, eso es niveles de liderazgo del nuevo Partido Unido Socialista de Venezuela. Más de 5,7 millones están inscrito como militantes.

Un sondeo en julio encontró que que el gobierno de Chávez tenía un nivel de aprobación de 72,1 por ciento. Pero los esquemas de la oligarquía venezolana y sus aliados estadounidenses en contra del gobierno continúa.

Las investigaciones reciente de la abogada norteamericana de descendencia venezolana Eva Golinger que ella presentó ante la Asamblea Nacional de Venezuela. En su presentación, Golinger mostró que la estación radial de propaganda de Estados Unidos otorgó $10 millones a la prensa opositora de Venezuela con el fin de minar el respaldo que tiene el gobierno de Chávez entre la población.

La política de minar el gobierno bolivariano predomina en el estado noroeste de Zulia en la frontera con Colombia. El secesionismo ha sido un factor ahí por más de un siglo. Estados Unidos apoyó complots secesionistas en 1869, 1916 y 1928 con el petróleo como objetivo en las últimas dos. Una invasión de Zulia, de donde proviene casi la mitad de las ventas del petróleo venezolano, era parte del escenario de los juegos de guerra de EEUU y la OTAN en el 2001.

El gobernador de Zulia, Manuel Rosales, fue en contrincante principal de Chávez en las elecciones presidenciales del año pasado. Rosales es un secesionista que han mantenido contacto estrechos con el embajador saliente estadounidense William Bromfield. En junio el ex vicepresidente José Vicente Rangel acusó a Rosales de viajar a Colombia para juntarse con unidades paramilitares derechistas que han desplegado 2.500 tropas en la frontera. Se reporta que estas tropas frecuentemente entran en territorio venezolano.

Jean Carlos Di Martino, alcalde de Maracaibo, capital de Zulia, no está contento con la situación tampoco. En una carta abierta del 22 de julio al ministro de Justicia venezolana y al presidente de la Asamblea Nacional, Di Martino pidió que se investigue la conexión entre el gobierno de Zulia y los paramilitares colombianos.

Secuestros, sabotaje, contrabando, extorsiones, narcotráfico y asesinatos están amenazando con agobiar a Zulia, y los lazos entre la policía regional y los paramilitares colombianos se ven como cosa que pone en riesgo el papel de la policía hacer cumplir con las leyes y alimenta al caos.

Di Martino acusó al gobernador Rosales de depender de su asesor privado de seguridad Henry López Sisco, que fue acusado con la masacre de activistas de izquierda desde el 1982 en adelante. López no se ha visto en público desde junio 2006.

Reportes recientes muestran la inestabilidad que existe en Zulia. Se han encontrado agitadores contra el gobierno hablando con obreros en propiedad de la PDVSA, compañía petrolera del estado. De acuerdo a Gustavo Petro, senador colombiano del Polo Democrático Alternativo, grupos derechistas paramilitares de Colombia han estado trabajando con oficiales disidentes de la PDVSA para pasar gasolina de contrabando a Colombia.

En junio, dos agentes clandestinos de inteligencia asociados con los militares colombianos fueron encontrado asesinados en Santa Bárbara, Venezuela.