LA HABANA (Prensa Latina) - Sin apagar aún la llama guerrerista que encendió en Iraq a espaldas de la comunidad internacional, Estados Unidos parece dispuesto a propagar el virus de la discordia por otras regiones del mundo, como parte de su política de ajuste de cuentas.

Apenas vencido el ultimátum el 1 de julio contra varios países, entre los que figuran 15 de Latinoamérica, para firmar el cuestionado pacto de inmunidad a sus tropas en el exterior, Washington anunció la suspensión de la ayuda militar a los gobiernos que no se plegaron a sus presiones. En la lista negra entregada por la Casa Blanca al Congreso aparecen por América Latina Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Esta vez Washington no perdonó a estrechos aliados en el continente. La preocupación del presidente estadounidense, George W. Bush, surgió después de quedar aprobado hace un año el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que le otorga prerrogativa a este tribunal para juzgar crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad.

Es precisamente Estados Unidos la nación que más conflictos propicia en el mundo, pese a que los tiempos de la guerra fría – según dicen – son cosas del pasado, y militares de ese país están desperdigados por doquier amparados por la doctrina de “seguridad nacional”, patente “Bush”. Unas 120 naciones del mundo suscribieron en 1998 el Estatuto de Roma, mientras Estados Unidos se abstuvo. Con la llegada a la Casa Blanca de Bush es más clara la postura que la primera potencia militar necesita una visa segura para seguir adelante con sus planes hegemónicos.

El hecho de que boinas verdes estadounidenses estén involucrados en cuanto estallido bélico acontece en el orbe, de que tengan bases posesionadas en diferentes enclaves geográficos y “asesores” viajando por todo el globo ha levantado suspicacias en cuanto a los intereses de Estados Unidos de tener carta segura para la impunidad de su gente.

Por eso promovió y – porque no presiona –la firma de acuerdos bilaterales para que sus soldados no sean llevados a la CPI de La Haya, contemplado en un aparte, el artículo 98 del Estatuto de Roma, que da luz verde a “arreglos entre naciones”. Así, el país firmante de la CPI podría acceder luego a actuar incompatiblemente con sus obligaciones internacionales y no dar curso a una solicitud de entrega para el juzgamiento de presuntos imputados en territorio nacional. La fecha tope fijada por el Departamento de Estado norteamericano para obtener la “gracia” fue el 1 de julio.

Al siguiente día, la Casa Oval divulgó la lista con 35 países a los cuales se les retira asistencia financiera para la defensa (15 latinoamericanos). Financiamiento previsto en el Presupuesto de 2003, que en el caso de Latinoamérica ascende a 18 millones de dólares para cubrir gastos de fuerzas armadas extranjeras y otros 613 mil dólares para educación y entrenamiento militar internacional.

Para analistas regionales, esta medida constituye otro ataque y es maniobra de presión del vecino del norte, fruto de la política de chantaje que aplica a las debilitadas economías latinoamericanas, en su afán de imponerse en el mundo unipolar que reina hoy.

Las reacciones de los países castigados han sido disímiles y van desde la retórica de replantear sus lazos con Washington para no perder la ayuda (Perú, Colombia y Ecuador), hasta posiciones de no claudicar a dictámenes foráneos contra la soberanía nacional (Brasil). Ecuador, respondió, por ejemplo, que pese a la represalia, Estados Unidos podría usar las instalaciones militares como la base de Manta. En Perú, el gobierno del presidente Alejandro Toledo apura una fórmula para aplacar el descontento de su socio, mientras el congresista de la opositora Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) Luis González calificó de “imperialismo diplomático” la actitud de Bush hacia América Latina.

Argentina, exenta de firmar el artículo 98 como aliado extra OTAN de Estados Unidos, dejó clara de cualquier forma su posición contraria a otorgar inmunidad en su territorio a militares y funcionarios estadounidenses. Alegó que esa imposición resulta contraria a su política exterior y a la condición de promotor activo para la creación de la CPI.

Al buscar acuerdos para proteger sus fuerzas armadas, “Estados Unidos tiene el síndrome de Pinochet”, sostuvo el canciller uruguayo, Didier Opertti, en alusión a la sanción impuesta a su país. Dijo que su gobierno debe mantener una actitud negociadora en la medida que los principios básicos de negociación sean respetados, al tiempo que descartó la firma de un acuerdo para proteger a militares acusados de crímenes contra la humanidad.

Brasil fue tajante en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando subrayó que un tratado con Estados Unidos sería contrario a la letra y al espíritu del Estatuto de Roma, lo cual “atentaría contra la igualdad jurídica de los Estados”. Recordó asimismo que la asistencia militar de Washington a Brasilia no es significativa. Desde el punto de vista jurídico, Brasil no puede dejar a un lado, por un acuerdo bilateral, una obligación que asumió colectivamente con los países firmantes en el pacto de la CPI, por esa razón no se propone firmar la propuesta de Estados Unidos, reitera la cancillería.

En Bolivia, país que firmó con Bush el amparo a sus militares (artículo 98), está pendiente la ratificación del pacto por el Congreso nacional, lo cual ha levantado una ola de preocupación y rechazo entre organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinos y partidos de izquierda que impugnan la injerencia estadounidense. La razón de última hora es que un supuesto contingente de asesores militares del Pentágono llegará a La Paz en los próximos días para reforzar la presencia castrense en zonas de conflictos como la convulsionada región cocalera del Chapare.

Bolivia es uno de los 22 países que acordó con Washington no enviar a la CPI a sus militares involucrados en crímenes de lesa humanidad y sí extraditarlos a Estados Unidos; sin embargo, firmó el tratado para la constitución del tribunal de La Haya. El jurista boliviano René Blattmann, uno de los 18 magistrados de la CPI, dijo que la actitud del Gobierno es algo así “como borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Para el líder del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex candidato presidencial, Evo Morales, la actitud del Presidente (Gonzalo Sánchez de Lozada) es de “vergüenza, sumisión y servilismo al imperialismo yanqui”.