Segunda de cuatro partes
En marzo del 2003, el Centro para la Integridad Pública publicó el texto de un nuevo proyecto de ley escrito por el departamento de Justicia con el título “Ley para el Mejoramiento de la Seguridad Pública” (llamado por algunos la Ley Patriota II). Este proyecto es sorprendente.
Si entrara en vigencia sería posible que el departamento de Justicia le revoque la ciudadanía a cualquiera, aunque ellos y sus bisabuelos nacieron en el país, si al gobierno no le gusta sus asociaciones políticas. Podría deportar a uno a áreas donde no hay ningún gobierno, tal como Antártica o hasta la luna (actualmente un país tiene que decidir aceptar al deportado).
Aunque público en contra hizo que la administración Bush reniegue la Ley Patriota II (mientras implementan algunas partes), no hay duda de lo que quiere hacer si Bush es reelecto.
Para los que dudan que Bush es peor sobre temas de derechos constitucionales, el horror en los casos de “enemigos combatientes ilegales”, como los prisioneros en Guantánamo y los ciudadanos Yasir Esam Hamdi y José Padilla, debe convencerlos. Estos caso muestran claramente la meta de crear “zonas libre de leyes”, donde el gobierno puede hacer lo que quiera, incluyendo encarcelamiento secretos y hasta tortura y asesinato.
La idea de estas “zonas”, y específicamente el uso ilegal de la base en Guantánamo para este propósito, no es nuevo. Fue inventado por la administración de Bush padre, al empezar los 1990s, para poner los haitianos que se escapaban de Haití. En esa época EEUU estaba apoyando una dictadura militar brutal en Haití y la represión motivaba a gran número de refugiados. Por querer prevenir la llegada de refugiados desesperados (y de color) a EEUU, la administración de Bush padre capturó cientos de personas y se los llevaron involuntariamente a Guantánamo, donde no tenían acceso ni a abogados o los tribunales estadounidenses. El mismo razonamiento que usó Bush padre, lo está usando Bush hijo, que gente en Guantánamo no tienen ningunos derechos porque Guantánamo no es territorio de EEUU.
Además de inventar la categoría sin base legal de “combatiente ilegal extranjero”, la administración Bush creó “tribunales militares especiales” que no es más que una burla absoluta a la justicia. Esto se puede ver en las vistas sobre los presos en Guantánamo, cosa que no hubiera pasado si el Tribunal Supremo no hubiese determinado que Hamdi, como ciudadano, tiene derecho a un juicio y los de Guantánamo tienen derecho de unas vistas para determinar con se tratan.
A pesar de lo que dice el Tribunal Supremo siguen los esfuerzos de evadir la revisión judicial. También está claro que, a pesar de Bush y los suyos tildar a Hamdi, Padilla y los presos de Guantánamo como terroristas tan peligrosos como los que atacaron el 11 de septiembre, mirando a los casos individuos enseña que esto no es verdad de todos. Varios de los prisioneros en Guantánamo fueron puesto en libertad y se devolvieron a sus países. Algunos ha dicho públicamente que fueron torturado en Guantánamo.
El gobierno está negociando con Hamdi que acepte ser deportado en cambio por su libertad. Se el gobierno tuviera evidencia que él era un peligro al país, ni contemplarían esto.
Después de 11 de septiembre, el gobierno ilegalmente encarceló a miles de árabes y musulmanes. Después formaron un “registro especial” para gente de ciertos países, la mayoría musulmanes, y despiadadamente detenían gente que cumplían con el registro por cualquier infracción pequeña de las regulaciones de Inmigración, cosa que anterior se arreglaba con la ayuda de un abogado.
Estas actividades se vieron como tratar de terrorizar a la comunidad musulmana en EEUU. Y eso lo ha hecho. Lo que no hizo fue protegernos del terrorismo.
Los ataques contra los musulmanes no ha parado. En uno de los muchos casos, Ibrahim Parlak, un curdo de Turquía, fue detenido y están haciendo los trámites para deportarlo. El gobierno lo acusó de de esconder su asociación, 20 años atrás, con la resistencia curda contra el dominio turco. Parlak niega haber escondido esta información. Los vecinos de Parlak se han organizado para apoyarlo.
A través del país hay otros casos similares donde gente que no son ciudadanos son arrestados y deportados por capricho de la administración de Bush, con poco o ninguna protección de sus derechos.
Emile Schepers es un veterano en la lucha por los derechos civiles y constitucionales. Se puede comunicar on él al pww@pww.org.
George W. Bush: Un peligro a la Constitución