BOGOTÁ — A las 7:36 PM del 9 de octubre, el presidente Álvaro Uribe decretó que existía un estado de conmoción interior como en los tiempos del estado de sitio. Cumple las órdenes que le dio el más poderoso banquero del país, y cuyas arcas se repletaron en septiembre con sus colegas de cubilete, pasando de 5.300 millones a 8.200 millones de pesos colombianos sus utilidades con respecto a agosto.
El mismo diario El Espectador en su página web, anotó que “la decisión fue sugerida por el más importante banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo”, durante una asamblea a la que asistiera el presidente.
La Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal), que agrupa a los 43.000 trabajadores de la rama judicial que adelantan el paro desde hace más de 40 días, anotó a través de su presidente, Fabio Hernández, que “esta decisión es equivocada porque una conmoción interior no puede ser justificada por un paro laboral, ni tiene relación con el artículo 213 de la Constitución”. El artículo 213 estipula como se puede declarar un estado de conmoción interior.
“Son medidas inconducentes, son determinaciones agresivas y de represión, pero eso fortalece no solamente la dignidad sino la protesta de los trabajadores”, manifestó.
Asonal adelantará reuniones en Asamblea Permanente con el fin de consultar a los trabajadores que piensan de la nueva determinación del Ejecutivo, en torno al cese de actividades de este sector.
El Gobierno en su agresiva respuesta a las justas peticiones de los trabajadores llegó a advertirles que podían seguir en paro hasta el último día de su gobierno antes que pensar en afectar las finanzas públicas hacia el futuro. La última de las propuestas del Ejecutivo contempla un paquete económico de 131.000 millones de pesos, cuando la propuesta de los sindicalistas supera los 600.000 millones.
El sábado anterior al decreto, en un consejo comunitario que pretendía Uribe convertir en una encerrona contra Asonal, el gobierno llegó a hablar de una prima técnica de 20.000 millones de pesos, “cediendo” a las pretensiones de Asonal. Hechas las cuentas, con esta suma solo a cada empleado le corresponderían 20.000 pesos al año. Algo así como para 15 viajes en Transmilenio. Este es el tamaño de las soluciones oficiales.
En el mismo consejo comunitario, pudimos presenciar cómo algunos corajudos magistrados y trabajadores de la rama, le increparon con toda seriedad al presidente su falta de voluntad para llegar a un arreglo, al tiempo que le decían que era mejor recortar algo del 18 por ciento que se lleva la guerra del presupuesto nacional.
“Eso es intocable”, manifestó el presidente.
En la sesión en el Palacio de Nariño de gobierno, el cuestionado ministro del Interior y de Justicia, leyó el decreto que contempla entre otras medidas, el reemplazo inmediato de los jueces y funcionarios que estén en paro a través de nombramientos de facto por parte del consejo superior de la judicatura.
Y de levantarse el cese de actividades, seguirían trabajando para descongestionar los tribunales y juzgados pues ya suman más de 120.000 los expedientes represados.
Con esto el gobierno, en lugar de ofrecer una salida económica aceptable a los servidores públicos lo que hace es echarle mano al presupuesto para ampliar la nómina, en caso de ser levantado el paro. Pero si no, lo que ofrece son despedidos y sanciones. Una política que se ha probado por años no funciona con Asonal, que siempre ha mantenido el espíritu de lucha de su fundador, Jaime Pardo Leal. Pardo Leal fue también candidato a la presidencia por la Unión Patriótica y asesinado por los paramilitares derechistas hace 21 años.
El ministro dejó claro que en los próximos días vendrán más decretos buscando aplastar al movimiento en medio de demagógicas declaraciones de estar por el diálogo. Corresponde hoy más que nunca, redoblar la solidaridad con el justo movimiento de la justicia y poner en su sitio las miserias del régimen. Que está más al servicio de la gran banca que de los intereses populares.
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