GUATEMALA – Reconozco que para un país de alto índice delictivo como Guatemala, donde el “chip” de la violencia está permanente activado, haber permanecido por algo más de dos años sin mayores problemas es todo un récord.

Salvo algunos encuentros con “mareros” de poca monta, porque estos pandilleros juveniles por lo general están armados hasta los dientes y no tienen el menor reparo en llegar al asesinato, mi vida en esta nación, que algunos llaman la Colombia centroamericana, ha transcurrido en calma.

Aunque uno nunca puede saber la hora y lugar exacto del asalto o el crimen, he tenido la suerte de llegar al sitio después del hecho delictivo, cuando aún los cuerpos ensangrentados yacen en el suelo y los agentes policiales recién inician las investigaciones.

Sin embargo, mi última experiencia cuando fui interceptada por dos hombres con una historia muy extraña y peor hilvanada me hizo pensar que los desconocidos me detuvieron con no muy buenas intenciones.

El hecho de que mi profesión me hiciera seguir el acontecer nacional informativo que da sobrada prioridad a hechos de sangre, me hizo sospechar de ese “modus-operandi,” utilizado fundamentalmente con mujeres solas a las que, bajo engaño, llevan a lugares apartados para extorsión y que muchas veces termina en crimen.

El lugar transitado donde me encontraba actuó a mi favor y pude escabullirme, dejando de lado mi curiosidad periodística porque, en este caso, fue mejor ni tratar de averiguar cuáles eran las reales intenciones.

Y es que en la capital de Guatemala, de acuerdo con las más recientes estadísticas publicadas en la prensa local, el promedio de 24 homicidios mensuales que existía a inicios de este año se ha ido incrementando de forma preocupante.

En mayo esa cifra se elevó a 35 y en agosto el número de muertos llegó a 36, y todo ello pese a los operativos policiales que no parecen reportar beneficios en lo que a seguridad ciudadana se refiere, una de las principales promesas electorales del actual gobierno y que sigue incumplida.

Las mismas fuentes indicaron que en todo el territorio nacional se registraron en agosto 139 muertes por causas violentas, como asaltos, ataques armados y de mareros.

Un columnista del vepertino La Hora comentaba recientemente el tema y hacía particular énfasis a titulares de días anteriores, según los cuales hasta un teléfono celular puede ser bien en este país una razón de crímenes.

“Saber que el celular se volvió un artículo causante de muertes en Guatemala, da una idea del drama por el que está pasando nuestra sociedad porque por uno de ellos, la mayoría patojos (adolescentes)- delincuentes, no se tientan el alma para enviar la de cualquier parroquiano hacia lo desconocido,” comentaba.

No por gusto en todas las encuestas realizadas en el país, el tema de la inseguridad se ubica siempre en los primeros lugares de preocupación de los guatemaltecos y no pocos ciudadanos, en programas radiales de participación que han abordado el asunto, confiesan el temor de que, al abandonar sus casas, no saben si podrán retornar.

Y es que, aunque suene dramático, razones hay para preocuparse: sólo en agosto -de acuerdo con datos oficiales- se reportaron 109 asaltos en la capital que afectaron a viviendas, personas, vehículos y negocios, cifra en aumento si se compara con las 102 denuncias formuladas en junio y las 108 de julio.

Justamente el tema de la inseguridad es una constante en los informes de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), como cuestión con latente atraso en su cumplimiento dentro de los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de 1996.

La entidad de ONU ha expresado su preocupación por la falta de recursos financieros que requiere el Ministerio de Gobernación y sus dependencias para lograr un buen funcionamiento, así como problemas de abuso de autoridad y corrupción detectada dentro de ellas, en especial en la Policía Nacional Civil.

Uno de los problemas más procupantes para la población es el incremento de las maras, pues hoy se calculan en unas 300, las cuales han logrado aglutinar a 200 mil jóvenes. Si bien se asegura existen en todo el país, su mayor concentración es en la capital y seis municipios periféricos, además de Villa Nueva y Amatitlán.

Surgidos en los años 80, estos grupos han alcanzado un notable crecimiento y perfeccionamiento de sus técnicas criminales, aprendidas muchas – paradójicamente – en cárceles y centros correccionales.

Además de las acciones delincuenciales propias, son utilizados por el crimen organizado, aprovechando que la mayoría de sus miembros son menores de edad.

La ausencia de una efectiva estrategia oficial para el combate a la violencia ha hecho que ésta adquiera ribetes alarmantes y acentuado esa sensación de indefensión entre los pobladores, una preocupación adicional a las de carácter económico que agobia su cotidianidad.