En su informe 2009 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, Human Rights Watch recomienda Barack Obama revisar sus alianzas con gobiernos que están violando los derechos humanos. Incluye al de Uribe por obstruir las investigaciones de parapolítica.

En su informe mundial sobre derechos humanos, la prestigiosa organización Humans Rights Watch le recomienda presidente de EEUU “volver a evaluar las relaciones entre su país y ciertos gobiernos cuya importancia como aliados estratégicos o aliados en la lucha contra el terrorismo llevó a que la administración Bush desestimara sus graves violaciones”.

Entre los ejemplos de estos gobiernos aliados están el de Etiopía por sus atrocidades en Ogaden y Somalia; el de Pakistán cuyos militares torturan y desaparecen personas; el de Egipto que obstruye a la oposición, y el de Israel que apela al castigo colectivo para responder a los ataques de los palestinos contra sus civiles.

En la lista de los gobiernos abusivos, HRW incluyó también al de Colombia “porque obstruye las investigaciones de vínculos entre altos funcionarios del gobierno y las fuerzas paramilitares asesinas”.

Recomienda HRW que “el gobierno de Estados Unidos use su gran palanca económica para empujar a sus aliados cercanos a que terminen con estos abusos”.

El capítulo sobre Colombia, de siete páginas, hace énfasis en este punto. “Las instituciones de justicia de Colombia han empezado a progresar en el destape de la verdad sobre las violaciones de los paramilitares y sus cómplices. Pero en 2008, el gobierno de Álvaro Uribe en repetidas ocasiones tomó medidas que podrían obstaculizar las investigaciones”.

Citó entre estas medidas, las continuas acusaciones personales contra los magistrados de la Corte Suprema que terminaron sin piso, en lo que ha aparecido como una campaña para desacreditar a la Corte. Así mismo, da cuenta de las iniciativas de reforma constitucional que le hubieran quitado la jurisdicción a la Corte para investigar los casos de parapolítica, y la que hundió la norma de la “silla vacía” que buscaba sancionar a los partidos que perderían las curules de los miembros que resultaran en la cárcel con graves acusaciones de parapolítica.

Si bien el informe resaltó los golpes que le propinó el gobierno a las Farc, aseguró que estas seguían cometiendo violaciones contra los derechos de las personas como el secuestro, el uso de minas antipersona y el reclutamiento de niños combatientes. Las cifras de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia indican que para septiembre de 2008, ya 153 civiles habían sido víctimas fatales de estas minas.

Así mismo dijo que los grupos que han sucedido a los paramilitares (los cuales, según HRW, nunca se desmovilizaron del todo), han ido aumentando su actividad criminal y han amenazado civiles, y asesinado líderes sindicales y defensores de los derechos humanos. Cita a la Misión observadora de la desmovilización paramilitar de la OEA, para decir que hay 22 grupos paramilitares activos con miles de integrantes por todo el país.

También informa que si bien los asesinatos a sindicalistas habían venido bajando, este año volvieron a subir y para octubre ya habían sido asesinados 41 sindicalistas. Asegura que debido a la presión del Congreso de Estados Unidos, la impunidad de estos crímenes es menor y en 2008 hubo 53 condenas a los responsables de este delito.

Dice así mismo el reporte, que las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública siguen siendo frecuentes y que actualmente la Fiscalía está investigando más de mil casos denunciados. “El Ministerio de Defensa ha emitido varias directivas afirmando que este tipo de muertes no son permitidas. Pero estas directivas han sido socavadas por las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Uribe, quien por años ha negado que el problema exista y ha acusado a los defensores de derechos humanos que denunciaban estas muertes como cómplices de las guerrillas en su campaña para desprestigiar a los militares”.

Además denuncia que los desplazamientos forzados de la población civil han venido aumentando de nuevo y que en 2008 “el número de personas afectadas por este fenómeno puede haber alcanzado su mayor nivel en décadas”.

Según cifras de la Ong, Codhes, en el primer semestre de de 2008 más de 270 mil personas fueron obligadas a abandonar sus hogares a la fuerza por actores armados, y esta constituye la cifra más alta en 23 años, con un 41 por ciento de aumento frente al mismo período en 2007. Reconoce, sin embargo, que el gobierno ha empezado a desarrollar programas para proteger a las mujeres desplazadas, según lo había ordenado la Corte Constitucional en 2004.

Tomado de pacocol.org