Segunda de dos partes
Prensa Asociada — Las violaciones a las leyes de inmigración son consideradas delitos comunes, equivalentes a una infracción de tránsito, por lo que el gobierno puede detener a los indocumentados sin que éstos tengan la protección de muchos de los derechos conferidos a los delincuentes: no hay abogados de oficio para los que no tienen medios, no hay habeas corpus — el derecho de un preso a comparecer de manera inmediata ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue legal — y pueden ser juzgados más de una vez por el mismo delito después de haber sido hallados inocentes.
“Se detiene a la gente sin siquiera una audiencia judicial”, dijo Rabinovitz. “Para mí, eso es un escándalo ¿Desde cuándo permitimos que se encarcele a alguien sin hacerle siguiera una audiencia para determinar si puede salir en libertad bajo fianza?”.
La mayoría de los inmigrantes detenidos enfrentan el complejo sistema legal estadounidense sin un abogado. El 58 por ciento de los extranjeros que sobrellevaron procesos con el sistema de inmigración en el año fiscal 2007 lo hicieron sin asesoría legal, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración, una rama del Departamento de Justicia.
Aún quienes cuentan con un abogado, no pueden hacer mucho si es incompetente. En una de sus últimas medidas como secretario de Justicia del gobierno de George W. Bush, Michael Mukasey puso fin a un viejo precedente y determinó que los extranjeros, a diferencia de los delincuentes, no pueden apelar los fallos con el argumento de que no recibieron buena asesoría legal.
El ICE arguye que los indocumentados son quienes deciden si permanecen presos o no, pues quedan libres si aceptan ser devueltos a sus países. “Ellos deciden apelar, lo que es su derecho” y seguir entre rejas, afirmó Bassett.
El ICE tiene poderes absolutos. Puede demorar la deportación de alguien, incluso si ya hay una orden, y mantener detenidos a extranjeros que ganaron sus casos, mientras apela el fallo.
En 2007, un juez de inmigración dictaminó que Samuel Kambo, un ex ministro de Energía de Sierra Leone que tenía maestría y ningún antecedente penal, debía recibir la residencia permanente tras estar preso ocho meses. El ICE, sin embargo, lo mantuvo detenido mientras apelaba el fallo. Kambo fue liberado finalmente cuando sus abogados arguyeron que la posición del ICE violaba la constitución.
Los defensores de los inmigrantes dicen que el ICE encarcela a los extranjeros que no han cometido delitos a pesar de que hay otras alternativas, por una simple razón: intimidar a la gente.
“Cuando pasas semanas y meses preso, disminuye tu determinación a pelear los cargos”, dijo Judy Green, de Estrategias para la Justicia, organismo independiente especializado en temas carcelarios. El objetivo es “ejercer una presión intensa sobre los presos para que acepten ser deportados”.
El ICE afirma que los indocumentados no se presentan a las audiencias ni se van del país cuando son expulsados si no son encarcelados. Aproximadamente un tercio de los indocumentados liberados que no portaban brazaletes electrónicos no se presentaron a los tribunales en el año fiscal 2007, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de la Inmigración.
Entre 95 por ciento y 97 por ciento de los que tenían orden de deportación y no portaban monitores no se presentaron para ser trasladados a sus países. Por ello los partidarios de mano dura dicen que es importante meterlos presos.
Los brazaletes, sin embargo, han demostrado ser muy efectivos. El 99 por ciento de quienes los usan se presentan a sus audiencias judiciales. Sólo 5 por ciento de los que enfrentan la deportación no aparecen en la audiencia final, según estadísticas del ICE.
El organismo dice que el 94 por ciento de las personas expulsadas que usan brazaletes se van del país cuando han agotado todas las instancias legales.
El Instituto de Políticas Migratorias recomienda el uso de brazaletes electrónicos en lugar de la detención de indocumentados que no tienen antecedentes delictivos o que han cometido infracciones menores y no son considerados un riesgo para la comunidad.
