El 13 de marzo introdujeron los representantes Luís Gutiérrez (demócrata por Illinois) y Jeff Flake (republicano por Arizona) una nueva propuesta migratoria integral, el proyecto de ley “Seguridad por Inmigración Regularizada y una Economía Vibrante” (STRIVE, por sus siglas en inglés), HR 1645. El proyecto ya tiene 29 copatrocinadores iniciales, incluyendo tanto a demócratas liberales como republicanos conservadores.

Sus provisiones generales se parecen a las de la propuesta “Norteamérica Segura” introducida durante la sesión pasada, también conocida como la Ley McCain-Kennedy, ya que hace cambiar la legalización de los 11 a 12 millones de inmigrantes indocumentados por medidas de control migratorio nuevas y más rigurosas, además de un programa de trabajadores huéspedes, en la esperanzas de poder conseguir un consenso bipartidista para su aprobación.

Trajeron las elecciones de noviembre mayorías demócratas insuficientes en si mismas como para sobrepasar un veto presidencial o para evitar un bloqueo del debate por parte de los republicanos en el Senado, y por eso hay trato bipartidista.

Aunque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California), y varias organizaciones involucradas en el debate sobre los derechos de los inmigrantes se mostraron complacidos hasta cierto punto con la medida como “buen comienzo”, expresaron otros fuentes dentro del movimiento pro derechos de los inmigrantes su preocupación de que van mucho más allá de lo aceptable las concesiones a los republicanos en materia de “seguridad” y trabajadores huéspedes.

Al igual que bajo la propuesta McCain-Kennedy, para calificar por la residencia permanente tendrían los inmigrantes indocumentados que quedarse bajo un status provisional durante seis años, pagar $2.000 de multas y cuotas (de las cuales estarían exentos los menores de edad), aprender el inglés, seguir trabajando y comprobar la ausencia de antecedentes penales. Además, a ese punto para solicitar la ciudadanía tendrían que salir de EEUU y luego regresar de nuevo legalmente.

No pudieran participar las personas con antecedentes penales graves, pero esto no se aplicaría a las ofensas migratorias. Pudieran participar algunos que ya están bajo órdenes de deportación.

Sugieren los patrocinadores que bajo la ley se aumentaría el número de visas de trabajo y visas de unidad familiar permanentes para autorizar una cantidad suficiente de tarjetas verdes como para absorber a toda la gente que haría la transición de este status provisional a la residencia permanente. Sin embargo, para saber en realidad va pasar esto o no hace falta un análisis más detallado de los números.

Pero, no pudiera comenzar este programa hasta que no “certifique” el gobierno a la frontera como “segura”, cosa que muchos consideran como condición imposible.

El nuevo programa de trabajadores huéspedes, con unos 400.000 lugares iniciales, sería casi igual que bajo la propuesta McCain-Kennedy, salvo que los participantes ya pudieran cambiar de trabajos, pero solamente si el nuevo trabajo también está con un patrón certificado en el programa. No pudieran quedarse sin trabajo por más de 60 días los “trabajadores huéspedes” sin tener ser obligado a salir del país. Pudieran sus patrones pedir permiso para poner sus trabajadores huéspedes en camino a la residencia permanente, y luego de cinco años pueden estos pedirlo de su propia cuenta, pero las “inscripciones” son de tres años de duración, así que solo pudieran solicitar la residencia permanente durante su segunda “inscripción”.

Entre los nuevos mecanismos de control hay penalidades criminales fortalecidas para los futuros inmigrantes indocumentados que evaden a las órdenes de salir o que presentan información falsa con fines de conseguir trabajo, así como a los patrones de trabajadores indocumentados y a los “coyotes” involucrados en el tráfico humano. Se les obligarían a los empleadores en etapas comenzando con las empresas más grandes a participar en el sistema poco funcional y muy criticado de verificación digital de los números de Seguro Social de solicitantes de empleo. Les estarían autorizados explícitamente a la policía estatal y local ayudar en la aplicación de las leyes migratorias. Se fortalecerían a los recursos para la aplicación de la ley.

Van incorporadas en esta nueva legislación tanto la ley DREAM que permitiría a los estudiantes inmigrantes indocumentados obtener una educación universitaria, como la ley AGJobs, que proporciona a los trabajadores inmigrantes base legal como para trabajar en la agricultura.

Mientras tanto en el Senado, según reportes mediáticos, han fracasado las negociaciones entre los ex copatrocinadores de la propuesta McCain-Kennedy en la última sesión, y se reporta que el senador Kennedy introducirá su propia propuesta. También se puede introducir a otra legislación en ambas Cámaras.

Ya se están movilizando muchas organizaciones pro derechos inmigrantes para llevar a cabo más acciones de masas, incluyendo marchas, protestas y boicots con fines de tratar de presionar al debate en el Congreso en una dirección progresista.