En medio de una campaña maliciosa antiinmigrante de parte de la ultraderecha, un grupo bipartidista en el Congreso introdujo un nuevo proyecto de ley con motivo de reestructurar nuestro sistema de inmigración, bregando simultáneamente con las necesidades de los indocumentados y las preocupaciones de seguridad contra el terrorismo.

El proyecto, titulado en inglés “The Secure America and Orderly Immigration Act of 2005” (S-1033 en el Senado y HR 2330 en la cámara baja), fue introducido por los senadores Edward Kennedy (demócrata por Massachusetts) y John McCain (republicano por Arizona), y en la Cámara de Representantes por Jim Kolbe (republicano por Arizona) y Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois). Hasta el momento tiene el apoyo de seis senadores y nueve representantes. Este apoyo está muy debajo del número necesario para que el proyecto de ley consiga vistas públicas, sin decir nada sobre lo necesario para entrar en vigencia. Aunque algunos grupos laborales y comunitarios han anunciado que trabajarán para que pase, notablemente el sindicato SEIU, se espera que exista alguna controversia y presiones para enmendarlo.

La cosa más positiva para los activistas laborales y por los derechos de inmigrantes es que la ley permitiría que los inmigrantes indocumentados que actualmente viven y trabajan en Estados Unidos puedan al fin y al cabo legalizarse. Se le permitiría participar en el nuevo programa de visa temporera H-5B, y después de seis años solicitar la residencia permanente, por la cual tendrán que pagar $2.000 como multa por haber estado aquí sin autorización previa, más ser investigado por cuestiones de seguridad.

Miembros de su familias dependientes pueden acompañarlos en este proceso. Este proceso es más estricto que los que habían en otros proyectos de legalización de inmigrantes indocumentados. Pero esos proyectos fueron introducidos, y fallaron, cuando los republicanos no controlaban la Casa Blanca, los tribunales y ambas cámaras del Congreso, y no había el alto nivel de histeria y agitación antiinmigrante como hoy.

De acuerdo a los que apoyan el proyecto se le han puesto nuevas restricciones para los inmigrantes para conseguir votos de los republicanos, cosa que es necesaria para que pase el proyecto.

El proyecto tiene otros elementos que pueden ser controversial. El más controversial de estos es el programa de trabajador huésped, que permitiría al país unos 400.000 trabajadores huéspedes para laborar en empleo de poca habilidad cada año, como posible ajustes al número dependiendo de la necesidad en el mercado laboral. De acuerdo al proyecto de ley habrán protecciones para que este programa no desplace a trabajadores estadounidenses o conlleve a la superexplotación de los trabajadores huéspedes como pasó con el viejo programa Bracero.

Estas protecciones incluye derechos sindicales y el anunciar los empleos a los trabajadores estadounidenses ante de recurrir buscar otros. Supuestamente los trabajadores huéspedes podrán dejar un trabajo que no sea satisfactorio, pero serán deportado si no consiguen uno dentro de 60 días. Al fin de dos periodos de tres años cada uno como trabajadores huéspedes, los trabajadores y sus familias estarán elegible para solicitar la residencia permanente, que al fin y al cabo llega a la ciudadanía.

Activistas sindicales y comunitarios trabajando por los derechos laborales de los inmigrantes están de acuerdo que la situación actual es intolerable y está empeorando.

Hay unos 12 millones de inmigrantes indocumentados en este país, y miles entran por la frontera estadounidense con México cada año, producto de la pobreza creciente en México y otros países, resultado del imperialismo y la globalización corporativa. Cientos mueren en los desiertos tratando de llegar a EEUU cada año.

Progresistas que apoyan al proyecto Kennedy-McCain dicen que sin apoyo republicano, nada puede pasar en el Congreso actualmente, y que esto significa que se tiene que avenirse. Otros piensan que se debe luchar por el HR 257 — un proyecto de ley que otorga la amnistía sin un componente de trabajadores huéspedes, que fue sometido por la congresista demócrata Sheila Jackson Lee de Tejas.