Por una estrecha margen, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (JNRT) decidió por un voto de 3 a 2 el 3 de octubre quitarle el derecho a sindicalizarse a millones de trabajadores. La decisión, por un voto de tres a dos, fue tomado el 3 de octubre.
La JNRT decretó que trabajadores que tengan aun los más mínimos deberes de supervisión, como son las enfermeras que muy de vez en cuando dirigen a sus compañeras de trabajo a pacientes en una institución de salud intensivo durante un turno de trabajo, pueden ser clasificadas como “supervisores”, y por ende no tener el derecho de integrarse a una unión de trabajadores.
El fallo, que se conoce como la “decisión Kentucky River”, bien pueda ser aplicado a trabajadores en una amplia gama de industrias, incluso ventas al detalle, fábricas, construcción, minería y otros oficios especializados.
Los tres miembros de la JNRT que votaron a favor de la decisión son todos republicanos.
En su opinión disidente los miembros de la JNRT Wilma B. Liebman y Dennis P. Walsh, ambos nombrados a la JNRT bajo el gobierno de Clinton, escribieron que “La decisión de hoy amenaza con crear a una nueva clase de trabajadores bajo la ley laboral federal: trabajadores que ni tienen los privilegios genuinos de administración ni los derechos legales de los empleados ordinarios. Bajo esta categoría puedan caer la mayor parte de los profesionales (entre muchos otros trabajadores) que ya para el año 2012 pueden ser de casi 34 millones, formando un 23.3 por ciento de toda la fuerza laboral”.
La reacción de John Sweeney, presidente de la AFL-CIO, fue rápida y cortante, “La decisión de hoy es la última de las maniobras legales de la JNRT de Bush, para negarle a cuantos trabajadores puedan su derecho básico de tener una voz en el trabajo y de mejorar sus niveles de vida por medio de su sindicato”.
“En el curso de los últimos años la JNRT ha ido atacando poco a poco a este derecho limitando a los trabajadores incapacitados, a los asistentes de profesores, a los trabajadores temporales y a otros la elegibilidad a sindicalizarse”, dijo Sweeney. “Ahora, en el mismo momento que necesitan más y no menos ayuda los trabajadores de clase media, la JNRT está dando libre curso a sus ataques”.
El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, por sus siglas en
inglés), que representa a 84.000 enfermeras en 23 estados, ha advertido que la decisión pudiera socavar la calidad del cuidado de salud. La decisión de la JNRT “mina los esfuerzos por parte de las enfermeras a dirigirse a la escasez de personal de enfermería uniéndose en el trabajo para mejorar las condiciones de trabajo y las normas de cuidado a los pacientes. Con una población creciente que a la vez se envejece, el departamento de Trabajo de EEUU proyecta que harán falta a 1,2 millones de enfermeras tituladas para llenar vacantes, tanto nuevos como existentes”.
Mary Kay Henry, vicepresidente ejecutiva del SEIU, dijo que “los fallos de la administración Bush son malos para las enfermeras y para sus familias, malos para los pacientes, y llegan en un momento cuando ya estamos luchando para convencer a enfermeras a que regresen al cuidado de pacientes para proporcionar el cuidado de calidad que merecen nuestros pacientes”.
Un estudio divulgado en marzo por el Instituto de Investigaciones sobre Políticas de la Mujer indicó que las enfermeras no sindicalizadas son pagadas un 13 por ciento menos que sus contrapartes sindicalizadas, y que en algunas ciudades la diferencia ha llegado al 28 por ciento. Concluyó el estudio que el pago inadecuado y las condiciones difíciles de trabajo hacen correr del ramo de cuidado de pacientes a las enfermeras.
Rose Ann DeMoro, directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeras de California [CNA, por sus siglas en inglés], dijo al San Francisco Chronicle, “En California, cualquier patrón que esté tan loco como para forzar a una enfermera a abandonar un contrato estaría en guerra con nosotros”. Denunció la CNA a la decisión de la JNRT como un “asalto fundamental contra la democracia y la seguridad de los pacientes”, y declaró que las enfermeras estarían listas para ponerse en huelga por defender a sus derechos.
La decisión de la JNRT fue aplicada a un caso de enfermeras que trabajan en el Hospital Oakwood Heritage, un centro de cuidado intensivo de Taylor, Michigan.
En dos casos distintos, uno de “mandos” [lead persons] en una fábrica de metales en McComb, Mississippi, y el otro de enfermeras en una institución de cuidado prolongado en Hibbing, Minnesota, la JNRT decidió que los patrones no habían comprobado que tales personas son en realidad supervisores en el sentido de ejercer un juicio independiente.
El mismo día que emitió la JNRT sus decisiones, Trabajos con Justicia, una coalición sindical-comunitaria, inició una carta en línea dirigida a congresistas llamando a la acción legislativa para oponerse a estos fallos.
La decisión de la JNRT , dijo Trabajos con Justicia, “expande de manera significativa la definición y permite a los patrones transformar en supervisor a cualquier trabajador que posee autoridad para asignar o dirigir a otro y que usa juicio independiente”.
Dijo Leo Gerard, presidente del Sindicato de Obreros Siderúrgicos, “Lo que nos queda a los miembros de nuestro sindicato es un desafío político: contraatacar de inmediato animándoles a los votantes en estas elecciones bienales de noviembre a que pidan cuentas a estos legisladores que ayudaron a darnos esa Suprema Corte y esa Junta pro corporación”.
Junta laboral restringe derechos sindicales