PITTSBURGH - La sala se puso en silencio mientras relataba su historia: Leila Concepción pagó $15.000 para venir a Estados Unidos para trabajar como maestra. Fue dolorosa su decisión de abandonar a su patria, las Filipinas, y a dejar a su familia con la deuda.

Cuando por primera vez pisó suelo norteamericano, la agencia de empleo la dijo que tuvo que pagar una nueva ronda de cuotas o si no, no iba conseguir trabajo. Y no fue solamente ella la que andaba con una visa H1-B. Habían otros.

"Nos obligaron a firmar un contrato. No nos dejaron otra opción más que firmar", dijo ella a la Junta de Derechos Laborales constituida en el congreso reciente de la AFL-CIO en esta ciudad. Investigaba la mesa de derechos el impacto del sistema de inmigración norteamericana a los derechos de los trabajadores.

"Con todo el estrés que tuve que pasar", hasta comienzo a temblar cuando lo recuerdo todo, dijo Concepción. "Esa agencia me demandó", dijo entre lágrimas y con su voz temblando.

"Me acosaba por teléfono los reclutadores de la agencia. Me dijeron que no puedo ingresar en ninguna organización, especialmente la AFT (Federación Norteamericana de Maestro). De parte de todas las victimas, apeló a que trabajen colectivamente para poner fin a las agencias explotadoras que se burlan de la ley norteamericana".

Concepción era una de cuatro trabajadores "huéspede" que ofrecieron testimonio sobre su experiencia de pagar cuotas estratosféricos para conseguir una visa temporal de trabajo, y una vez llegados a EEUU, encontrarse esclavizados por deuda a agencias desreguladas y a patrones inescrupulosos.

Suelen calificarse las visas temporales para profesionales, trabajadores altamente calificados y trabajadores del campo como programas de "trabajadores huéspedes". El ex secretario del Trabajo, Ray Marshall, dice que estos programas poseen "una atractiva superficial como medida para reducir situaciones de escasez temporal de trabajadores".

Sin embargo, los maltratos sufridos por estos trabajadores están bien documentados.

Además de eso, está saliendo a luz más evidencia de que algunas de las corporaciones más grandes utilizan a estos programas para rebajar sus costos laborales, aumentar sus ganancias y a la vez minar los derechos laborales de todos los trabajadores norteamericanos, derechos alcanzados con lucha y sudor.

El movimiento sindical una reforma migratoria integral que incluya una vía hacia la legalización y la ciudadanía, reunificación familiar y derechos civiles y laborales para todos. Algunos sectores empresariales también apoyan a la legalización.

Pero, el punto de partida entre trabajadores y empresarios es la cuestión de "trabajadores huéspedes".

En un documento titulado "Inmigración para una prosperidad compartida" publicada por el Instituto de Política Económica, organismo apoyado por los sindicatos, aboga Marshall por el "mejoramiento, pero no la expansión" de "programas de trabajadores temporales contratados".

Él también está abogando a favor de una comisión para que investigue para qué tipo de trabajo necesitamos trabajadores temporales y huéspedes y hacer recomendaciones al Congreso sobre cuantas visas anuales se debe otorgar.

Previamente este año las dos federaciones sindicales nacionales, la AFL-CIO y Cambio para Vencer acordaron tener una posición conjunta sobre a la reforma migratoria, incluso sobre trabajadores huéspedes.

Las asociaciones patronales, incluyendo la Cámara de Comercio de EEUU, los Contratistas Generales Asociados de Norteamérica, la Asociación Internacional de Parques de Diversión y Atracciones, la Asociación Nacional de Inmobiliarios, la Asociación de Empresas Camioneras, la Asociación Norteamericana de Hoteles y Alojamientos, y la Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas y Maquinaria se han reunido para formar grupos de cabildeo como la Coalición Mano de Obra H-2B y la Coalición por la Inmigración de Trabajadores Esenciales para ejercer presión a favor expansión de los programas de trabajadores huéspedes y otras reformas migratorias que promueven los intereses de las corporaciones.

Debido a los elevados márgenes de ganancias que ofrecen estos programas migratorios, gozan estos de gran popularidad entre los patrones. Opinaba recientemente el Wall Street Journal a favor de aumentar la cuota de visas H1-B, ahora limitada a 65.000, aun después de que el Journal había publicado un reporte de primera plana alegando que miles de visas H1-B aun quedan disponibles.

Saket Soni, director ejecutivo del Centro Obrero de Nueva Orleáns por la Justicia Racial, ofreció su testimonio a la junta de derechos de la AFL-CIO sobre un patrón que decidía explotar a los trabajadores extranjeros para oponerlos a los trabajadores norteamericanos.

En Tennessee, un contratista laboral, Gary Lang, juró al gobierno norteamericano que no pudo encontrar a trabajadores estadounidenses para trabajar en su compañía, Cumberland Environmental Resources, Incorparado. Así fue como Lang importaba a trabajadores con visas H-2B. Estos trabajadores del Perú, de Bolivia, El Salvador y Costa Rica pagaron miles de dólares en cuotas de reclutamiento a los agentes de Cumberland para venir a trabajar.

Pero luego de llegar, estos tuvieron que esperar semanas y hasta meses para el trabajo prometido. Por fin, Lang les contrataba a los trabajadores con patrones por todo el sureste de EEUU. Los trabajadores huéspedes de Cumberland trabajaban en la base aérea Maxwell en Alabama, Camp Le Jeune en Carolina del Norte, en el Hospital Vanderbilt de Nashville, Tennessee, en la Universidad de Kentucky y en otros hospitales y universidades por toda la región.

Cuando por fin los trabajadores decidieron organizar para enfrentarse a Cumberland, la empresa tomó represalias amenazándolos con despidos y deportación.

Dijo Soni que los trabajadores y sus partidarios iban de puerta en puerta hablando con trabajadores desocupados. "Cada uno de ellos quería trabajar con Cumberland. Todos los trabajadores norteamericanos preguntaban, "¿Qué puedo hacer para ayudar? Estos no son los que nos están quitando los empleos".

Los trabajadores temporales hasta encontraron a un hombre afronorteamericano que juraba que Cumberland no lo quiso contratar.

Dice Soni que cree que la administración Bush estableció una "política pública" de contraponer trabajadores extranjeros a los trabajadores norteamericanos y que el sistema actual de trabajadores huéspedes divide a la gente en una carrera interminable "hacia el fondo".

Foto: Leila Concepción testimonio de la AFL-CIO de los Derechos de los Trabajadores en la Junta de Pittsburgh, 14 de septiembre, con los trabajadores huéspedes. Teresa Albano/Mundo Popular