PHILIPPI, Virginia Occidental — “No tengo palabras, ninguna palabras”, dijo una mujer de Philippi al salir del funeral para David Lewis de 28 años, uno de los mineros muerto en la Mina Sago el 2 de enero. “Pero esto sí diré. Tenemos que hacer todo lo tenemos que hacer, lo que tome, para proteger a nuestros mineros. Lo que tengamos que hacer”.

Los autos estaban alineados en la estrecha carretera al frente del funeral Stemple y Forman mientras más de 130 familiares, amistades, residentes de la comunidad y del sindicato Mineros Unidos de América (UMWA), acompañaron los sentimientos de la familia. No hubo ningún representante de la corporación International Coal Group (ICG), dueños de la Mina Sago.

La prensa estaba acordonada a un lado mientras la gente salían del funeral, las caras mojadas de lágrimas, con sus frentes altos en camino a los carros, para enterrar a los restos de un padre de tres hijas, un hombre que proveyó alimento para una vecina — madre soltera que estaba tratando de sobrevivir — un hombre que estaba encantado con la vida rural de este estado. Fue un retrato de dolor, fuerza, solidaridad y determinación. Fue una escena que se repitió doce veces mientras las familias enterraban a sus padres, esposos, hermanos, hijos, tíos, compañeros de trabajo y vecinos.

Los 12 mineros que murieron estaban minando el carbón que mantiene a la electricidad llegando a los hogares a través del país y las ganancias a los bolsillos de la ICG. Solo uno de los 13 en ese equipo sobrevivió pero está en condición crítica.

“No tenemos protección para nuestros obreros”, dijo un John Bennett, con tristeza e ira, al programa ‘Today” de la NBC. “Mi papá llegaría a casa de noche y me decía que peligrosa estaba la mina. Necesitamos traer a [sindicato] Obreros Unidos de la Minas de nuevo a estas minas de carbón para protegerno [contra] estas violaciones de seguridad, para proteger a los trabajadores. Ahora tienen que trabajar en condiciones peligrosas. Por eso es que tenemos a 12 hombres muertos en la morgue ahora mismo, junto con mi padre”.

El minero veterano, Nick Paglia, voluntario entrenando en rescate en las minas de Stewardsville, Ohio, “Un minero no tiene ningún respaldo. Si tu abres la boca, sin una unión laboral, no tiene respaldo”.

Pasaron 12 horas desde la primer explosión antes de que equipos de rescate empezaron a buscar por los mineros atrapados. Escritos de los muertos muestran que pasaron 10 horas antes de que murieron.

Según reportó el diario Chaleston Gazette, el número de equipos de rescate bajó 10 por ciento entre el 2000 y el 2002. Es un sistema que está roto.

Notando que 90 por ciento de las contribuciones política de los dueños de minas fueron a Bush y su partido, Jordan Barab, experto en salud y seguridad en el empleo para la AFL-CIO, escribió que Bush no ha pedido aumentos para las agencias de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el de minas, a través de costos más altos.

En el 2001, bajo Bush ignoraron una propuesta que requiere que las compañías proveen aparatos de respirar para sobrevivir los gases tóxicos.

El UMWA y el estado han tomado acción en las secuelas de esta tragedia. El UMWA en Alabama ha demandado para forzar al estado a proveer los fondos para poder inspecionar a las minas y proteger a los 3.198 mineros dentro y fuera del sindicato.

El gobernador de Virginia Occidental Joe Machin, nombró a Davitt McAteer, ex jefe de la Agencia de Seguridad y Salud en las Minas federal, para supervisar la investigación del desastre.

Robert Byrd, senador de ese estado, celebrará vistas públicas para fines del mes en Washington.