Méjico hizo una demanda contra Estados Unidos en la Corte Mundial de Justicia Internacional en La Haya, el 21 de enero, por violar a las leyes internacionales y los derechos humanos de los ciudadanos mejicanos en este país.

A los ciudadanos de Méjico pocas veces se le dan el derecho de consultar con el cónsul de su país, Méjico acusó. El expediente ante la Corte Mundial señala que la calidad de justicia que se le provee a los mejicanos arrestados en Estados Unidos es malísima, y son frecuentes los casos de falsos cargos y el negarle representación legal adecuada.

También es un problema la pena de muerte. Actualmente hay 51 ciudadanos de Méjico esperando la pena de muerte en Estados Unidos (habían 54 antes de la demanda, pero el gobernador Ryan de Illinois le conmutó la sentencia de muerte a tres de ellos). En California hay 28 ciudadanos mejicanos bajo la pena de muerte, 16 en Tejas, en Arizona, Arkansas, Florida, Nevada, Ohio, Oklahoma y Oregon se encuentra uno en cada estado. En Méjico no existe la pena de muerte.

La demanda acusa a EEUU de violar los derechos de ambos Méjico como nación y a los ciudadanos mejicanos dentro de Estados Unidos, ignorando sus obligaciones bajo el Artículo 36 del Convenio de Viena del 1963 sobre Relaciones Consulares. Bajo el Convenio, cualquier país que arresta a un ciudadano extranjero, cuyo país firmó el Convenio, tiene que darle a ese ciudadano el derecho de consultar con oficiales consulares de su país.

Los ciudadanos estadounidenses arrestados en Méjico reclaman este derecho y generalmente se le otorga. Pero Méjico se queja de que EEUU no cumple como estos requisitos del Convenio como hace Méjico.

El expediente mejicano a la Corte Mundial da un breve resumen de estos casos, sacando al público que ambos las autoridades locales y federales simplemente ignoran los requisitos del Artículo 36 que exige el permiso de ponerse en contacto con el cónsul.

El gobierno mejicano alega que en muchos casos, tal contacto mejoraría mucho los recursos disponible para la defensa de los ciudadanos mejicanos acusados, y quizás hasta evitando la pena de muerte.

El expediente describe los esfuerzos hecho por el gobierno mejicano, a través de los años, para conseguir que el gobierno federal estadounidense, los gobiernos estatales y las cortes federales reconozcan sus obligaciones bajo el Convenio de Viena.

Los tribunales estadounidenses han denegado las peticiones de Méjico de que se considere la falta de contacto consular igual que la denegación de otras garantías del proceso debido, eso es, que le garantice una nuevo juicio.

Un caso en Tejas, teniendo que ver con la ejecución del ciudadano mejicano Ireneo Tristán Montoya en el 1997, muestra los problemas.

Cuando el gobierno mejicano pidió que se detenga la sentencia de muerte de Montoya, basado en que él no fue permitido consultar con el consulado mejicano, no recibió ni una respuesta de las autoridades de Tejas (George W. Bush era gobernador en ese tiempo). Entonces el gobierno estatal de Tejas alegó que el Convenio de Viena no aplicaba al caso de Montoya porque solo el gobierno norteamericano y no el gobierno de Tejas había firmado el Convenio.

El gobierno mejicano previamente había hecho la misma demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recibió una decisión contra Estados Unidos en 1999, la cual Estados Unidos ha ignorado.

El agosto pasado, el presidente Fox canceló una reunión con el presidente Bush después de que otro mejicano fue ejecutado en EEUU después de negarle contacto consular.

En el pasado, Estados Unidos ha desobedecido a las decisiones de la Corte Mundial, como, por ejemplo, cuando EEUU fue encontrado culpable de minar a las aguas de los puertos de Nicaragua ilegalmente.