En el mundo las mujeres son clave para el desarrollo. Su participación ha demostrado beneficios sustanciales para las familias, las sociedades y los países. No obstante, la población femenina inmersa en condiciones de pobreza, dispone de menos posibilidades de tener acceso a niveles de bienestar básicos.

Con el lema “Acción contra la pobreza: potenciar, proteger y educar,” el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), como parte de sus festejos por el día mundial de la población (11 de julio pasado) estableció que cuando se amplían los medios de acción de la mujer, mediante leyes que garanticen sus derechos, servicios de salud y educación, entre otros, es entonces cuando podrá asegurarse su participación activa.

En México, según cifras oficiales, 40 millones de personas viven en la pobreza. De ellas, las mujeres son las que están en situación de desventaja y oportunidad respecto de los hombres.

Para reducir la pobreza, “pero solo la extrema,” la administración que preside Vicente Fox implementó el programa Oportunidades, considerado uno de los instrumentos centrales de su política social y con el que sustituye el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), impulsado por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Con un presupuesto de 18 mil 400 millones de pesos para el año 2002, Oportunidades pretende incorporar a finales de este año a un millón de familias que viven en condiciones de extrema pobreza; de tal manera que para entonces sumarán cuatro millones de familias las favorecidas con ese programa.

El programa Oportunidades considera ayudar – mediante becas, atención a la salud y apoyo alimenticio en especie o en dinero – a las familias que viven en extrema pobreza, ubicadas en áreas urbanas y rurales.

Para el especialista de la división de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), John Scott, “Oportunidades es 98 por ciento Progresa; uno de los pocos cambios palpables es el programa de educación básica, que se extendió a educación media superior y ahora pretende alcanzar el ámbito urbano.”

Como se recordará, comentó el especialista, Progresa planteaba mejorar sustancialmente las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias más pobres. Particularmente de los niños, niñas, mujeres embarazadas y en el período de lactancia, mediante servicios suficientes y de calidad en materia educativa y de cuidado de la salud, lo mismo que suministrar ayudas alimentarias.

Como se ve, continuó, no hay ninguna diferencia sustancial entre ambos programas. En realidad no es sino sólo un cambio de nombre.

Información de Sedesol, a sólo cuatro meses de haber sido puesto en marcha, Oportunidades revela que en la actualidad los beneficios del programa atienden a 3,2 millones de hogares en condiciones de pobreza extrema, que son los que residen en 70 mil localidades rurales, semiurbanas y urbanas de 31 estados del país.

Su análisis señala que entre la población que vive en condiciones de pobreza, los niños y niñas representan la mayor parte, “ya que numerosos estudios han demostrado que las familias pobres tienen un mayor número de hijos que las familias no pobres.”

En algunos rubros como mortalidad, escolaridad, protección social y participación económica de los hogares veremos que la población femenina es la más afectada.

Para la población femenina que vive condiciones de pobreza y está en edad reproductiva, todo embarazo y parto conlleva riesgos, mismos que se incrementan cuando no tienen servicios mínimos de salud o tiene un embarazo cercano al otro.

En ese sentido las manifestaciones más graves de la pobreza de las mujeres se observan en las altas tasas de muerte materna. De ello, México se comprometió (en el Plan de acción para la aplicación de la declaración de la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño) a reducir a la mitad la tasa de mortalidad para el año 2000.

Sólo que esto no sucederá ya que tan sólo en 1990 la tasa de defunciones por cada mil nacidos vivos era de 5,4. En tanto, para el año 1999 llegó a 5,1.

La pobreza de las niñas se traduce en deserción escolar y trabajo infantil desde los primeros años de vida, restándoles habilidades para participar en actividades productivas bien remuneradas.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que el analfabetismo representa 10,6 por ciento de la población de 15 años en adelante: de los 6,3 millones de personas analfabetas, 3,8 millones son mujeres.

También, 7,8 millones de personas de la población de 12 años y más nunca había estudiado, del total de mujeres (4,7 millones), 38,4 por ciento no pudo estudiar porque su familia lo impidió.

No menos graves desigualdades ocurren en el ámbito laboral: es común que les solicitan pruebas de no embarazo para obtener o conservar un trabajo, además de que con frecuencia son víctimas de hostigamiento sexual.

Según la Estadística de trabajo doméstico y extradómestico, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 1995-99), en 1999 el ingreso promedio mensual de las mujeres, considerando ocho horas de trabajo, era de mil 992 pesos, mientras que el de los hombres de 2.112 pesos.

Además, su situación de madres y amas de casa se complica durante su embarazo y los nacimientos de los hijos e hijas debido a la poca capacidad financiera de los programas públicos para crear más centros de atención de menores, aunado a las dificultades de acceso al servicio de guarderías.

En México, como muchos otros países, el número de familias dirigidas pamas de ajuste estructural, como sería el desempleo y el deterioro de los ingresos familiares.

Mientras en 1976 el número de hogares encabezados por una mujer ascendía a 1,7 millones, para el 2000, de los 22,6 millones de hogares mexicanos, 4,7 millones son jefaturadas por población femenina.

En términos regionales las condiciones de pobreza reinantes en los estados más atrasadas, de donde Chiapas, Guerrero y Oaxaca muestran los mayores rezagos, 68 por ciento de su población indígena se encuentra en pobreza extrema y el 91 por ciento en condiciones de pobreza.

En ese tenor, la fecundidad de las mujeres indígenas (4,7 hijos) está por encima de las mujeres no indígenas (2,8 hijos), según indicadores del Consejo Nacional de Población que abarca el período 1992-1996.

La disminución de la pobreza es fundamental en la esfera de lo social debido a que ese flagelo no sólo hiere profundamente la dignidad humana sino que, además, puede plantear problemas de seguridad nacional, aseguró el investigador del programa de doctorado en ciencias económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Enrique Hernández Laos.

Asimismo, dijo que desde un punto de vista puramente económico y pragmático la pobreza limita y obstaculiza el desarrollo económico con igualdad de oportunidades para toda la población.

De ahí, indicó Hernández Laos, que una tarea fundamental para el desarrollo económico, político y social sea, precisamente, detectar, cuantificar y determinar la magnitud de la incidencia junto con la intensidad de la pobreza para saber a quién afecta más así como implementar las acciones encaminadas a resolverla.

Así, la pobreza que prevalece en el país se manifiesta en mortalidad, bajo nivel de escolaridad, de participación económica de los hogares, de acceso al crédito, del nivel de protección social, de la tenencia y de la calidad de la vivienda de la mayoría de la población, donde desafortunadamente está la población femenina.

(Prensa Latina)