¿Deben tener los padres y las madres de familia el derecho de proteger a un joven para que no sea objetivo de reclutadores militares en la escuela? ¿Es la presión para que firmen un contrato irrevocable de reclutamiento a las fuerzas armadas norteamericanas una parte íntegra de la educación pública?

Hoy, los reclutadores militares tienen acceso sin precedente a las escuelas públicas. La muy poca conocida Sección 9528 de la ley federal “Que Ningún Niño se Quede Atrás” de 2001 otorga al Pentágono pleno acceso a todos los directorios de todos las escuelas superiores públicas (dándoles nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes), así facilitando el contacto para el reclutamiento militar.

Estudiantes o padres de familia que desean proteger su privacidad tienen que comunicarse activamente con la escuela para expresar su opción negativa y para proteger a su información persona. En algunos distritos resulta difícil negarles información a los reclutadores y a la vez permitir que se use esta información para otros fines que los padres y estudiantes puedan aprobar, como por ejemplo los cuadros de honor o los programas de televisión escolares.

Además, los esfuerzos de reclutamiento militar están en todas partes en nuestras escuelas públicas. Los reclutadores andan libremente por las cafeterías escolares vestidos de uniforme, platicando con estudiantes. Cuelgan afiches en los paredes de las escuelas. Suelen merodear por los estacionamientos escolares. En una recién feria de carreras profesionales, que se hizo en el Fuerte Jackson de Carolina del Sur, para estudiantes de octavo grado de la escuela Richland 1, los representantes de carreras no militares se encontraban tras mesas, contestando a tres breves preguntas, mientras el personal militar andaba en grupos, interceptando a niños y niñas y platicando con ellos a su antojo.

Ganar dinero para sus estudios universitarios y a la vez viajar por todo el mundo, manejar Humvees y saltar de aviones puede parecer atractivo a un estudiante de escuela superior. No obstante, los reclutadores, los afiches y los anuncios publicitarios acentúan a lo positivo y exageran los posibles beneficios. Cuando los reclutadores (con sus afiches multicolores y lemas excitantes) dicen que uno puede recibir hasta $70.000 para la universidad, muy pocas veces subrayan que esta gran cantidad de dinero queda disponible solamente a los soldados que aceptan puestos militares que son muy difíciles de llenar. Tampoco mencionan que cumplir con los requisitos para cualquier clase de ayuda, primero tiene uno que pagar una cuota no reembolsable de $1.200 a las fuerzas militares.

La meta principal de un reclutador es completar su cuota de nuevos reclutas, no de dejar a los jóvenes examinar todas sus opciones para así escoger la mejor para su futuro. Los reclutadores son vendedores, no consejeros, y deben de ser tratados como tal.

Ser un soldado es muy distinto a los demás trabajos. Es ilegal para uno en las fuerzas armadas renunciar su trabajo. Comparado con civiles, el personal militar tiene menos libertad y menos acceso a los derechos constitucionales. Parte del trabajo es la posibilidad de encontrarse en pleno combate en medio de una guerra, matando a otra gente o muriéndose en el cumplimiento de su deber. Hay un gran riesgo de volver a casa con heridas sicológicas o físicas. A los soldados se les puede ordenar a pelear por una causa a la cual ellos mismos se oponen; tienen que cumplir con sus órdenes o si no, enfrentarse a duros castigos legales.

El mejor momento para enfrentar a estos serios dilemas religiosos, morales y personales es antes de ser reclutado, no después. Y lo mejor que puede hacer una escuela por el bien de sus estudiantes es educarlos sobre todas las realidades de la vida militar – lo bueno, lo malo y lo feo. Tener veteranos recién dado de baja para hablar con los estudiantes – veteranos que tuvieron buenas experiencias así como los que no las tuvieron – beneficiaría a los estudiantes mucho más que someterlos a las tácticas de reclutamiento.

Por medio de anuncios y contactos uno a uno, el Pentágono gasta casi 4 mil millones de dólares por año reclutando a jóvenes norteamericanos a que se metan a las fuerzas militares. Por tentador que sea para las escuelas empobrecidas el prospecto de recibir murallas de escala y otros recursos regalados por las fuerzas armadas, esas escuelas deben limitar severamente al acceso que tienen los reclutadores a los estudiantes.

Ya que la vida militar es única entre las carreras, para ayudar a los estudiantes hacer las mejores decisiones sobre sus futuros, hace falta un mejor escrutinio del comportamiento de los reclutadores de parte de las escuelas, enseñándoles a sus estudiantes las realidades de la guerra, de los contratos militares y de la vida militar.

Michael Berg es director del Centro de Carolina de Recursos por la Paz, en Columbia, Carolina del Sur. Este artículo fue tomado del periódico “The State” de Columbia, y aquí se reproduce con permiso del autor.