CLEVELAND, Ohio – Mientras el Sindicato de Obreros Siderúrgicos (USW, por sus siglas en inglés) llega a la Casa Blanca para luchar por sus trabajo y beneficios de retiro a través de la industria, anunciaron que “La compañía WL Ross & Co. LLC ha decidido adquirir todas las facilidades de la división siderúrgica de LTV.”

La USW ha luchado para salvar el empleo de 7.500 obreros y los beneficios de 60 mil obreros jubilados en cinco estados que estaban en peligro cuando LTV se declaró en bancarrota. En diciembre la corte en Youngstown, Ohio ordenó que las fábricas se mantengan lista para abrir hasta el 28 de febrero.

Ese es el día cuando el juez William Bodoh va a tomar una decisión sobre cual de cuatro compañías van a poder comprar la propiedad de LTV.

David McCall, director del Distrito 1 del sindicato, dijo que las discusiones con la nueva compañía de “contratar a los afiliados al sindicato.”

Marco Trbovich, portavoz del USW le dijo a este periódico después del anuncio que, “Salva nuestros trabajos, trae una compañía que reconoce la necesidad de negociar un acuerdo laboral y es un paso positivo. Solamente que no brega con la tragedia que está por llegar, eso es que los jubilados y los activos están perdiendo su seguro médico después del 31 de marzo.”

Chris Warren, director de Desarrollo Económico para la ciudad de Cleveland nos dijo que el anuncio hecho por el USW se acepta con “optimismo cauteloso” porque hay el peligro de otra compañía ganarse la propiedad y consolidar la producción. Para muchas industrias consolidar conlleva el cierre de fábricas la pérdida de empleo.

El 26 de febrero, el congresista demócrata por Ohio, Dennis Kucinich llamó a que la corte extendiera hasta el 31 de marzo la orden de mantener las fábricas listas para empezar producción por si acaso la compra una compañía que quiera desmantelarlas y así darle tiempo para que entidades de gobierno puedan adquirir las fábricas con el propósito de continuar produciendo el acero bajo el dominio público.

Como 50 oficiales públicos, y líderes laborales y comunitarios firmaron la carta al juez Bodoh en una reunión cumbre en las oficinas del congresista.

“Esto le envía un buen mensaje,” dijo Warren en representación a la alcaldesa Jane Campbell en esa reunión. “Brega con el peligro de comportamiento anticompetitivo si otra compañía siderúrgica adquiere las fábricas para cerrarlas.”

Kucinich advirtió que se tomaría “acción inmediata anticartel” si una compañía siderúrgica adquiere la propiedad con motivo de cerrarla.

“El cierre permanente de las facilidades para hacer el acero en el sitio de LTV sería desastroso para nuestra comunidad y nuestra economía,” dijo la carta. “Las decisiones que Usted tome puede ser la diferencia entre miles de buenos empleos en el Valle del Acero que soporta la economía de nuestra región o una podrida contaminación tóxica ofreciéndonos nada productivo para nuestra comunidad.”

Amenazando esta comunidad es el deseo del gobierno de Bush y los banqueros globales de consolidar la producción siderúrgica bajo el control monopolístico de U.S. Steel, una de las compañía tratando de comprar la propiedad de LTV.

William Usher, jefe de U.S. Steel, dijo que bajo su plan la producción del acero será cortada por un 25 por ciento y las fábricas en Cleveland serán cerradas y su equipo enviado a otros sitios.

Con la amenaza de perder su empleo, los afiliados de base de la USW en Ohio le presentaron a los oficiales electos y a los líderes sindicales y comunitarios en la Cumbre del Acero convocada por el congresista Kucinich con peticiones firmadas por 1.500 obreros de la LTV.

La petición pedía que la ciudad, el condado y la Autoridad del Puerto del Cleveland investigue la posibilidad de adquirir las facilidades y hacerlas propiedad pública. Kucinich dijo que eso era una posible solución para “utilizarse si todo falla.”

Jim Lange, afiliado del USW en Chicago que fue forzado a jubilarse por la quiebra de LTV, se envolvió en colectar firmas en favor de hacerla propiedad pública porque había la necesidad de encontrar alternativas al cierre.

Él se dio cuenta de que se necesitaban alternativas para toda la industria y las comunidades donde están situadas. “Nosotros los obreros despedidos de LTV y la organización de retirados, como Ken Applehans, decidimos circular una petición similar a la de los obreros de la LTV en Cleveland.

Hablamos con gente asistiendo a las manifestaciones para el 28 de febrero en Washington sobre la necesidad de crear una autoridad pública para adueñarse y operar las fábricas siderúrgicas por el bien pública, si las compañías privadas no lo hacen.

Alguna gente dijeron que ellos querían estudiarlo más, pues hicimos un volante discutiendo porqué esta alternativa debe estar entre las soluciones a la crisis que afecta a la industria entera. Algunos leyeron el volante y después de la manifestación vinieron a firmar la petición.”

Otro afiliado al USW, Paul S. Kaczocha, dijo después de terminar colectar firmas, “Los dueños privados han tenido las fábricas por mucho tiempo y han demostrado que no son responsable ya.

En vez, su avaricia, si se permite continuar como van, cerrando y vendiendo destruirán decenas de miles de vidas de la gente en las fábricas y las comunidades alrededor.

Las fábricas deben ponerse en manos públicas, que incluye los obreros que trabajan en las fábricas. Por más de 100 años los dueños han sacado miles de millones en ganancias de las fábricas y ahora quieren cerrarlas. Ya es tiempo de que el público opere esas fábricas. Ellos tuvieron su turno. Ahora nos toca a nosotros.”