Los jefes de once organizaciones noticiosas enviaron una carta a los congresistas, el 10 de julio, pidiendo que rechacen la Sección 204 del proyecto de ley Seguridad Patria del 2002, HR-505. Esta sección permite que el gobierno no dé “información proveída voluntariamente [al gobierno federal] por entidades o individuos que tiene que ver con vulnerabilidad en la infraestructura o otra vulnerabilidad al terrorismo” bajo la Ley Libertad de Información.

Ellos dijeron que esto no es necesario y “severamente comprometer la salud y seguridad pública, sin mencionar el derecho del público saber. El Congreso debe rechazar esta condición” porque se puede abusar.

La carta dice que ya hay protección de seguridad nacional bajo la ley. Otra preocupación, ellos escribieron, es la Sección 730 que le daría al secretario de Seguridad de la Patria la “discreción de no aplicar los privilegios contenidos en el Título 5 del Código EEUU” incluyen partes de la ley que protege a los empleados del servicio civil que delaten algún mal en el gobierno.

Han criticado a la administración Bush por ser una de las administraciones que tiene más secretos. Cheney invocó al privilegio ejecutivo para prevenir que el Congreso vea récords de la Comisión sobre la Energía que él dirigió y en la cual el ex jefe de Enron, Ken Lay, sirvió.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se enojó por el número de veces que pasaron información a la prensa, incluyendo el informe del 12 de julio publicado por The New York Times sobre los planes de invadir a Irak. En una entrevista televisada por CNBC, el 15 de julio, Rumsfeld dijo que tenía “muchas ganas de encontrar” la gente que soltaron ese documento al New York Times. “Deben ser encarcelados. Y se conocemos quienes son, serán encarcelados”, amenazó él. Rumsfeld y el Pentágono fueron fuertemente criticados por proponer una Oficina de Influencia Estratégica, cuya misión declarada era la de plantar mentiras en los medios de comunicación.

Hay un punto de vista entre la gente que la administración Bush tiene relaciones estrechas con muchas corporaciones monopolistas que están ocultando fraudes y escándalos, y que las excepciones de la ley serían usadas por estas empresas privadas.

La carta hace uso de las palabras del senador Joseph Lieberman, demócrata por Connecticut, que dijo conocer que “hay preocupación de que las excepciones otorgada [en el proyecto de ley S-1456] puedan darle a las compañías razones para ocultar alguna información que no obstante sería público”.

El senador demócrata por Hawaii, Daniel K. Akaka, dijo, “No debemos involuntariamente dejar que se escondan los que violan los estatutos de salud y seguridad”.

La carta fue firmada por la Sociedad de Periodista Profesionales, Sociedad de Editores de Periódicos, Asesores de Medios de Comunicación de Colegios, Periodistas de Justicia Criminal, Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, Asociación de Educación sobre Periodismo, Asociación Nacional de Periódicos, Asociación de Periódicos de América, Asociación de Directores de Noticieros de Radio-Televisión, Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa, Sociedad de Periodistas Ambientales.