La mayoría de organizaciones pro justicia social y derechos de inmigrantes firmaron una carta al presidente Barack Obama pidiendo que ponga alto a un programa controversial que permite a la policía de los estados y locales hacer las leyes migratorias. Las 551 organizaciones incluyen organizaciones laborales, grupos religiosos, organizaciones de derechos humanos y civiles, grupos étnicos, comunitarios y otros de nivel local y nacional.
El programa al cual se oponen es el llamado 287(g), creado en 1996 como parte de una nueva legislación represiva antiinmigrante. Aunque fue promulgado bajo la administración de Clinton, fue la de Bush que la usó con fuerza.
La ley permite que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) firme acuerdos de cooperación con organismos policíacos de estados, municipios y condados para entrenarlos y permitirlos que detengan gente que paran (muchas veces por pequeñas violaciones de tráfico), y, si tienen causa para pensar que son inmigrantes indocumentados o están en violación de alguna ley de inmigración, entregarlos a la ICE. Existen como 63 agencias de policía que está participando en el programa. Muchas de estas son de sitios donde los políticos locales están fomentando los sentimientos antiinmigrantes.
Desde la administración de Bush, el programa 287(g) ha motivado querellas de gente diciendo que estimula al perfilamiento racial y el acoso de latinos, asiáticos y otras minorías por la policía local.
Este tipo de acoso no tiene nada de nuevo. Mientras que ha existido la inmigración indocumentada al país (desde que ha habido leyes restrictivas de inmigración), ha habido policías y otros oficiales excesivamente entusiasta en parar y detener gente que parecen "extranjeros" o que son corrupto y usan su autoridad para extorsionar a los extranjeros amenazando con reportarlos.
Un ejemplo bien conocido de los abusos dentro del programa 287(g) es lo que está pasando en el Condado Maricopa de Arizona. Ahí el alguacil Joe Arpaio está atacando a los latinos. Sus agentes hacen redadas generalizadas en las pequeñas comunidades de latinos para verificar la condición de inmigrante de todos. El trato brutal que Arpaio causa a la gente detenida por violaciones de leyes de inmigración son muy conocidas.
Ahora la cuestión de la inmigración está más urgente debido a que la administración de Obama ha señalado que la reforma migratoria que legalizará a la mayoría de los indocumentados no pasará hasta el próximo año y no este año como originalmente programado.
Activistas pro derechos de inmigrantes declara su desilusión y dicen que si este es el caso, entonces debe de haber una moratoria contra redadas y arrestos excepto contra narcotraficantes y otros criminales. Su argumento es que no tiene sentido deportar gente hoy que el próximo año puede ser elegible para la legalización y residencia permanente en este país.
En una declaración reciente, la secretaria de Seguridad Patria Janet Napolitano dijo que ella quiere que todos los departamentos de policía que actualmente participan en el programa 287(g) firmen nuevo acuerdos que los obliga a una interpretación más restrictiva de quien pueden o no pueden parar, interrogar, o arrestar. Pero también está añadiendo a 11 más agencias policiales al programa. La oposición al programa 287(g) dice que las nuevas reglas no van a parar a los policías corruptos o racistas que abusan el programa y que agregando más policías al programa empeorará el problema.
La carta anteriormente mencionada cita el hecho de que el programa no es de agrado a muchos departamentos de policía y alguaciles y que un reporte de la Oficina General de Contabilidad reportó el pasado marzo fue muy crítico del programa.
La carta concluye con, "Sabemos que usted está comprometido a tratar con las cuestiones más complejas de nuestra nación y es por estas razones que le pedimos que examine el dañino impacto que el programa 287(g) tiene sobre las comunidades de inmigrantes a través del país y ponga fin al programa".
