Cuando la mayoría de la gente piensa en Costa Rica, no se imaginan torres de perforación petroleros colocados de sus playas prístinas, ni visualizan a minas abiertas abriendo brechas en sus montañas selváticas envueltas en nubes. Pero, a pesar de los esfuerzos ecológicos significativos hechos por este país, sus vistas escénicas y su biodiversidad extraordinaria ya se encuentran amenazadas por las industrias extractivas – y por los acuerdos comerciales internacionales.

Hace casi dos años que los costarricenses y sus aliados pensaban que no había porqué preocuparse. En mayo del 2002, respondiendo a una gran movilización de los ecologistas del país, el presidente Abel Pacheco anunció una moratoria en la exploración petrolera y en la explotación de minas abiertas en Costa Rica. Actualmente, los legisladores están tomando medidas para prestar el apoyo del congreso al orden ejecutivo y para derogar las leyes que exponen al país a las industrias extractivas.

Sin embargo, hay por lo menos una empresa multinacional que no está contenta con estas medidas, y su modelo de descontento corporativo puede poner fin a corto plazo a las perspectivas de un descanso para los activistas.

Harken Energy, una compañía petrolera basada en Tejas que tiene lazos íntimos con el presidente norteamericano, George W. Bush, había obtenido permiso anteriormente para explorar por petróleo en Costa Rica. Antes de no pasar un estudio sobre el impacto ambiental en febrero 2002, había planeado perforar pozos de exploración costa afuera. Ahora Harken está exigiendo que el gobierno de Costa Rica pague más de $12 millones en reparaciones para cubrir el costo de sus exploraciones abortadas.

El 11 de marzo, Costa Rica anunció que no aceptará una propuesta para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales, proporcionando otro golpe amargo a los intereses petroleros.

Pero esta no es la última palabra sobre este tema. Mientras que la compañía contemplaba el enviar al caso nuevamente a los tribunales internacionales, la administración Bush confecciona un tratado que amenaza con transformar al caso Harken en mucho más que una cuestión obscura de resentimientos legales. Ese tratado es el Acuerdo de Libre Comercio Centroamericano. Con EEUU y cinco países centroamericanos trabajando para ratificar al ALCC, ya no son solamente los ecologistas locales y los empresarios petroleros tejanos los que se preocupan por el desarrollo del conflicto de la Harken. Observadores internacionales dicen que el caso ha llegado a ser el más recién cuento cauteloso de como los acuerdos de “libre comercio” conceden a las corporaciones el poder de irse sobre las leyes ambientales locales.

En 1994, la asamblea legislativa costarricense aprobó una ley de hidrocarburos como parte de una serie de medidas diseñada para cumplir con un Programa de Reajuste Estructural patrocinado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La ley abrió camino a las corporaciones extranjeras para obtener concesiones para la exploración petrolera. Posteriormente, una compañía poco conocida, la MKJ Xploration, basada en Luisiana, tuvo éxito en su postura para explorar en distintas zonas de la costa Caribeña de esta nación. Más tarde, la compañía vendió sus intereses en Costa Rica a la Harken Energy.

Residentes del área, pescadores, grupos indígenas, y ecologistas se dieron cuenta del acuerdo por medio de los periódicos. Muy pronto se dieron cuenta que la carencia de consulta local fue solamente el primer de los muchos problemas con el plan. La perforación de pozos mar adentro, según ellos, dañaría a los filones coralinos y los pantanos de mangle y amenazaría a la flora y la fauna marítima que ya están en peligro. Emprendieron una lucha prolongada contra el acuerdo, y una agencia nacional se puso de su parte. Emitió un dictamen que el plan de Harken no se permite bajo las leyes sobre el impacto ecológico del país. Poco después de eso la agencia citó a más de 50 razones por no aceptar la declaración de impacto ecológico de la compañía.

Harken se puso furioso. Argumentando que ya había invertido más de 12 millones de dólares en el proyecto, recurrió a los tratados internacionales sobre inversiones para demandar a Costa Rica – por la cantidad de 57 mil millones de dólares.

Este no es un error tipográfico. Harken exigió 57 mil millones de dólares, una cantidad que, según ellos, representa las ganancias totales proyectadas del acuerdo echado a pique. El producto doméstico bruto anual de Costa Rica es alrededor de 17 mil millones de dólares, y el presupuesto total anual del gobierno es alrededor de 5 mil millones de dólares.

Mark Engler, escritor basado en la ciudad de Nueva York, es comentarista para la revista Foreign Policy in Focus. Se puede comunicar con él al sitio de Internet DemocracyUprising.com. Nadia Martínez es ayudante de investigaciones con la Red Economía y Energía Sostenible, un proyecto del Instituto para el Estudio de las Políticas, Washington, DC. Tomado y traducido de la revista Grist