Decenas de miles de trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes de Bolivia llenaron las calles de La Paz, capital de este país sudamericano, la semana pasada para celebrar el derrocamiento de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El pueblo boliviano no perdió ningún tiempo para decirle al nuevo presidente Carlos Mesa Gilbert que ellos esperaban que él mejore las condiciones de vida de la gente o le pasaría los mismo que al presidente anterior.

Sánchez de Lozada, un multimillonario aliado con la administración Bush, fue forzado retirarse como presidente por la masiva rebelión contra su política de “libre comercio”. Él estaba planeando exportar gas natural licuado a Estados Unidos. Su plan le hubiese dado poca a ningún beneficio económico al pueblo boliviano. El país tuvo paralizado por casi un mes debido a los paros y barricadas en las carreteras contra su política neoliberal.

Después de actos de represión brutal, resultando en como 75 muertos y miles heridos, contra las protestas en su contra, Sánchez de Lozada ofreció unas concesiones modestas. Como en desafío a las reclamaciones populares él dijo que no dejaría la presidencia. Las protestas continuaron con sus líderes diciendo que la renuncia del presidente era la condición para empezar resolver los problemas de Bolivia. El 17 de octubre Sánchez de Lozada sale para Miami.

Juan Tinkuta, líder campesino, declaró a la Prensa Asociada, “Tuvimos éxito en botar a Goni”, usando el apodo del ex mandatario. El legislador indígena Evo Morales, de Cochabamba, quiso ir más allá, y exigió que se arreste al ex presidente y se le formule cargos de “genocidio económico” contra el pueblo de Bolivia. Morales es un líder del Movimiento al Socialismo y casi ganó las últimas elecciones presidencial.

Carlos Mesa, el ex vicepresidente bajo Sánchez de Lozada, inmediatamente al hacerse el primer mandatario visitó a El Alto, el suburbio industrial de La Paz donde estaba fuerte la rebelión. Mesa prometió un referéndum sobre la cuestión de la exportación del gas, investigar las afirmaciones de los trabajadores que las leyes económicas son injustas, y a crear una asamblea constitucional para discutir la cuestión de tierra.

Un tema del cual Mesa no habló fue el del deshojamiento de la coca. Ese programa, de inspiración norteamericana, arruinó a muchos agricultores bolivianos que cosechan la mata para usos no narcóticos. Muchos agricultores en la coca estuvieron al frente de las protestas.

Mesa organizó un nuevo gabinete de 15 ministros, y creó un nuevo Ministerio de Asuntos Étnicos, que será encabezado por un indio de la parte oriental de Bolivia. Solo dos de los ministros son indígenas, a pesar de que una gran mayoría del país está compuesto de quechuas, aymaras y otros pueblos indígenas. El control de los gobiernos de Bolivia por gente de un elite de descendencia europea ha sido un problema para la mayoría del pueblo boliviano por décadas. Se espera que se nombre un ministro de minas pronto.

Uno de los nombramientos más problemático fue el de Juan Ignacio Siles como canciller. Siles es el sobrino de Jaime del Valle, que fue canciller bajo el general fascista Augusto Pinochet en Chile.

Aunque la descripciones del nuevo presidente Mesa es de “historiador y periodista”, él es un empresario millonario que hizo su fortuna en los medios de comunicación. De acuerdo a la agencia noticiosa británica BBC, él convirtió la cadena de televisión PAT en una cadena nacional. Con tuvo muchas ganancias.

Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Tiene un 63 por ciento de su población bajo el nivel de pobreza. Muchos trabajadores ganan menos de $2 diario.

El dirigente indígena Felipe Quispe, presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, dijo que Mesa tiene 90 días para implementar una política nueva radical o “él [también] será nuestro enemigo”.

Gertrudes Abarado, una profesora que ayudó dirigir a las protestas, le dijo a Reuters básicamente la misma cosa, “Le daremos al nuevo gobierno tiempo para hacer las cosas. Si no lo hace, explotaremos otra vez”.

Ominosamente, el Comando del Sur del Pentágono dijo estar vigilando la situación y ha enviado a un equipo militar especial para evaluar “la situación de seguridad” en Bolivia, aunque ni el departamento de Estado norteamericano, ni el gobierno boliviano lo ha pedido.

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