La última campaña de las fuerzas antiinmigrantes es la de quitar la ciudadanía a hijos de indocumentados que nazcan en Estados Unidos.

El primer artículo de la 14ta Enmienda de la Constitución dice, “Todas personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y bajo su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residan”. Esta obliga a los gobiernos estatales a respetar a los derechos de los ciudadanos. El segundo artículo corrige la antigua insulta al pueblo afronorteamericano en la versión original de la Constitución, que contaba a cada esclavo como “tres quintas partes de un hombre”. Dispone que la representación de cada estado en la Cámara de Representantes debe basarse en la población entera, excluyendo “Indígenas que no son obligados a pagar impuestos”.

En 1868, cuando esta enmienda fue ratificada, apenas tres años después del fin de la Guerra Civil estadounidense, la meta principal era de asegurar de que la esclavitud, abolida por la 13ra Enmienda, no fuera continuada bajo otro nombre. Pero a la vez entraban muchos inmigrantes en el país, una situación polémica hasta en aquel entonces. Si el Congreso que aprobó la 14ta Enmienda hubiese tenido la intención de decir algo al respecto de la ciudadanía de inmigrantes, se hubiera dicho claramente en el texto de la misma.

Ahora se dice sin mucha evidencia que hay personas que cruzan la frontera ilegalmente con el solo propósito de tener un hijo aquí, para que ese hijo sea un ciudadano norteamericano con poder de “legalizar” a sus padres y otros parientes — un “bebé ancla”. Por lo tanto el congresista antiinmigrante Tom Tancredo, republicano por Colorado, propone leyes para negarles la ciudadanía norteamericana a los hijos de indocumentados, aunque nazcan en Estados Unidos.

Tancredo intentó de incluir esta idea en el proyecto Sensenbrenner, HR 4437, que fue aprobado en la cámara baja el 16 de diciembre, pero su intento fracasó a pesar de otras cosas horrorosas que sí fueron incluidas en tal proyecto, que espera acción por el Senado. Tancredo no se va a rendir, aunque es muy probable que lo que pretende hacer necesita otra enmienda a la Constitución.

Hasta hay quienes desean abolir o modificar por completo a la 14ta Enmienda para no solo quitarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados, sino para lograr que los inmigrantes indocumentados no sean contados para propósito de determinar la representación de cada estado en la Cámara de Representantes. Como los inmigrantes se encuentran concentrados en zonas donde predomina la clase trabajadora, el motivo de esta movida, y a quien beneficiaría, es evidente. De hecho, todo este asalto antiinmigrante es un componente clave del programa de los sectores empresariales más reaccionarios concentrados en la ala derecha del Partido Republicano.

La meta es sencillamente de quitar el sufragio a cuanta persona de clase trabajadora que se puede, bajo cualquier pretexto.

Estos elementos cínicos en las grandes corporaciones han creado una situación en la cual mucho trabajo ‘esencial” de la patria se encuentra hecho por mano de obra indocumentada. Cincuenta por ciento o más de las cosecha son efectuadas por trabajadores inmigrantes indocumentados, y lo mismo puede decirse de varios otros sectores de nuestra economía. No obstante estos trabajadores “esenciales” carecen absolutamente de derechos civiles y políticos, y los pocos derechos laborales que tienen carecen de mecanismos para ponerlos en fuerza. El fallo del Tribunal Supremo federal en el caso de Hoffman Plastic Compounds, en abril de 2002, dijo que un patrón que se encuentra culpable de despedir ilegalmente a un trabajador indocumentado por su actividad sindical, no tiene que pagarle los atrasos de su salario. De modo que dicho patrón puede burlarse de las leyes laborales con toda impunidad. La situación ayuda a los patrones y perjudica a todos los trabajadores, ciudadanos e inmigrantes con o sin papeles.

Para “resolver el problema” de la inmigración indocumentada, el presidente Bush y otros proponen, no la legalización ni amnistía, sino un programa de “trabajadores temporales invitados”, o sea braceros. En la mayoría de programas parecidos, los trabajadores pueden venir a trabajar en este país por un plazo de uno a tres años, pero entonces tienen que regresar a sus países de origen, y no pueden quedarse aquí en una forma permanente y legal. Bajo el plan de Tancredo, si acaso un bracero o “trabajador temporal invitado” tiene un hijo aquí, tal niño podría quedarse como una persona sin patria y sin derechos.

Una situación paralela es que Florida y ciertos otros estados quitan, en forma permanente, al sufragio a quien se encuentra culpable de un crimen serio aun después de que cumpla sentencia y la persona recobra su libertad. Esta ley castiga no solo al reo, sino a su familia y vecinos, ya que toda la comunidad pierde un voto y la palanca en la política que va con el voto de sus integrantes. Sin esta ley, George Bush no hubiera ganado la elecciones del 2000 y no sería el presidente hoy en día. Pues esta ley le quita el sufragio a una cantidad desproporcionada de gente pobre, minoría y de la clase trabajadora, ayudando al gran capital y a la derecha.

Quitarle la ciudadanía a los hijos de los indocumentados tendrá un impacto parecido. Muchos de ellos jamás han visitado el país natal de sus padres y en algunos casos ni siquiera hablan otro idioma que no sea el inglés. No van a “volver” a un país donde no nacieron, y se duda que se puede obligar a otros países que acepten el “regreso” de personas que no nacieron en ellos. Es muy probable que muchos de ellos se queden aquí en los sombras como personas sin derechos ni en la comunidad ni en el trabajo.

Esto será quitarle los derechos a un gran sector de la clase trabajadora. La clase trabajadora necesita demandar que los derechos de sufragio sean preservadas para los hijos de inmigrantes, y restauradas a los ex reos.