La mayoría de la Comisión de Asuntos Hispanos de Rhode Island renunciaron como protesta contra la política sobre inmigrante del gobernador Donald Carcieri. Carcieri decretó el pasado marzo, en una Orden Ejecutiva, que oficiales del estado tenían que identificar a inmigrantes que no tengan documentos para vivir en Estados Unidos.

Elija Araujo, secretaria de la Comisión, dijo a Prensa Asociada que ella personalmente fue a la oficina del gobernador para entregarle la renuncia de ella y siete otros comisionados de la comisión de 12 personas. La carta al gobernador señala, “Sus declaraciones y apariencias en los medios de comunicación han sido instrumento para crear temor, ansiedad, y segregación en una comunidad donde los ciudadanos deben de estar viviendo en paz y armonía uno con el otro”.

Pero hasta entre los que no renunciaron hubo crítica del gobernador. El reverendo Eliseo Nogueras, presidente de la comisión y que no renunció, dijo estar de acuerdo con los que renunciaron. “Todos básicamente sentimos lo mismo, pero queríamos seguir trabajando porque pensamos que nuestra gente necesita representación”.

En una rueda de prensa en la sede de gobierno de Rhode Island el 15 de agosto los ex comisionados expusieron su punto de vista. Jennie Rosario, que era vicepresidenta de la comisión, dijo que antes del decreto del gobernador había un alto nivel de confianza entre él y los integrantes de la comisión.

Juan García, organizador comunitario, acusó al gobernador de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios para los problemas que afectan a Rhode Island y el país. El gobernador Carcieri había dicho que Rhode Island, el estado más pequeño de la Unión Norteamericana, había entre 20 mil y 40 mil indocumentados y que estos estaban usando los escasos recursos que tiene el estado en esta crisis económica.

Sin embargo, Rosario dijo que no estaban ahí para atacar personalmente ni al gobernador ni a los comisionados que se mantuvieron en la comisión. Bruno Sukys, uno de los ex comisionados, dijo que buscaban soluciones para las cuestiones de inmigración. Él dijo que Washington tenía que actuar para resolver la situación.

No obstante, la representante estatal Grace Díaz, una inmigrante dominicana, acusó a Carcieri de ser cínico y que su posición tuvo el resultado de que las autoridades federales de Inmigración y Aduanas arrestaran a 30 limpiadores que trabajaban en los tribunales de Rhode Island. Un vocero del gobernador negó que esto fue hecho del decreto de Carcieri, sino del gobierno federal.

Díaz, legisladora demócrata, dijo que Carcieri, un republicano, acusa a los inmigrantes de “los responsables de la situación económica del estado”.

Se reporta que por la situación de lo que Jennie Rosario llamó “estigmatización” de los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos, se está yendo muchos de Rhode Island. Los ex comisionados dicen que solo en las escuelas de la ciudad capitalina, Providence, se han ido entre 2.000 a 3.000 estudiantes. Debido a que estos niños son de familias de inmigrantes pobres las entradas a la ciudad de fondos federales pueden bajar. Junto con la fuga de trabajadores que laboran en empleos de bajo pago, puede que la situación económico empeore por el decreto del gobernador Carcieri.