Las acciones hablan mas fuertes que las palabras. Durante las audiencias del Senado federal, el 23 de enero, sobre los dos desastres en los minas de carbón en West Virginia, el director de Salubridad y Seguridad Mineras David Dye escapó por una puerta trasera. El canal de televisión C-SPAN captó la escena, y todo el pública lo pudo ver.

En las primeras tres semanas de 2006, han muerto 15 mineros de West Virginia y Kentucky en accidentes en el trabajo. En el peor desastre minero en casí 40 años en el estado, una explosión en la mina Sago, en West Virginia, que pertenece a la empresa “Grupo Internacional de Carbón” (IGC) tomó las vidas de 12 mineros. El 10 de enero un colapso de un techo mató a un minero en Kentucky. El 19 de enero, un incendio azotó a la mina “Alma # 1” en Melville, West Virginia, que pertenece a la empresa “Energéticas Massey”, y dos días despues, los equipos de rescate hallaron los cadávares de los mineros Ellery Hatfield, de 47 años, y Don Bragg, adentro. Ninguna de las tres minas tiene sindicato.

Durante todo el año 2005, tres mineros de carbón murieron en las minas de West Virginia.

De acuerdo con los archivos del gobierno, publicados por el diario “Charleston Gazette”, la mina “Alma # 1” utilizaba un sistema de ventiladores y cintas transportadoras que pudieron haber contribuido a la difusión del incendio. Este tipo de sistema solo se volvió legal bajo un cambio de reglas de la administración Bush que las compañías productoras de carbón durante 15 años.

“Tuvimos grandes preocupaciones al respecto” dijo Davitt McAteer, actualmente jefe de la investigación de la explosión en la mina Sago, y aniguo director de la Administración de Seguridad y Salubridad Mineras bajo el presidente Clinton. “Si una cinta prendiera fuego, ese fuego y los gases mortíferos que produce se levarín directamente al lugar donde están trabajando los mineros”.

Lidella Hrutkay, una delegada a la legislatura del estado de West Virginia, representando el condado de Logan donde sucedió el incendio, dijo que se sentaba con las familias de los mineros de Alma # 1 en su vigilia en la iglesia Bautista “Estrella Brilliante”. Los mineros que escaparon del sinienstreo dijeron a su delegada de que si hablaban con la prensa, la compañía Massey los iba a despedir. “Oí lo mismo de muchas personas y grupos diferentes, dijo Hrutkay. “Si decir esto me pone en la lista de represalias de Massey, no me importa” agregó.

La legislatura de West Virginia tomó acción. El 23 de enero, votó para requirir que los operadores de carbón den a cada minero aparatos de ubicación y que pusieron unidades de oxígeno adentro de las minas hasta llegar el socorro. El gobernador Joe Manchin ha exigido que se formen mas equipos de rescate de emergencia. El Departamento de Seguridad Interna del estado mantendrá un sistema de respuesta rapida para acidentes en minas y fábricas. Si las empresas mineras de carbón, incluyendo la Massey, no contacten a los oficiales de emergencia dentro de 15 minutos de un incidente, pagarán una multa de $100,000.

El Senador Robert Byrd (Demócrata por West Virginia), iracundo, le preguntó al director federal en funciones de la administración para Seguridad y Salubridad Minera, David Dye, si recortes presupuestuarios que eliminaron a 183 inspectores mineras y sus ayudantes tuvieron impacto alguno en la imposición de las leyes.

“No, yo no lo creo” respondió Dye.

Dye no tuvo ninguna respuesta cuando Byrd le preguntó porque los gerentes de la mina Sago tomaron dos horas para notificar a los oficiales federales de la explosión.

En su testimonio, Davitt McAteer retó directamente a lo dicho por Dye que la tecnología para ubicar a los mineros abajo la tierra es defectuosa. Citando éxito en minas en Australia, McAteer estimó que este tipo de tecnología para los 145 mineros en la mina Sago hubiera costado $100,000. Los mineros de Sago produjeron ganancias de $15.7 millones para su compañía en 2005.

El Senador Arlen Specter (R-Pa.) insistió saber si algunos de las 208 violaciones citadas en la mina Sago habían figurado como “factores causativas de este siniestro”.

“Aun estamos investigando” dijo Ray McKinney, el número dos en la inspectorada federales de minas, al parecer aburrido.

Pese el tono respetuoso y digno adoptado delante los senadores y las cámeras de C-SPAN, el Grupo Internacional de Carbón trabaja freneticamente para callar a los mineros y sus familias, y para mantener fuera al sindicato norteamericano de mineros (UMWA). Mientras que los parientes y compañeros de trabajo de los 12 mineros fallecidos en Sago luchan para entender lo sucedido, la empresa circuló una petición para remover el sindicato como representante oficial de las familias mineras en las investigaciones federal y estatal. Bajo la ley de Salubridad y Seguridad Mineras de 1969, mineros que no tienen sindicato pueden usar el sindicato comoquiera para representarlos durante investigaciones de desastres, y el sindicato tiene el derecho de proveer equipos de rescate.

Cecil Roberts, presidente del sindicato UMWA, se mostró estupefacto cuando se enteró de la petición ilegal de la empresa, y de sus intentos de intimidar a los mineros. “Es sencillamente asombroso que la compañía recurriría a tales medidas extremas para impedir la investigación de lo sucedido en Sago” dijo Roberts, enojado. “Pregunto una vez mas: ¿Que es que temen?”.

Agregó Roberts: “Lo único que nos interese es lo que causó la explosión en Sago, y que jamás se vuelve a ocurrir semejante cosa. Eso es lo que el sindicato quiere, lo que los investigadores federales quieren, lo que quiere el estado y lo que quiere el pueblo norteamericano. No vamos a abandonarlos [los mineros de Sago], tampoco abandonaremos a las familias de los mineros que murieron ahí. Es nefasto que la empresa aumenta sus sufrimiento con sus intentos de turbar mas las aguas de la investigación”.