Al comienzo de una campaña presidencial que bien puede producir una victoria para la izquierda, el gobierno en poder está buscando apoyo de parte de Estados Unidos para hacer uso de la represión de nuevo.

Durante los 1980s, El Salvador fue sacudido por una guerra civil en la cual el gobierno derechista y los escuadrones de la muerte masacraron decenas de miles de civiles – hombres, mujeres y niños que no tenían nada que ver con la guerra civil. Todo esto se hizo con pleno apoyo de Estados Unidos, que ayudó con dinero, asistencia técnica, y armas, entre otras cosas.

Al fin se lograron acuerdos de paz en 1992, bajando así al nivel de violencia y permitiendo un espacio político en el cual la izquierda, agrupada en el FMLN (Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional) ha podido trabajar abiertamente en las elecciones y otros contextos masivos. Hasta ahora, el gobierno ha estado en manos del partido ARENA, de extrema derecha, cuyos dirigentes y militantes fueron los responsables de algunas de las peores atrocidades de la guerra civil, inclusive el asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Romero.

Tal como parece, en las elecciones presidenciales programadas para marzo de 2009, el candidato del FMLN, el periodista radial Mauricio Funes, tiene una buena oportunidad de salir victorioso. Tomando en cuenta la reputación de ARENA y las fuerzas que la apoyan en EEUU, no debe sorprender a nadie que haya versiones alarmantes de una nueva represión en El Salvador, y hasta un aumento de asesinatos de activistas de la oposición por posibles escuadrones de la muerte.

Desde el punto de vista del gobierno estadounidense, hay mucho que perder en las elecciones salvadoreñas, ya que El Salvador, México y Colombia son los tres países en la región que aun tienen gobiernos derechistas que se oponen a las nuevas tendencias izquierdistas en el hemisferio ejemplificadas por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Es posible que ARENA y el gobierno norteamericano recurran a medidas extremas para evitar que Funes gane.

En este contexto cabe mencionar el caso de los 13 de Suchitoto. Estos activistas detenidos por las autoridades el 2 de julio de 2007 tras haber organizado protestas en contra de la proyectada “descentralización” del sistema de agua potable de dicho pueblo, una medida que ellos creen hubiera constituido el primer paso a la privatización del agua en todo el país, como parte del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la Republica Dominicana (CAFTA en inglés).

En otros países regionales, el libre comercio ha conllevado a intentos por grandes corporaciones norteamericanas y europeas de beneficiarse del suministro de la necesidad del pueblo de tener acceso al agua potable, que a la vez ha causado grandes aumentos del precio del agua. Los manifestantes en Suchitoto además del FMLN y otras organizaciones populares quieren evitar tal resultado.

Las manifestaciones en Suchitoto fueron enormes y el gobierno del presidente Antonio Saca, de ARENA, pretendió hacer un ejemplo público de los detenidos enjuiciándolos bajo la nueva ley “antiterrorista”, que conlleva una posible sentencia de 60 años de cárcel. Esta ley draconiana fue inspirada por la ley USA-PATRIOT de Estados Unidos. El gobierno de Bush la instó y ha estado proporcionando una capacitación especial antiterrorista a las autoridades salvadoreñas.

El régimen de Bush justifica su apoyo a las acciones represivas en El Salvador en términos de combatir a las pandillas de delincuentes “salvadoreños” y al terrorismo internacional. Irónicamente las supuestas pandillas “salvadoreñas” como la temida “Mara Salvatrucha” no originaron en El Salvador sino en la ciudad de Los Ángeles entre los hijos salvadoreños refugiados por la guerra civil, que se encontraban obligados a vivir en los barrios más pobres y violentos de la ciudad californiana. Cuando el gobierno norteamericano recurrió a una política de “mano dura” y empezó a deportar a muchos de estos jóvenes, el resultado fue que el fenómeno se extendió a toda la región centroamericana.

En cuanto los 13 de Suchitoto, organizaciones de solidaridad en Estados Unidos, inclusive el Proyecto de Ciudades Hermanas EEUU-El Salvador, y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), aplicaron presión política con el resultado de que más de 40 diputados del Congreso norteamericano escribieron cartas al gobierno salvadoreño. Bajo esa presión, la procuraduría salvadoreño desmintió los cargos, y la semana pasada un juez declaró inocentes a todos 13. Pero este incidente es una advertencia a las organizaciones progresistas en ambos países que tienen que mantener la guardia en alto en contra de más represión en el futuro.