CHICAGO – En el estado de Illinois, la tentativa por Jim Ryan, el candidato republicano para gobernador y Joe Birkett, candidato republicano a la fiscalía general, de acusar falsamente en 1985 a dos hombres latinoamericanos ya es cuestión que se pone al rojo vivo en las elecciones estatales. Ryan, un republicano de ultraderecha, se enfrenta al congresista demócrata centrista Rod Blagojevich, en busca de la gobernación estatal hasta ahora ocupado por el republicano moderado George Ryan. En los comicios para elegir al fiscal general, la senadora estatal demócrata Lisa Madigan se opone a Birkett, extremista reaccionario y fiscal actual del condado de DuPage, distrito que incluye algunos de los suburbios más adinerados de Chicago.

Ryan y Birkett claramente están a la derecha de sus opositores demócratas en varios aspectos. Ryan es abiertamente anti-sindicalista, y Birkett está radicalmente opuesto al derecho de la mujer a escoger, y en pro de las armas de fuego. Pero su manejo del caso del asesinato de la niña Jeanine Nicarico de 10 años de edad en 1983 es la cuestión que más ha llegado a dominar los titulares mientras más se acercan las elecciones.

Tres hombres, Rolando Cruz, Alejandro Hernández y Steve Buckley, habían sido detenidos por el asesinato. Más tarde, Buckley fue liberado, pero por el procesamiento agresivo promovido por Ryan y el uso de tácticas poco éticas, resultó en 1985 que Cruz y Hernández fueron encontrados culpables y fueron condenados a la pena de muerte.

Pero, muy rápidamente comenzó a apestar a los cielos el caso del fiscal . La amplia Coalición Universal para la Justicia investigó obstinadamente el caso y encontró que se basaba en denuncias infundadas del fiscal y escasa evidencia verdadera. Luego, otro sujeto, Brian Dugan, preso que ya purgaba sentencia a cadena perpetua por otro crimen similar, admitió que él mató a la niña, y que ni Cruz ni Hernández tenían nada que ver con el asesinato. Pero no quiso confesar formalmente sin tener una garantía de parte de Ryan, de que no sufriría pena de muerte. Ryan no sólo no garantizó esto; muchos lo acusan de hacerse completamente sordo a las confesiones de Dugan, las cuales se verificaron más tarde con evidencia de ADN. Dos veces el Tribunal Supremo de Illinois abrogó las condenas, y dos veces Ryan arrastró de vuelta al juicio a los dos hombres, a ser condenados de nuevo.

Por fin, en el 1995, un detective de policía que había jugado un papel clave en la convicción de Cruz y de Hernández, admitió al tribunal que había inventado el único pedazo de evidencia que quedaba contra Cruz. Furioso, el juez absolvió la instancia a Cruz y Hernández, y los puso en libertad.

Mientras tanto, Ryan fue electo fiscal general de Illinois y Joe Birkett tomó el antiguo puesto de él como fiscal del Condado de DuPage. Birkett está acusado de haber presionado a un testigo para que presentara testimonio falso contra Cruz. Durante la tenencia de Ryan como fiscal, Birkett saboteó abiertamente el trabajo de un fiscal especial asignado a una investigación de la mala conducta de policías y fiscales en el caso Cruz-Hernández.

Ya con los dos ex – acusados liberados, quizás Ryan y Birkett esperaban que el caso desapareciera de la mente del público. Pero estos acontecimientos, que llevaron al Chicago Tribune a opinar que jamás se le debería confiar oficio de confianza pública a ningún involucrado en este asunto, no se olvidan tan fácilmente.

El gobernador Jorge Ryan, quien ganó fama internacional por su moratoria a la pena de muerte, dijo que se les pueden conmutar a todos los 159 presos condenados a muerte en Illinois sus sentencias. Cruz ha solicitado al gobernador un perdón pleno. (Increíblemente, sus antecedentes penales aún no han sido borrados, ni sus derechos restaurados, a pesar de que haya sido completamente absuelto de cualquier cargo de asesinato).

Sin embargo, Ryan y Birkett se han opuesto agresivamente al plan de conmutación del gobernador. La directora ejecutiva de la Coalición por la Justicia, Diana Eiranova, y muchas otras figuras públicas han exigido a Ryan y Birkett que apoyen la petición de Cruz, pero estos han rechazado toda petición. Siguen insinuando que los dos hombres están de algún modo culpables. Mientras tanto, no hacen nada para llevar adelante el enjuiciamiento de Dugan.

Activistas pro justicia social advierten que si Ryan y Birkett son elegidos, quedarán suspendidos por un hilo las vidas de los 159 presos ya condenados a la muerte, y las de otros más que podrían ser condenados por evidencia falsa.

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