LA HABANA (Prensa Latina) – Al asumir fuertes compromisos con la ultraderecha estadounidense en busca de beneficios electorales para él y su familia, el presidente George W. Bush hizo del bloqueo y la retórica anticubana las principales armas para complacer sus ansias de poder.

En una intervención en la Casa Blanca, el 20 de mayo último, en ocasión del centenario del inicio en Cuba del período neocolonial, Bush declaró abiertamente que “Estados Unidos continuará haciendo cumplir las sanciones económicas sobre Cuba.”

Mientras La Habana denuncia reiteradamente las millonarias afectaciones de esa política, Washington anuncia el endurecimiento de su actitud hacia la Isla con la promoción de funcionarios de origen cubano, algunos con antecedentes terroristas, a cargos claves de la administración.

En estas circunstancias, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) discutirá y votará el venidero día 12 la Resolución 56/9 titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba,” presentada el pasado mes por el Canciller Felipe Pérez Roque.

Para el titular cubano, esa medida unilateral tiene un fuerte componente extraterritorial porque -aclaró- no se trata de un asunto entre Cuba y Estados Unidos, e interfiere en las relaciones de su país con el mundo.

Todo el mundo gana (con el cese del bloqueo), excepto la exigua minoría de Miami, un sector recalcitrante que durante décadas ha lucrado con esa política hostil, precisó el ministro en alusión a la ultraderecha cubano-norteamericana radicada en esa ciudad floridana.

A pesar de la insistencia de Estados Unidos, el número de naciones que favorecen el levantamiento de esa medida aumenta cada vez más, pues si en 1992 se registraron 59 votos a favor, en el 2001 la proporción de sufragios favorables ascendió a 167.

El informe presentado por La Habana al secretario general de la ONU, Kofi Annan, denuncia que el pueblo cubano es víctima de esa práctica aplicada por Washington en su afán de doblegar el apego de Cuba “al ejercicio de la libre determinación y su voluntad de independencia, justicia social y equidad.”

La guerra económica contra Cuba carece de todo fundamento legal, y conforme a lo dispuesto en la Convención de Ginebra para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, califica como un acto de genocidio y, por consiguiente, constituye un delito de derecho internacional, afirma el texto.

La Resolución 56/9 incluye los albores, consolidación y la extraterritorialidad de esa política, su incidencia en la salud, alimentación y educación, así como en la esfera de la exportación y los servicios, entre otros sectores de la economía nacional.

Analistas políticos sostienen que el costo de cuatro décadas de sanciones significa una pérdida para la Isla antillana de 15 años de desarrollo, y representa cuatro veces su Producto Interno Bruto y seis veces el monto de su deuda externa.

El documento presentado a la ONU asevera que la Casa Blanca fabricó un marco legal que sirviera de soporte a la aplicación del bloqueo, cuyo primer paso fue la aprobación de la Ley para la Democracia Cubana de 1992, conocida como Ley Torricelli.

Esta legislación sanciona a compañías subsidiarias extranjeras o afiliadas a empresas norteamericanas, radicadas en terceros Estados y que operan bajo las leyes y jurisdicción de estos. Cuba adquiría por esa vía medicinas y alimentos para aliviar el impacto de la política de bloqueo.

En 1991, el volumen de ese intercambio ascendía a 718 millones de dólares (90 por ciento era de alimentos y medicinas), el cual se vio interrumpido por la Torricelli. En el momento de su aprobación, 107 casas matrices de Estados Unidos estaban interesadas en comerciar con la Isla.

Esa legislación, seguida más tarde por la Ley Helms-Burton (1996), elevó a un estadio superior la extraterritorialidad del bloqueo económico, considerado por especialistas como un remanente de la Guerra Fría (1947-1991).

Cuba ha sido excluida de los organismos financieros internacionales y regionales, que han entregado miles de millones de dólares a América Latina y el Caribe por concepto de financiamiento y ayuda.

Como consecuencia del bloqueo, practicado desde el triunfo de la Revolución en enero de 1959 y formalizado mediante leyes bajo la administración de John F. Kennedy, un potencial de 25 millones de turistas norteamericanos no frecuentó la miembros del Congreso de ese país, quienes crearon en marzo pasado el Grupo de Trabajo sobre Cuba para promover la derogación de las restricciones en el financiamiento privado de las ventas agrícolas, de los viajes de los estadounidenses y el robo de marcas comerciales cubanas.

El pasado mes de julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó levantar la veda de viajes a Cuba pese a la contraofensiva de congresistas conservadores y a la amenaza de Bush de que vetaría cualquier moderación hacia La Habana.

La balanza se inclinó por 262 votos en favor de derogar esa restricción, y la llamada Enmienda Flake, obtuvo 22 sufragios más que en el 2001.

La Enmienda solicita la eliminación de los fondos federales asignados al Departamento del Tesoro para la puesta en práctica de esa limitación.

El esfuerzo del legislador estuvo precedido por un estudio de la Cuban Policy Foundation que fija en 500 millones de dólares anuales los beneficios que le reportaría a la industria de viajes norteamericana la normalización de los nexos bilaterales.

Según la organización, con ello se crearían más de 10 mil empleos, principalmente en el sector del transporte aéreo, uno de los más impactados después de los atentados contra Washington y Nueva York, en septiembre del 2001.

Un año antes, un recurso legal idéntico introducido por el congresista Mark Sandford, de California del Sur, fue aprobado, con 232 votos a favor y 186 en contra.

Una investigación de la consultoría The Brattle Group asegura que si la Casa Blanca deroga las restricciones, unos tres millones de estadounidenses viajarían anualmente al archipiélago cubano.

El estudio, encargado por el Centro de Política Internacional, institución no gubernamental a favor del acercamiento entre Washington y La Habana, coincidió igualmente en que el principal beneficiario del levantamiento del bloqueo sería la población civil.

Mientras cada día en Estados Unidos se suman más voces de rechazo de la política de bloqueo a Cuba, la prensa, el sector empresarial y el propio ciudadano común se cuestionan por qué se trata como enemigo a un país, por demás vecino, que no constituye una amenaza para Washington.