Para fines de septiembre del 2003, poco después que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, notificó al gobierno de Costa Rica de la demanda de la Harken, Pacheco anunció que su país no se sometería al arbitraje internacional. Se negó a reconocer a cualquier decisión tomada por el organismo del banco, insistiendo al contrario que el sistema judicial nacional de Costa Rica tiene jurisdicción legítima para resolver al conflicto. Algunos días después, Harken retiró su demanda y persiguió planes para llegar a un acuerdo fuera del tribunal.

En enero de este año, el ex senador norteamericano Robert Torricelli, demócrata por Nueva Jersey, viajó a San José para negociar a nombre de la Harken. En ese momento, el gobierno de Costa Rica apareció agradecido por eliminar el espectro de un pleito internacional costoso. Sin embargo, grupos ecologistas saludaron a Torricelli con protestas fuera del Ministerio del Ambiente. Alegaron que las negociaciones eran una forma de “extorsión petrolera” – que Harken estaba castigando al país por cumplir con propias leyes ambientales.

Si las protestas tuvieron éxito, o más probable el caso que Costa Rica y Harken no pudieron llegar a ningún acuerdo sobre la cantidad de dinero para resolver el caso, parece que ahora las negociaciones han fallado. El 11 de marzo, el gobierno anunció su posición legal que la Harken no tiene argumentos legales como para exigir una remuneración y que Costa Rica no se ve obligada a pagar nada. El conflicto ya reincidido está en curso de volverse al arbitraje internacional en el futuro cercano.

Mientras el caso de la Harken sigue adelante, igualmente sigue el ALCC. En diciembre, EEUU terminó sus negociaciones con Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua sobre el acuerdo de libre comercio regional. Costa Rica, que había mostrado su descontento por la privatización de industrias públicas, llegó al acuerdo en enero. Ahora, cada país debe ratificar el tratado para que entre en vigencia.

Para los opositores al ALCC, el caso de la Harken es un ejemplo paradigmático de la manera que las corporaciones utilizan a los acuerdos internacionales para obligar por fuerza a los países a que dejen caer sus protecciones ambientales. Las protecciones del ALCC para inversionistas, que son similares al notorio capítulo 11 del TLC, permiten que las compañías lleven sus quejas directamente a los tribunales internacionales. Según los términos del nuevo acuerdo, Costa Rica no puede rechazar esfuerzos a evadir acudir a sus tribunales nacionales. Al contrario, tendría que permitir deliberaciones sobre la demanda astronómica de 57 mil millones de dólares en “remuneraciones” a nivel internacional.

Sin importar si tales demandas corporativas tienen éxito o no, la amenaza de un pleito multimillonario es más que suficiente para persuadir a muchos países en desarrollo a dar marcha atrás en hacer cumplir con sus leyes ambientales. El ejemplo del TLC Méjico-EEUU-Canadá demuestra que incluso los países poderosos quedan susceptibles a lo que los activistas describen como un “chantaje ambiental”. En un caso famoso en 1998, la Ethyl Corporation demandó a Canadá por su interdicción al MMT, un un aditivo al combustible. Canadá eligió desconocer a su propia ley ambiental, y le pagó a la Ethyl 13 millones de dólares, por no arriesgar 251 millones de dólares en daños legales.

Con casos como este en récord, Australia se negó a incluir una disposición en su acuerdo comercial con EEUU que dejarían a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y llevar sus casos a los tribunales internacionales. Pero eso es algo que no pueden hacer las naciones más pobres, ya que no pueden arriesgar su acceso a los mercados norteamericanos.

El representante comercial norteamericano, Roberto Zoellick, alega que en el ALCC ya se incluyen protecciones ecológicas fuertes. Asimismo, el ministro costarricense para la energía y el ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, argumenta que el ALCC “presenta [a Costa Rica] la oportunidad de aplicar seriamente su legislación ambiental”.

Es verdad que el acuerdo incluye provisiones que permiten a los ciudadanos formular cargos con respecto a violaciones de leyes ambientales. Sin embargo, mientras hay consecuencias claras por violaciones de las provisiones del acuerdo sobre inversiones, no hay mecanismo de aplicación clara para asegurar ninguna acción en el caso de demandas públicas.

Por otra parte, el ALCC afectará a esfuerzos legislativos para solidificar a la interdicción ejecutiva de Pacheco a las industrias extractivas. Grupos ambientales tales como la La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente ha advertido que el ALCC podría complicar, si no frustrar, a los esfuerzos de la asamblea en San José para derogar a la ley de hidrocarburos de 1994.

“Por supuesto, Costa Rica puede revocar su ley de hidrocarburos. Pero bajo el texto final del ALCC, las compañías petroleras estarán autorizadas a demandar por sus pérdidas de ganancias”, dice Lori Wallach, directora del grupo de Vigilancia al Comercial Global de la organización Ciudadano Público.

“Es más, los otros gobiernos podrían alegar que una revocación de la ley infringiría sobre sus derechos de acceso libre al sector de servicios”.

Queda por verse si la legislatura de Costa Rica continuará con sus planes actuales para anular a la ley. Pero está claro que el ALCC presagia mal para la protección del medio ambiente en los países participantes. Si la próxima administración costarricense toma la decisión de no permitir pozos de petróleo a tres años de ahora, puede resultar casi imposible hacerlo.

Por supuesto, eso es solamente si se ratifica al ALCC. En EEUU, el acuerdo se enfrenta una batalla contundente en el Congreso si la administración Bush intenta empujarlo durante un año electoral.

Mientras tanto, en Costa Rica los legisladores comprometidos a defender la tradición ecologista de su país pueden todavía resultarse vacilante frente al riesgo de sujetar a sus leyes ambientales a la amenaza del ataque corporativo – una amenaza que se ha hecho demasiado real en el conflicto actual con la Harken.

Mark Engler, escritor basado en la ciudad de Nueva York, es comentarista para la revista Foreign Policy in Focus. Se puede comunicar con él al sitio de Internet DemocracyUprising.com. Nadia Martínez es ayudante de investigaciones con la Red Economía y Energía Sostenible, un proyecto del Instituto para el Estudio de las Políticas, Washington, DC. Tomado y traducido de la revista Grist