Con la aprobación en el Senado el 25 de mayo del proyecto de ley S 2611, la Ley Integral de Reforma Migratoria, ambas cámaras del Congreso han aprobado proyectos separados de inmigración. El próximo paso es que una comisión compuesta de miembros selectos de cada cámara se reúnan detrás de puertas cerradas para tratar de reconciliar ambas versiones en uno.
La mayoría de las organizaciones pro inmigrantes han hecho fuerte críticas al proyecto del Senado, muchas diciendo que no es aceptable. La oposición a la versión de la Cámara, HR 4437, es unánime. Esta tiene restricciones peores y más partes punitivas, sin ninguna vía a la ciudadanía. Dado el control republicano del Congreso, sería una tarea difícil introducirle ninguna enmienda pro derechos inmigrantes en esa comisión.
Manifestaciones de masas y cabildeo han hecho posible que los senadores demócratas puedan incluir alguna vía a la ciudadanía y protecciones civiles y laborales que no existían en el proyecto republicano original, señalan algunos que abogan por los derechos de los inmigrantes. Pero las enmiendas claves para otorgar la legalización de todos los inmigrantes indocumentados, y modificar los elementos represivos en el proyecto del Senado fueron derrotados por los republicanos.
John Sweeney, presidente de la AFL-CIO, dijo al criticar el proyecto del Senado, “En vez de subir las normas laborales para todos los trabajadores proveyendo una vía justa a la ciudadanía para los 12 millones de trabajadores indocumentados que actualmente viven en nuestras comunidades, el Senado adoptó el marco del fatalmente frasaco proyecto Martínez-Hagel, que crea una sociedad con tres niveles de condiciones, que es injusto y que no puede tener éxito, y que denigra y marginaliza a millones de fami-lias de inmigrantes”.
Sweeney dijo que con estos “tres niveles de condiciones” se “crea una sociedad en la cual
millones de inmigrantes que laboran fuerte se vean obligados vivir a la escondida dentro de la sociedad norteamericana, dejándolos vulnerable a la explotación”.
Sin embargo, Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional sobre Inmigración, en un comunicado de prensa, hizo énfasis en la importancia de que pasó en el Senado un proyecto de legalización que este piensa afectaría de 8 a 8 y medio millones de los 12 millones de inmigrantes indocumentados. Aunque reconoce que se dejarían a muchos afuera y que necesita mejoramiento por las medidas represivas, Sharry dijo, “Vamos a luchar para mejorar el proyecto cuando esté en comisión con la Cámara”, agregando que, “si el proyecto no cumple con la promesa de una reforma integral ... entonces será mejor no tener ningún proyecto que un proyecto malo”.
Janet Murgia, presidenta del Concilio Nacional de La Raza, tomó una posición similar, subrayando que su grupo trabajará para mejorar la legislación mientras está en la comisión. “Aunque este proyecto se está adelantando, tenemos la intención de luchar por cambios para hacerlo que trabaje mejor, más efectivo y más justo”, ella dijo.
Participantes en una rueda de prensa el 25 de mayo en San Francisco, organizada por la Bay Area Immigrant Rights Coalition criticó fuertemente la versión del Senado.
Enna Delgado, del grupo femenino Mujeres Unidas y Activas, dijo que ella no cualifica bajo los requisitos del proyecto del Senado.
Delgado vino aquí para trabajar para que sus tres niños, que se quedaron en El Salvador, pudieran conseguir una educación y su hija pudiera conseguir medicamento para su asma. Entrevistada después de la rueda de prensa, Delgado dijo que no había visto a sus hijos por tres años. “Yo vine aquí porque yo quiero que puedan estudiar, para poder adelantar como familia”, ella dijo. “Mi meta ha sido traerlo aquí, pero ahora yo no creo que eso es posible”.
Ella dijo que quería ver una ley que aplicara a todo por igual. “Todos necesitamos tener los mismos derechos”.
El reverendo Phil Lawson de la Alianza de Negros por una Inmigración Justa le dijo a los periodistas en la rueda, “Yo me opongo al proyecto de inmigración del Senado por hace algo que nuestros tribunales han declarado inconstitucional, eso es, ‘separados, pero iguales’. Tenemos que tener una vía a la ciudadanía, no tres niveles”. Lawson exhortó que se eliminara a los programas de “trabajadores huéspedes”, cosa que él dijo era similar a la esclavitud.
Luna Yasui, directora de política del grupo Chinos por la Acción Afirmativa, calificó la designación del inglés como ‘idioma nacional” en el proyecto del Senado como “malo y mal concebido”. Ella agregó que tendría “un impacto tremendo perjudicial” contra la gente asiática que hablan diversos idiomas y que están en diferente niveles en el aprendizaje del inglés.
A pesar de evaluaciones diferentes del proyecto del Senado, la mayoría de los grupos y gente pro inmigrantes están de acuerdo que más actividad de masa legislativa y electoral en favor del principio de legalización y una vía a la ciudadanía, reunificación familiar y plenos derechos laborales y civiles para todos los inmigrantes puede mejorar el ambiente político en el Congreso. Una encuesta de USA Today publicada el 30 de mayo reveló que 62 por ciento del público favorece algún mecanismo para que los inmigrantes indocumentados se conviertan en ciudadanos.
Aumentar el apoyo público en favor de los derechos de los inmigrantes puede crear la base para legislación progresista pro inmigrante, si no en este año, entonces en el próximo, especialmente si los republicanos pierden la mayoría en la Cámara y el Senado.
Emile Schepers contribuyó a este artículo.
